Testimonios en el juicio de lesa humanidad: “Ana, ¿volvió de la muerte?”

De cuatro testimonios conmovedores constó este miércoles la decimotercera audiencia del 12º juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, que juzga hechos cometidos entre marzo y septiembre de 1976. Ante los jueces Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, dos de los declarantes fueron presenciales, dos virtuales y todos realizaron un aporte significativo en la búsqueda de justicia para los secuestros, asesinatos y desapariciones que se ventilaron en la audiencia.

“La co-participación de muchos poderosos va hacia la impunidad biológica”

En sala, Fernando González relató el secuestro de su padre Horacio, militante de la Juventud Peronista primero y de Montoneros luego. Contó que en la vivienda familiar se desarrolló un operativo irregular llevado adelante por una patota de civiles y militares armados y que su padre alcanzó a escapar por los techos, pero que se volvió enseguida, cuando escuchó el llanto de su esposa y sus hijos pequeños. “A partir de ese momento no lo vimos más”, dijo, y señaló que por datos posteriores brindados por una sobreviviente, su padre fue visto días después del secuestro a bordo de un auto, muy golpeado y con signos de haber sido torturado.

“Él tenía muchos sueños, y los secuestraron junto a él” apuntó, destacó el espíritu de “rebeldía contra la violencia y la injusticia creciente” y reveló que “esa madrugada era la de su cumpleaños, y hemos podido ver, con los años, varios secuestros en esas circunstancias, seguramente esperando encontrar a varias personas en un festejo o una fiesta”.

Por informaciones recabadas en los meses y años posteriores, la familia cree que González estuvo un mes cautivo, sin poder precisar con exactitud dónde.

“Luego del secuestro mi madre agarró dos bolsos y a sus dos hijos, y se exilió en Chaco. Mi abuelo Mario es quien se encarga de la búsqueda” dijo el testigo ante los jueces, y se explayó acerca de “las marcas del terrorismo de Estado, que son para nosotros heridas”. En esa línea, consideró que “yo estoy hoy declarando en lugar de mi madre, que no pudo: esto es parte de las heridas. Es tal el dolor de mi madre que no pudo venir acá; ella debiera haber estado en lugar mío”, señaló. De hecho, inicialmente estaba prevista que la mujer fuera testigo, pero ante la imposibilidad de comparecer ante el tribunal, el fiscal Maximiliano Hairabedian pidió y obtuvo el cambio.

En su extenso testimonio, González criticó “las leyes del perdón y el negacionismo”, bregó por la necesidad de “una democracia participativa e inclusiva” y señaló que “este 12º juicio debe inscribirse en nuestro futuro”. A la vez, lamentó la muerte de cuatro imputados y de “un sinnúmero de testigos que pudieron haber colaborado”. Y tuvo un párrafo aparte para referirse a la complicidad civil, nombrando como colaboradores del terrorismo de Estado al camarista Luis Rueda, al abogado y ex funcionario menemista “Chiche” Aráoz y al empresario José Palazzo, todos nombrados en juicios y/o audiencias anteriores. “La co-participación de muchos poderosos cordobeses también va hacia la impunidad biológica”, dijo, y finalmente cerró su testimonio pidiendo “más presupuesto, para que estas causas tengan más dinamismo”.

“Para mí fue una venganza”

Desde Rio Grande, de donde es oriundo y funge como reconocido arquitecto, Hugo Oyarzo se refirió a su secuestro y el de sus amigos Carlos y Edy Salles. Recordó que los tres eran estudiantes en 1976 y vivían en la casa de los padres de los hermanos, en el pasaje Argensola, donde una noche notó “un estruendo de gritos y patadas, gente de civil que buscaba a Carlos”. “Yo no entendía lo que estaba pasando”, dijo Oyarzo ante los jueces, y precisó que “nos llevan a los tres, vendados, nos suben a un vehículo y cuando nos bajan a mí se me cae la venda por un segundo y alcanzo a ver un edificio de principios de siglo, típico de la administración pública, bien cuidado”. El testigo precisó que aquella madrugada “nos hacen ingresar, nos tuvieron un rato y posteriormente alguien me agarra, me levanta y subimos una escalera. A mí no me hacen muchas preguntas, me preguntan el nombre, y pasó mucho tiempo; Edy estaba conmigo”. Luego “nos bajan y nos suben a la parte trasera de un auto, atados y vendados, yo percibía que Edy estaba al lado mío. Recorrimos un trecho e ingresamos a un camino de tierra; eso fue muy fuerte, yo sabía lo que estaba pasando en Córdoba, aparecían muertos en la periferia y en las plazas, y cuando ingresamos al camino de tierra pensé lo peor” relató, conmovido.

El testigo contó a los jueces que en ese momento “me dicen que me baje, me bajo, y pensé que venían los disparos, pero sentí que el auto se iba. Pude liberar mis manos y me saqué la venda; vi una luz a lo lejos, me acerqué, pedí agua y pregunté dónde estaba y me dijeron que era una zona entre Córdoba y Alta Gracia”.

Con las indicaciones de los lugareños, sin un zapato y en condiciones lamentables, Oyarzo llegó a la ruta, logró que un colectivo parase y que previa explicación de lo que le había ocurrido, el chofer lo llevara a la terminal de Córdoba. En otro colectivo logró llegar a la casa de Alta Córdoba, adonde llegó a las 10 u 11 y “era un desastre, nos habían robado muchas cosas”. Allí “me quedé esperando hasta que llegó Edy; pensábamos que volvía Carlos, porque nosotros no éramos militantes, pero Carlos no apareció más”.

