Testeos y protocolos por Covid-19: las obras sociales, otra vez en la mira

Los bioquímicos advierten que muchas prestatarias no cubren los hisopados y hasta llegan a “falsear” fichas epidemiológicas para realizarlos en el Laboratorio Central.
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Ilustración: Daniel "Pito" Campos

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Desde que comenzó la pandemia, el sistema de salud está puesto a prueba de manera permanente. En palabras de las autoridades nacionales y provinciales, el tiempo “ganado” a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio sirvió para fortalecer al sistema público, preparándolo para poder hacer frente en los momentos adversos más complicados. En la voz de cada uno de los funcionarios que analiza la situación, los resultados son positivos y, particularmente en Córdoba, se logró robustecer técnica y profesionalmente a hospitales y centros de atención.

En el medio de ese sistema, el sector privado ocupa un rol central al evitar la eclosión en los espacios destinados a aquellos a los que las posibilidades de acceso a tratamientos complejos les resulta más complicado. En ese sentido, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga también cumplen un papel prepoderante.

Cuestionadas por usuarios y profesionales desde hace tiempo, esas prestadoras empezaron a quedar en el ojo de la tormenta en los tiempos de “la nueva normalidad”. La razón principal es que los protocolos que condicionan la reapertura paulatina de las diferentes actividades conllevan obligaciones sanitarias que contemplan prácticas hasta hace poco inexistentes a cumplimentar por parte del personal médico. Pero no sólo de ellos. Una de esas nuevas prácticas tiene que ver con los testeos e hisopados, necesarios para el ingreso a los trabajos en fábricas, a los entrenamientos deportivos, y a los centros de atención al público que exigen presencialidad; como así también para movilizarse interprovincialmente o  acceder a algún tipo de intervención médica que requiera cirugías e internaciones.

Los laboratorios, con la guardia alta

A nivel nacional, la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba (Febico) forma parte de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra). Allí, una comisión técnica es la encargada de analizar las “nuevas prácticas” que van apareciendo con el paso del tiempo y las coyunturas específicas, y elabora una propuesta para “cubrir” dichas prácticas profesionales evaluando todas las variables que inciden en dichas instancias profesionales.

Cuando la pandemia sobrevino a la República Argentina, las propuestas elevadas fueron respondidas de forma negativa por la gran mayoría de las obras sociales, hubo las que generaron contravalores inferiores a lo que la confederación entendía que correspondía e incluso hubo algunas que directamente no respondieron.

Hoy, el nomenclador elaborado por CUBRA señala que el análisis PCR tiene un valor aproximado de 7500 pesos. En caso de que el paciente no posea cobertura o requiera hacerlo sin acceder a dicho servicio, el valor puede elevarse dependiendo del lugar, la celeridad requerida y (siempre) el profesional con el que realice el estudio.

Un nomenclador al que tuvo acceso La Nueva Mañana advierte que son muy pocas las empresas que reconocen los valores propuestos. La mayoría las cubre solo en parte, y una buena parte las limita a centros específicos de atención y establece concretos mecanismos de reembolso.

Esa situación que en el caso de los bioquímicos aparece como paradigmático por la importancia que adquieren los testeos por estas horas de paulatino regreso a la actividad tuvo su correspondencia en otras áreas de prestaciones médicas, que intentaron paliar la situación comenzando a cobrar un “plus” para cada una de sus atenciones en pos de poder prestar el servicio respetando los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias.

Uno de los casos con mayor resonancia fue el de los odontólogos, que llegaron a sumar casi 1.500 pesos al costo habitual de la consulta (parcial o totalmente cubierto por las prestadoras) para hacer frente a esa nueva necesidad que, en líneas generales, estaba representada por la obligación de adquirir nuevos elementos relacionados con la prevención (barbijos, guantes y material descartable, entre otras cosas).

Hisopado © Telam
(Foto: Télam)

El interior, otra vez en problemas

Entre las estrategias que se dan las obras sociales y las prestadoras, tanto públicas como privadas, para llevar adelante su servicio de salud en todo el país aparecen los convenios con clínicas, laboratorios e instituciones específicas en los que se concentran las coberturas.  

