Llamativo allanamiento al ex cuartel 141, recuperado desde la autogestión

Especial para La Nueva Mañana

UN ERROR ORGANIZADO

Cuentan los pobladores de Anisacate que hacía años que no veían tanto movimiento de efectivos en la subcomisaría del pueblo, una dependencia satélite de la comisaría de Alta Gracia desde la que se suele aducir carencia de recursos para combatir el delito. El viernes 24 a las 8, bajo un frío que calaba, decenas de efectivos fueron acantonados en la esquina de la dependencia  antes de emprender marcha rumbo al objetivo cercano: el ex Grupo de Artillería 141, en Villa San Isidro.  

Orden de allanamiento en mano, los agentes ingresaron por el portón principal y preguntaron con pelos y señales por el cuidador del predio y por sectores puntuales del lugar, a los que se dirigieron. Eran unos cincuenta los efectivos de la Guardia de Infantería, la Brigada de Explosivos y las divisiones Canes y Caballería que irrumpieron en vehículos oficiales y particulares. "Sabían perfectamente adónde entraban" contó una fuente del lugar, que pidió reserva de identidad.

Nada fue improvisado: al mismo tiempo que la Policía llegaba al predio de 880 hectáreas del Estado Nacional, la noticia ya figuraba en algunos portales regionales y por la zona circulaban versiones varias, de esas lanzadas para “embarrar la cancha”. Durante poco más de dos horas, los agentes se dedicaron a rastrillar parte del campo militar en busca del cuerpo del delito: seis lechones de entre ocho y diez kilos, de pelaje colorado.  

Hay “chancho encerrado”

Aunque formalmente el operativo estuvo a cargo del oficial principal Mario Molina, quien comandó las acciones en el terreno fue el subcomisario Martín Reartes, máxima autoridad policial de la zona. Pasadas las nueve, y tras algunas descortesías de manual, se notaba a simple vista cuánto había de acting: una decena de efectivos charlaba entre sí, otros rastrillaban con desgano parte del predio y algunos transitaban un sector posterior, que está bajo custodia de Fabricaciones Militares. En la parte trasera de ese campo militar, el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba –no fue anoticiado del procedimiento- investiga desde hace años la posible existencia de cuerpos enterrados; de hecho, un sector malamente alambrado al que está prohibido acceder albergaría una fosa clandestina.

Mientras se realizaba el procedimiento, Trabajadores Unidos por la Tierra, la organización social que trabaja en el lugar, denunció que “el allanamiento se extendió a diversas zonas del predio donde realizamos trabajo comunitario, sin la existencia de testigos y ante la amenaza permanente de que nos iban a llevar herramientas, maquinarias y animales”.

Las consultas acerca de las razones de semejante despliegue de efectivos no tuvieron respuesta. El fiscal Alejandro Peralta Otonello aseguró que ordenó un procedimiento regular, de "cuatro o  cinco agentes", y no supo responder por qué decenas de policías caminaban el predio. Reartes se limitó a indicar que obedecía a "una orden de la superioridad", y al cierre de esta nota no había autoridad política, judicial ni policial que brindara una explicación coherente. 

Los agentes tomaron fotografías de las instalaciones desvencijadas, solicitaron documentación que nada tenía que ver con cerdos y amagaron con quedarse “todo el día si era necesario”. Hasta que se retiraron, no sin antes secuestrar tres cueros vacunos, un corolario llamativo para un allanamiento singular.

Nada de esto fue un error

Para Trabajadores Unidos por la Tierra, lo ocurrido no tiene que ver con delitos que aparentemente nadie denunció -la orden de allanamiento habría sido consecuencia de una “investigación de oficio” policial-. Sino, más bien, con “algún tipo de mensaje para quienes nos organizamos para cuidar y recuperar el monte, los ríos, la memoria y las tierras para la Soberanía Alimentaria y el Buen Vivir”.

Y algo de eso pareció comprobarse apenas dos días más tarde, cuando un móvil policial al mando de un policía que dijo ser sargento y llamarse Raúl González se acercó al ingreso al predio, preguntó por instalaciones en el lugar y tomó los datos de la trabajadora que regresaba a su hogar tras el cumplimiento de sus tareas. Consultado luego, el funcionario admitió telefónicamente que todo había sido, apenas, “un error”. 

Mientras por estas horas se van viendo los hilos detrás de estas acciones, no está de más recordar que el predio  -a caballo del abandono estatal- ha sido siempre apetecido por distintos actores públicos y privados. Colonia de vacaciones, centro de recuperación de adicciones, loteo social, barrio privado: las casi mil hectáreas, buena parte de ellas reserva de monte nativo, son leídas desde los más variopintos intereses por propios y extraños. 

Mientras tanto, múltiples voces en todo el país –organizaciones, personalidades, instituciones públicas y privadas, funcionarios- condenaron el amedrentamiento y brindaron su apoyo incondicional para frenar lo que consideran un ataque directo a esta experiencia autogestiva de soberanía alimentaria y Derechos Humanos. Un hecho que debe leerse también en el marco de un aislamiento obligatorio pródigo en casos de violencia institucional. 

De lugar de muerte a experiencia del buen vivir

El ex Grupo de Artillería 141 fue una guarnición militar del Ejército Argentino fundada en 1963. Destino obligado durante años para conscriptos de Córdoba y otras provincias, sus tropas fueron utilizadas para reprimir el Cordobazo, y desplegadas en el Operativo Independencia que comandó en Tucumán el genocida Antonio Domingo Bussi. 

Durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, la guarnición fue centro clandestino de detención, como lugar de reclusión ilegal antes de que los detenidos fueran derivados a otros centros de la ciudad de Córdoba, o exterminados. Desde 2018 figura como tal en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

En el ´78 fue movilizada por el conflicto del canal de Beagle, y en el ´82 prestó artillería para la guerra de Malvinas; sus cañones, muy pesados, se hundían en el suelo de esponjosa turba malvinense. Entrados los ´80 recluyeron allí al ex amo y señor de la muerte en Córdoba y otras diez provincias argentinas, Luciano Benjamín Menéndez, y a principios de los 90 se decidió su mudanza y fusión con un cuartel salteño; la explosión de Río Tercero, que tuvo al 141 en su trama, aceleró ese proceso.

Cerrado desde mediados de aquella década infame, y pese a que siempre contó con personal contratado, el cuartel fue todos estos años presa del despojo y el descuido. Tuvo amagues de compra por parte de un ex colimba cantor, y albergó torneos de paintball, fiestas gauchas y un proyecto cooperativo que no prosperó. Hasta que en agosto de 2018 Trabajadores Unidos por la Tierra obtuvo permiso de uso de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, comenzó a recuperar parte del predio y desarrolló allí experiencias de agroecología y soberanía alimentaria que ya había iniciado en la zona. 

Actualmente, en el rebautizado Refugio Libertad se recupera la Memoria del lugar, y se asientan diez proyectos productivos de la organización. En el corazón de esa experiencia de reconversión de un lugar de muerte por otro dedicado al buen vivir, irrumpieron los efectivos con la orden de allanamiento firmada por el fiscal de Alta Gracia Alejandro Peralta Ottonello y el juez de Paz Eduardo Segura, ausentes ambos en un procedimiento que llamó la atención a propios y extraños.

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