Cambiemos insiste en rechazar la reforma de la Justicia, el desplazamiento de los magistrados elegidos durante su gobierno y el jury contra el procurador Eduardo Casal.
Ed Impresa 14/08/2020 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
Aun fuera del poder formal, el macrismo mantiene sus tentáculos dentro del ámbito judicial y mediático para evitar que el brazo de la Justicia alcance al propio ex presidente Mauricio Macri, y a varios de sus funcionarios en las múltiples causas abiertas por corrupción y espionaje ilegal.
El sumario disciplinario abierto por el Procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal, por supuesto maltrato laboral contra la fiscal Gabriela Boquín, integrante de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que investiga el vaciamiento del Correo Argentino y la deuda millonaria que la empresa de la familia Macri mantiene con el Estado Nacional, es solo una prueba de aquella cobertura.
La apertura del sumario administrativo con el propósito de amedrentar a la fiscal aparece como un intento por modificar el curso de la investigación a su cargo y como respuesta del jefe de los fiscales a la avanzada de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación, presidida por el senador Martín Doñate (Frente de Todos), de impulsar el camino de la apertura del proceso de juicio político o de un jury de enjuiciamiento en su contra. La fiscal Boquín declaró la semana pasada en el Congreso y apuntaló la decisión del Gobierno de impulsar el juicio político contra Casal.
“El procurador interino irregular, el fiscal Casal que transitoriamente ocupa ese cargo hace tres años ha tenido en la Comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal una serie de denuncias, doce puntualmente, de pedidos de juicio político y por la vía del jury de enjuiciamiento dentro del Ministerio Público por ser un fiscal más, por arbitrariedades e ilegal funcionamiento de ese organismo”, señaló Doñate a La Nueva Mañana.
En este sentido, no son pocas las causales que esgrime el oficialismo para desplazarlo del interinato, pero aseguro: “La más importante apunta a la demora del Procurador en iniciar el proceso contra Carlos Stornelli luego de que el fiscal quedara procesado en la causa por espionaje ilegal protagonizada por el falso abogado Marcelo D’Alessio, evadiendo la Justicia, y la que se suma ahora del intento de apartar en un trámite rapidísimo, en un caso de doble vara, a la fiscal Boquín que viene tomando decisiones en contra de la familia Macri en el caso del Correo”, precisó el senador.
La estafa del Correo, la causa de los peajes, los parques eólicos, el soterramiento del Sarmiento, el blanqueo de capitales de familiares de Macri y de los funcionarios, la venta de Macair, la mesa judicial y el espionaje ilegal son algunos de los expedientes en los que figura el ex presidente.
No obstante, el caso de la deuda del Correo que derive en la quiebra de la empresa es lo más temido por el Grupo Macri.
Cronológicamente la historia comenzó cuando el presidente Carlos Menem otorgó por decreto la concesión de la empresa Correo Argentino S.A. a la Sociedad Macri (Socma), y Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal. Sin embargo, el presidente Néstor Kirchner le rescindió el contrato de concesión en noviembre de 2003 y denunció que la empresa sólo había cumplido con el pago del canon durante el primer año, por lo que en 2001 la deuda del Correo con el Estado ascendía a 296 millones de pesos.
En el año 2016, bajo el mandato de Mauricio Macri, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia del Correo Argentino con los acreedores para lograr un acuerdo y saldar la deuda. En ese acto, los representantes del Estado aceptaron la propuesta de la empresa, que ofreció pagar el 100% del capital verificado (296 millones de pesos) en 15 cuotas anuales y consecutivas a abonarse desde fines de 2017, pero sin tener en cuenta los intereses y actualizaciones que sumarían más de 4.500 millones, aunque hay cálculos que estiman la cifra en mucho mayor. El acuerdo debía ser homologado por la Justicia comercial.
Pero, la fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, rechazó la oferta de la empresa por considerar que era “abusiva”, implicaba un perjuicio fiscal y su aceptación dañaba “gravemente” el patrimonio del Estado. En su dictamen, Boquín señaló que la empresa de la familia Macri “se benefició con un estado de eterno concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores”.
A comienzos de 2017, el diputado Martín Sabbatella (Frente para la Victoria) y el abogado Daniel Igolnikov denunciaron penalmente al gobierno de Macri por el acuerdo. El expediente recayó en manos del juez Ariel Lijo. El fiscal Juan Pedro Zoni impulsó la investigación por supuesto perjuicio ocasionado al Estado e imputó al presidente Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Como consecuencia de ello el Procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, desplazó y trasladó a Zoni y en su lugar quedó el fiscal Gerardo Pollicita.
No obstante, Lijo citó a indagatoria a Aguad, ex ministro de Comunicaciones y por entonces ministro de Defensa; a Juan Manuel Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones; a Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo, y Jaime Leonardo Kleidermacher, abogado de esa empresa; acusados de intervenir y ser partícipes de la maniobra en la negociación presuntamente abusiva y “perjudicial” para el Estado, que incluye los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Los cuatro indagados declararon que el acuerdo no fue perjudicial para el Estado y reclamaron que la causa se cerrara por “falta de acción”, pero el año pasado los jueces de la sala 2 de la Cámara Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia rechazaron los planteos para cerrar la investigación de los directivos de la empresa Correo Argentino, y dieron luz verde a Lijo para avanzar y resolver la situación procesal de los indagados, hecho que todavía no ocurrió.
En tanto, en marzo de este año, la jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino S.A. y el “desplazamiento total” de su directivos, en cumplimiento de una serie de medias solicitadas por Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago. Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el “conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos” y sembró “un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento”.
Mientras Mauricio Macri disfruta del verano europeo, en la Argentina las juezas de la sala B de la Cámara Comercial, María Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, rechazaron un recurso extraordinario presentado por los abogados de la familia Macri para que la Corte Suprema de Justicia intervenga en la causa y dejaron a la compañía del Grupo Socma al borde de la quiebra.
Las camaristas coincidieron con el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, y consideraron que los planteos de los Macri en ese expediente buscan dilatar el proceso de cramdown o salvataje de la empresa, que implica una convocatoria pública para saber si existen interesados en la compra del Correo Argentino, ya que la firma no logra ordenar sus deudas. Si el llamado resulta desierto, la ley de quiebras indica que el siguiente paso es decretar la quiebra, y en ese caso, los accionistas de Socma deberían responder por las millonarias deudas de su controlada.
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