Con el nomenclador médico en la mano, cualquier persona que haya tenido alguna experiencia de vida en el interior provincial (o en cualquier punto del país alejado de las grandes urbes), podrá dar cuenta de las dificultades que, en gran parte de los casos, ese tipo de acuerdos y estrategias para las prestaciones representan en la cotidianidad misma.

Las prácticas específicas que se realizan en lugares muy puntuales que por lo general están ubicados en los grandes centros urbanos obligan a los ciudadanos y ciudadanas de las localidades más pequeñas a tener que trasladarse hasta los centros médicos más específicos para poder acceder a prestación médica con la cobertura pertinente.

En tiempo de emergencia y distanciamiento social preventivo esa situación presenta una complicación extra, ya que se obliga a las personas a trasladarse de un lugar a otro, con el potencial de expansión viral que dicho movimiento representa. En algunos casos, producto de las disposiciones sanitarias más rígidas vigentes en las regiones más complicadas por la pandemia, dichos traslados son directamente imposibles.

Febico analiza avanzar hacia la justicia penal

Hace un par de semanas, la federación que nuclea a los bioquímicos cordobeses advirtió que había prestadores de obras sociales que estarían “falseando” la ficha epidemiológica de algunos pacientes para que el Laboratorio Central procese gratuitamente las muestras.

“Nosotros tenemos varios casos que hemos presentado al Ministerio para que sean analizados pero no descartamos presentarlos ante la Justicia”, asegura Carlos Navarro, el titular de Febico, quien insiste en la necesidad de saber cómo es que esos análisis terminan realizándose en el Laboratorio Central de la Provincia violando las normativas vigentes respecto a los protocolos de procedimiento establecidos por las autoridades sanitarias.

“En el Laboratorio Central de la Provincia se tienen que procesar muestras que correspondan a pacientes con síntomas, que hayan tenido contactos estrechos con un caso positivo y que no tengan cobertura de alguna obra social porque para eso la superintendencia genera un recurso extraordinario para que puedan cubrir esa práctica”, explica Navarro, quien enumera el que, a su entender es uno de los problemas más atendibles del complejo cuadro de situación: “Se están gastando recursos públicos que deberían estar destinados a combatir la pandemia” para atender casos particulares.

Ante esa denuncia, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba solicitó precisiones respecto a lo que se estaba advirtiendo en los comunicados y las declaraciones para proceder en los casos en que sea necesario. “Nosotros tenemos casos concretos. Si la obra social está recibiendo recursos por parte del Estado nacional a través de la Superintendencia, nos parece un sinsentido que esos casos tengan que ser analizados por el Laboratorio Central. Presentamos los casos que teníamos documentados y tenemos más”, asegura Navarro a La Nueva Mañana.  

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(Foto: NA)

Efectivamente, la Superintendencia de Seguros de Salud apoya financieramente a los Agentes del Seguro de Salud con recursos disponibles en el denominado Fondo de Emergencia y Asistencia. La finalidad de disminuir el impacto y afectación de recursos que podría llegar a producir la pandemia en estas empresas, a la vez que busca “asegurar la continuidad de las prestaciones básicas e impostergables”.

En la resolución oficial, de hecho, se aclara que la decisión se sustenta en apoyar a las prestatarias para que puedan sostener “su capacidad de financiar las prestaciones médico-asistenciales que deben brindar a sus beneficiarios, con motivo de sospecha o diagnóstico de Covid-19”. El mecanismo establecido es través de reintegros, para lo cual la única condición necesaria es que los pacientes estén registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Más allá de los testeos y poniendo en foco en los adultos mayores, el Pami anunció a comienzos de esta semana que se instrumentará un pago de 80.000 pesos a los prestadores por cada paciente internado con diagnóstico de Covid-19 “para fortalecer el sistema de salud y mejorar la calidad de atención a las personas afiliadas”.

“Con esta medida, buscamos acompañar a la red de prestadores para que puedan hacer frente a la pandemia, que requiere de una mayor cantidad de insumos para la atención de las personas afiliadas, como elementos de protección personal e hisopados”, señalaron desde el organismo que, además, brindará (en conjunto con el Ministerio de Salud) asistencia específica a aquellos prestadores que requieran equipamiento para poder aumentar su capacidad y mejorar la calidad de la dicha prestación.

 

 

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