En su testimonio, el testigo vinculó la detención con un altercado que el catamarqueño Salles había tenía en su pueblo de origen con un policía local de alta graduación. “Creo que lo de Carlos ha sido una venganza” señaló, estimó que el lugar donde los tres jóvenes estuvieron cautivos pudo haber sido la delegación Córdoba de la Policía Federal y contó que en la búsqueda posterior de la familia Salles, “hubo gente que se aprovechaba de la situación para sacarles dinero o para entretenerlos”.

“Nosotros conocíamos bien lo que estaba pasando. En esa época han caído militantes y gente que no tenía nada que ver; fue una época de terror realmente”, finalizó.

“¿Por qué no me dijiste?”

A su turno, Ana del Valle Ramírez se refirió a su propio secuestro y el de su hermano Ramon, el 24 de agosto de 1976. Contó que ese día regresó a su vivienda y cinco personas de civil y armadas la golpearon e interrogaron, preguntándole por su hermano. La suben a un auto y la llevan a un lugar que ella cree es el Comando Radioeléctrico, donde había otros detenidos. Luego, tras “media hora como mínimo” de viaje, la llevan a un lugar en las sierras y un hombre intenta ahorcarla, para posteriormente violarla. “Yo jamás había tenido relaciones con nadie. Y este hombre me dice: “¿Porque no me dijiste?”, recordó.

Atada y vendada, el agresor amenazó con matarla, pero finalmente la abandonó, y le dejó dinero para el colectivo. En esas condiciones inhumanas Ramírez se encontró en pleno campo, sin saber dónde estaba ni adónde ir, hasta que apareció un joven de su edad, de nombre José, que la acompañó hasta un galpón que hacía las veces de terminal de colectivos. Ramírez logró tomarse un servicio de La Calera rumbo a Córdoba, y cuando llegó a la pensión en la que vivía, la dueña le dice: “Ana, ¿cómo está?, ¿volvió de la muerte? A lo que ella le responde “si señora, prácticamente es así".

Por esa mujer supo que a los minutos de su secuestro, llegó a la pensión su hermano, quien volvió a salir para intentar hacer unas llamadas que lograran dar con su paradero. “Pero nunca más lo vimos” dijo Ramírez, que volvió en tren a Santiago del Estero, de donde es oriunda, para anoticiar a su familia de lo que había ocurrido.

La testigo relató el periplo de búsqueda de sus padres y dijo que “nunca pudieron tener una respuesta concreta”, aunque señaló que un amigo de la familia que revistada en la oficina de la Side ubicada en la sede del Correo, sobre la avenida General Paz, indicó que el joven estaba en La Perla pero que “ni él podía acercarse a ese lugar”.

“Mis padres sufrieron muchos, nosotros somos… éramos cuatro hermanos, él era el único hijo varón” dijo, quebrada por el dolor. Finalmente, la testigo brindó su consentimiento para que su declaración fuera remitida por el tribunal a la Fiscalía Federal 3, que instruye una investigación por delitos contra la integridad sexual cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar.

“Pido justicia, justicia de verdad”

Uno de los testimonios más claros de la jornada fue el de Norma Torres, hermana de Luis, desaparecido junto a su esposa Olga Mamaní. La mujer comenzó relatando la historia de “una familia muy unida”, encabezada por su padre ferroviario, oficio que heredó su hermano Luis. Narró la militancia estudiantil del joven en la Facultad de Agronomía, la historia de amor con Olga y una detención previa que ambos padecieron en 1975, cuando gobernaba María Estela Martínez de Perón, oportunidad en la que “los golpearon mucho”.

Meses más tarde, el 30 de junio de 1976, una patota represiva detiene nuevamente al matrimonio en la casa que compartían en barrio General Bustos. Sin respuestas, la familia entró en ese momento en un marco de incertidumbre que se agravó sobremanera el 5 de julio, cuando por la radio la abuela del muchacho, de 77 años, escuchó la noticia de que los dos secuestrados y una tercera persona de apellido Campos habían sido “abatidos en un enfrentamiento en Ciudad Universitaria”.

“Mi abuela de 77 años lo escuchó por la radio y fue a mi casa, y ese fue un momento terrible, ver a mi madre golpeándose la cabeza contra el pavimento y mi padre arrastrándose por el piso”, narró. Días después un tío reconoció los cuerpos, que estaban “torturados y ametrallados”, y pudieron enterrarlos.

Torres contó a los jueces que “estuve 26 años sin poder hablar del tema”, relató la profunda depresión que aquejó a su padre, que tuvo “tres intentos de suicidio”, y narró otras secuelas del horror padecido. A la vez, contó que un ex detenido en la D2 les refirió que el matrimonio estuvo cautivo en ese centro clandestino y se refirió a la paradoja de no saber con certeza cuándo su hermano y su cuñada habían sido asesinados: una fecha posible es la del fraguado enfrentamiento, otra la que declaró un militar ante un abogado del foro local y una tercera la que figura en el certificado de defunción; de todos modos, habría sido entre el 30 de junio y el 5 de julio de 1976.

“Lo que pasó en este país fue aterrador, fue una masacre. Recordarlo es poder aliviar un poco nuestros corazones. Si nos olvidamos de todo esto, puede volver a pasar; pido justicia, justicia de verdad”, cerró.

Por dificultades con el servicio de Internet de los tribunales federales, no pudieron prestar declaración los testigos Oscar Guzmán, Luque y Edy Salles. De acuerdo al cronograma informado, lo harían el miércoles 9 de diciembre.   

El proceso encabezado por el Tribunal Oral Criminal Federal Nº1 de Córdoba tiene 18 imputados, entre ex militares, ex policías y ex agentes de inteligencia.