Con la aprobación del Aporte Solidario a las grandes fortunas, se vienen la ley del aborto, la movilidad jubilatoria y las reformas de la Justicia y de la Procuración General.
Ed Impresa20/11/2020 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
Con pandemia y sesiones virtuales incluidas, el año fue intenso en las dos Cámaras del Congreso. Sin embargo, el oficialismo decidió imprimirle celeridad a su extensa agenda parlamentaria pendiente y comenzaron esta semana las sesiones de alto voltaje que concentran el fin de año político en el país y que se extenderán hasta fines de febrero.
La línea de largada fue la extensa y caliente sesión del martes en la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto de Ley “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” que se cobrará a las grandes fortunas personales de la Argentina.
El Frente de Todos consiguió la mayoría para darle media sanción al proyecto con el apoyo de interbloques provinciales, entre ellos el que conforman los diputados de Córdoba Federal que responden al gobernador Juan Schiaretti y dos radicales jujeños.
La nota la dieron los representantes de Juntos por el Cambio que votaron en contra del proyecto dejando al descubierto en un posteo publicado en la página oficial del interbloque, que después eliminaron, que representan verdaderamente al 0,02% de la población argentina que tiene enormes fortunas.
El proyecto de ley grava por una única vez a aquellas personas físicas que tienen un patrimonio de más de $200 millones de pesos. Son solo 9.298 personas y se recaudaría 307 mil millones de pesos, de ese total solo 253 personas financiarán el 50% de lo recaudado $150.000.000.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explica que el aporte extraordinario no afecta a la clase media argentina y es impulsado en otros países del mundo como España, Italia, Brasil, Chile y Estados Unidos.
El estudio desmitifica que el aporte afecte las inversiones productivas a raíz de que recae sobre las personas físicas y no sobre las sociedades, como argumentaron en el debate los diputados de Juntos por el Cambio y destaca que las inversiones empresariales vienen de la mano de créditos y financiamiento, los cuales no se ven afectados por la aplicación de este aporte.
Asimismo, en la misma sesión, el oficialismo aprobó y giró al Senado el proyecto que reforma la Ley 26.815 de Manejo del Fuego y establece que “no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.
Esta misma semana el presidente Alberto Fernández envió al Congreso dos proyectos de ley sobre derechos a la salud integral de las mujeres, que también moverán el avispero político y social del país.
Uno de ellos legaliza la “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, con algunas modificaciones respecto al proyecto que se discutió en 2018 permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, obliga a realizar la práctica a todas las instituciones de la salud en el plazo de diez días y admite la objeción de conciencia individual de los profesionales, siempre y cuando se garantice que la paciente sea atendida por otro médico.
Complementariamente, envió el proyecto de “Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud Durante el Embarazo y la Primera Infancia” que instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.
El texto ingresó por Diputados con la intención de que se comience a debatir en diciembre y con la expectativa de tener media sanción antes de fin de año. En ese marco, las autoridades de la Cámara ratificaron que el trámite no será extenso.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció el aumento del 5 por ciento para las jubilaciones, que implican un incremento de 35 puntos porcentuales para las jubilaciones en lo que va del año. De ese modo, el 75 por ciento de las escalas mínimas le ganarán a la inflación de este año. “Estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban de los años 2018 y 2019 por la fórmula del gobierno de Macri”, destacó. Además anunció que se enviará al Congreso la próxima semana el proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria. El proyecto restituye la fórmula, conformada 50% por la variación de los salarios de los trabajadores formales y el 50% restante según la variación de la recaudación tributaria, que rigió durante el gobierno de Cristina Kirchner que contempla dos actualizaciones anuales en marzo y en septiembre.
Otro proyecto de alto impacto que espera tratamiento en la Cámara baja es el de la Reforma Judicial que ya cuenta con la media sanción del Senado.
El objeto del proyecto no solo es la ampliación del poder decisorio de los cuestionados juzgados federales de Comodoro Py al elevarlos de 12 a 46, sino también la creación de cámaras federales y tribunales orales en varios puntos del país, además de ordenar la transferencia de la Justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires como mandaba la reforma constitucional de 1994.
El propio presidente Alberto Fernández volvió a reclamar a los diputados hace dos semanas por la sanción de esa ley que según sus palabras lo que busca “es que tengamos herramientas para juzgar el crimen organizado rápidamente. No busca que yo ponga jueces amigos, ni los traslade de un lugar a otro ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene”, diferenciándose de lo hecho por el macrismo.
El Consejo Consultivo de juristas para el Fortalecimiento del Poder Judicial que conformó a fines de junio el Poder Ejecutivo concluyó esta semana su dictamen no vinculante con recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, a la espera de la presentación formal.
Uno de los temas más reñidos fue el del procurador general, para modificar la aprobación del pliego de un candidato y pasar de los dos tercios que actualmente se requieren a una mayoría absoluta del Senado, adelantó en declaraciones periodísticas el constitucionalista e integrante de la Comisión, Andrés Gil Domínguez.
El dictamen sobre este tema era esperado por la Comisión de Justicia del Senado, que dirige Oscar Parrilli, que concluyó esta semana la ronda de consulta de especialistas sobre la reforma de la Procuración General de la Nación e incorporó al temario el proyecto presentado por el senador rionegrino Alberto Weretilneck que impulsa una reforma integral del Ministerio Público, para unificar todo en un proyecto y emitir dictamen para que el tema llegue al recinto antes de fin de año.
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