Unicameral: la oposición cruzó al Gobierno por el crimen de Blas Correas

Política 12/08/2020
Acusaciones que apuntaron al gobernador y al ministro de Seguridad, se sumaron a los pedidos de informes sobre el accionar policial en la tarde del miércoles.
Legislatura de Córdoba sesion especial 05 08
Una nueva sesión virtual de la Legislatura de Córdoba se llevó adelante en la tarde del miércoles. Foto: archivo.

A una semana del asesinato de Blas Correas, legisladores y legisladoras de diferentes partidos se refirieron a la situación que se vive en Córdoba alrededor de los hechos de violencia policial como el que terminó con la vida del joven de 17 años.

En ese sentido, las legisladoras de la Unión Cívica Radical, Verónica Garade y Marisa Carrillo, solicitaron informes a la Policía de Córdoba para que la institución de cuenta de algunos aspectos claves del funcionamiento y el accionar de la fuerza durante la pandemia. Los proyectos ingresados advierten que en las últimas horas “se ha verificado en las últimas semanas un crecimiento exponencial de los hechos de inseguridad y en las últimas horas existe estupor y preocupación institucional en la sociedad de Córdoba”. En ese sentido, el disparo por la espalda que terminó con la vida del joven de 17 años resulta el hecho más preocupante en el accionar de la fuerza en el territorio provincial.

En un amplio pedidio de informes, el radicalismo solicitó “al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad, Policía de la Provincia de Córdoba, Escuela Superior de Policía de la Provincia de Córdoba y Escuela de Suboficiales de Policía General Manuel Belgrano, y al Tribunal de Conducta Policial” que informe a la Legislatura sobre el programa de capacitación y los mecanismos de ingreso a la Policía de Córdoba; como así también datos referentes a “estadísticas de delitos durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 en los que se haya verificado un exceso del accionar policial en la prevención y control del delito o casos de los denominados gatillo fácil policial”.

Del mismo modo, en otro de los proyectos, se solicita información en torno al accionar de la fuerza pública en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio durante las jornadas en las que ocurrieron los hechos que terminaron con la vida de Blas Correas. Nómina de agentes que actuaron en los retenes, exámenes psicofísicos de dichos actuantes, informes sobre la actuación en dichos puestos de control y “toda información y documentación obrante en la fuerza policial y en el tribunal de conducta policial respecto a la actuación policial de un supuesto hecho de violación de detención ante un puesto o retén policial ubicado en Avenida Vélez Sarsfield en el que resultare herido el joven Valentino Blas Correas”.

En la sesión de este miércoles también los bloques de la izquierda pusieron el tema de la violencia policial sobre la mesa de la sesión legislativa. Desde el MST en el FIT Unidad, Luciana Echevarría, repudió en el asesinato del joven y advirtió que “no es un caso aislado sino la consecuencia de una política de Estado orientada a perseguir, hostigar y maltratar a la juventud, por eso este brutal crimen es responsabilidad de Mosquera pero sobre todo de Schiaretti, que mantiene un inexplicable silencio en este momento de inmenso dolor para toda la sociedad cuando, al ser el que dirige políticamente las fuerzas”. “Es el que tiene que dar explicaciones”, dijo la legisladora que también aseguró que “el PJ en estos 20 años ha aumentado en miles el número de efectivos y los ha dotado de un presupuesto obsceno”.

También Soledad Díaz García hizo referencia al accionar policial al señalar que el asesinato de Blas Correas es “el quinto caso de gatillo fácil en lo que va de la pandemia”. “Blas tenía 17 años y murió acribillado por la espalda por el aparato represivo del Estado, esto es parte de una política represiva que ha instalado el Estado durante la pandemia, que se ha llevado adelante en todo el territorio provincia. No es una política sanitaria, sino que se enmarca en una estrategia que busca avanzar contra el conjunto de los trabajadores”, afirmó la dirigente del Partido Obrero. “Esto no tiene que ver con los excesos de una institución, sino que es una política deliberada que también se aplica a nivel nacional, que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández, y que ya tiene en su haber dos desapariciones forzadas en lo que va de la cuarentena”, afirmó Díaz García.

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