Córdoba abandona el aislamiento: los desafíos ante la “nueva normalidad”

Si la Provincia logra mantener su status epidemiológico, la preocupación central estará en la reactivación económica. Se cae el IFE y se recortan las ayudas a las empresas.
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Ilustración: Daniel "Pito" Campos

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El ingreso de Córdoba a la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) fue celebrado solapadamente desde El Panal. El reconocimiento sobre el manejo de la situación epidemiológica, que se replica en las voces de las autoridades y referentes nacionales, permite que la Provincia ingrese en esa categoría luego de estar sindicada como una de las zonas con mayor circulación del virus durante una buena parte de la pandemia en nuestro país.

Precisamente por eso, las autoridades sanitarias son tan cautelosas como contundentes en cada una de sus intervenciones y se esmeran por dejar en claro que Córdoba no ingresa totalmente en la tan augurada Fase 5, sino que la etapa del distanciamiento permitirá mayores aperturas siempre y cuando el devenir de los acontecimientos y el control sobre la sumatoria de contagios continúe siendo favorable.

Según el informe brindado este jueves por el ministro de Salud, Diego Cardozo, son 403 localidades sin casos activos. Son 666 los casos confirmados, con un 76% de pacientes recuperados y una tasa de multiplicación de casos de 80,2 días. “Esta realidad es dinámica y puede cambiar de un momento a otro”, advirtió. 

La economía, a dos caras

Si bien el distanciamiento permite al Gobierno de Córdoba  apuntar a una apertura cada vez mayor, el gran punto a resolver en materia de reactivación económica tiene que ver con el consumo. En esa dirección se enfocaron los esfuerzos oficiales durante los últimos meses, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con créditos y subsidios que intentaron motorizar mecanismos de ayuda para paliar la crisis acarreada por el parate total de la actividad en todo el país.

Sólo a través del Banco de Córdoba se entregaron unos 20 mil créditos por más de 24 mil millones de pesos, muchos de los cuales tuvieron el aval de la Provincia debido a la dificultad de algunos sectores para cumplimentar con las condiciones mínimas para acceder al crédito. Del mismo modo, la Fundación del Banco de Córdoba lanzó sus propias líneas de ayuda para aquellos sectores productivos más pequeños como los que representan los almacenes de barrio, los gimnasios, los emprendimientos gastronómicos o las microempresas dedicadas al transporte escolar.

En el recuento retrospectivo, a esas acciones se deben sumar los subsidios nacionales del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ambos flujos se recortarán a partir de la nueva categorización de Córdoba en el marco de la pandemia.

Por una decisión que Alberto Fernández anunció el pasado viernes, el IFE se seguirá pagando en las zonas más afectadas por la circulación comunitaria (Ciudad de Buenos Aires, Amba, Chaco y Río Negro) pero dejará de acreditarse en el resto del país, donde la actividad lentamente tiende a “normalizarse”. En lo concreto, habrá 740 mil cordobeses que dejarán de recibir ese ingreso, lo que en la práctica representa 7.400 millones de pesos que ya no circularán en el circuito económico provincial.

El ATP, por su parte, se reducirá a la mitad. Por la misma disposición, las empresas cordobesas que recibieron ese beneficio en los meses de abril y mayo, ya no lo harán a razón de dos salarios mínimos por trabajador, sino que el Estado nacional aportará un salario mínimo por empleado registrado. En números, la ayuda a Córdoba superó los 19.500 trabajadores en mayo, lo que significó un flujo de dinero superior a los 6 mil millones de pesos. A diferencia del IFE, la reducción del ATP no debería representar una menor cantidad de dinero circulante ya que las empresas deberían volver a hacerse cargo de la totalidad de los salarios. El problema puede surgir desde el sector empresario que hace tiempo viene advirtiendo sobre la necesidad de la ayuda estatal para poder hacer frente a la crisis profundizada por la pandemia.

Ante el costado negativo del ingreso al DISPO, el Gobierno provincial encara un nuevo desafío, el de tratar de suplir esos paliativos nacionales que se ausentarán a partir de julio. Puertas adentro, no lo analizan como algo extraordinario. Siempre dijeron que la realidad durante la pandemia era demasiado dinámica y que, según cada situación específica, se debían mover las piezas necesarias para impulsar las soluciones que resultasen más urgentes. Así como resultó necesario afianzar el sistema sanitario en una primera instancia y empezar a abrir paulatinamente la actividad en el último tiempo, la preocupación en el horizonte está puesto en las “consecuencias sociales” de la pandemia, que según Schiaretti han sido “pocas”.

“La mano solidaria del Estado provincial”, como gusta decir el gobernador, deberá estirarse un poco más para alcanzar a una mayor cantidad de cordobeses, sobre todo aquellos que engrosan la fila de desocupados y subempleados. Entonces, mientras se espera que la Nación continúe asistiendo a los Estados locales con nuevas líneas de ayuda y que el IFE encuentre rápidamente un reemplazo que alcance a los sectores más postergados, la Provincia ya estudia caminos alternativos.

Un primer paso podría ser la vuelta de los programas de empleo suspendidos a comienzos del aislamiento por la imposibilidad que llevar adelante las prácticas profesionales. Ese fue el argumento de las autoridades cuando la continuidad del PPP, el PIP, el Por Mí y el PILA se vio truncada. Ahora, ante el nuevo panorama de aperturas, el regreso de esas iniciativas gubernamentales se pone sobre la mesa una vez más. El impacto económico no sería menor. Cerca de 27 mil cordobeses accederían nuevamente esos planes formativos y unos 400 millones de pesos se volverían a volcar a la economía provincial.

El desafío de mantener el estado sanitario

Para que Córdoba no deba regresar a la etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hay dos requisitos mínimos que deben mantenerse.  El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria, y el aglomerado urbano no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como poseedor de una “transmisión comunitaria” sostenida. Por eso, lejos de relajarse, los cuidados deben extremarse, sobre todo en momentos en que la circulación por las ciudades más importantes de la provincia se ha incrementado de modo significativo. A razón de esa necesidad, se incrementaron los controles en los ingresos provinciales y se anunciaron endurecimientos en las penas para los incumplidores, aunque el proyecto anticipado por Schiaretti nunca ingresó a la Legislatura. 

Ayer, el gobernador dijo que Córdoba no ha “vencido el virus, ni muchos menos. Está en la calle y mientras más grande sea la irresponsabilidad que se cometa, más grande será el brote”. “La responsabilidad es colectiva y si nosotros no nos cuidamos, vamos a tener que volver a fases anteriores como ya lo han hecho otras provincias y rincones de nuestra patria”, advirtió Schiaretti.

“Si seguimos en este camino, trabajando juntos, vamos a seguir flexibilizando y recuperando empleo y libertades individuales”, afirmó de cara a otro paquete de anuncios que, se espera, permitirán el regreso de nuevas actividades que se informará la próxima semana.

 

 

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