Con el boicot opositor a las sesiones especiales, el cuerpo deliberativo de la ciudad desnudó otra vez interrogantes alrededor de su funcionamiento (e importancia) real.
Ed Impresa 05/06/2020
Ignacio Martín
En 2003, un Luis Juez abanderado de la lucha contra la corrupción y los desmanejos de la pésima gestión justicialista de Germán Kammerath se convirtió en el primer intendente en romper el bipartidismo PJ-UCR, en la segunda ciudad más importante del país. Fue el último en ganar con más del 51% de los votos, colocando al Frente Cívico como la tercera fuerza y gobernando, con más decepciones que aciertos, hasta el arribo de Daniel Giacomino. Ni el ex “soldado de Cristina”, ni Ramón Mestre luego en dos ocasiones, ni Martín Llaryora en 2019 obtuvieron más del 43% de los votos. Todos ellos, a pesar de esto, contaron con mayoría automática en el Concejo Deliberante: 16 ediles propios de 31 bancas disponibles.
La vigencia de esta norma data de 1995 cuando se redactó la actual Carta Orgánica. En el artículo 137, inciso 3 A, se explica la “cláusula de gobernabilidad” que otorga al partido ganador de la intendencia la mitad más una de las bancas disponibles aunque no haya ganado con más del 50% de los sufragios.
El pasado viernes, el boicot opositor a las sesiones especiales desnudó una vez más varios interrogantes alrededor del funcionamiento real de un Concejo que, amparado en la supuesta “gobernabilidad”, se puede dar el lujo de prescindir de la oposición para sesionar. Si los ediles, que cuentan con permisos para trasladarse, pueden votar a través de Zoom desde el living de su casa y sin debatir, ¿qué sentido tiene llamar a una sesión donde las cartas ya están jugadas de antemano? ¿Acaso el Concejo no tiene la capacidad de discutir proyectos que escapen a la coyuntura del Covid-19? El respaldo al reparto de subsidios (impulsado por Llaryora) y el recorte a los municipales (enviado por el Ejecutivo aprovechando esa misma coyuntura) son de las pocas iniciativas aprobadas que no atañen al coronavirus.
Pensar al Concejo como un simple galpón prestado donde se firma con los ojos cerrados lo que llega desde el Palacio 6 de Julio es una idea que está presente desde hace años entre los mismos vecinos que votan a los integrantes del cuerpo. Inclusive entre muchos periodistas que se acercan al Pasaje Comercio a obtener testimonios. Y aunque formalmente la realidad marque que todas las reglamentaciones que atañen a los cordobeses capitalinos se votan en el Concejo, es difícil generar interés cuando se sabe cuáles serán las manos levantadas tras reuniones de comisión cerradas. Cuando la mayoría de la que nunca renegó el radicalismo que hoy es oposición, ni el peronismo que fue oposición y ahora es oficialismo, obliga a los jefes de bloque a una única estrategia: lograr que los ediles no falten a la votación.
El titular que reza “Mañana se aprueba…”, “El Concejo dará el visto bueno a…” o “Concejales votarán a favor de…” no es errado ni peca de futurismo pero demuestra lo opaco de cualquier tipo de debate que genere algún cambio de parecer, o al menos construya ideas de manera democrática dentro del recinto donde funciona uno de los poderes de la ciudad. De allí deriva el resto, como la prioridad del voto en bloque inclusive contra ideales propios (“Hemos sido tan leales en estos años, deberíamos haber votado más por nuestras convicciones”, supo decir en plena sesión Lucas Balián, jefe de bloque oficialista durante la última gestión mestrista) o contra la representación zonal que supuestamente tiene cada edil. De allí deriva la necesidad de un Concejo verdaderamente abierto que no funcione como “dealer” de información a los medios, sino que impulse el control de los propios vecinos a aquellos que dicen controlar lo que hace el Ejecutivo.
En agosto de 2012, el entonces viceintendente Marcelo Cossar firmaba con representantes de los SRT un acuerdo para “retransmitir las sesiones del Concejo”. ¿El objetivo? Empezar a “revertir la idea de que los cuerpos legislativos son escribanías de los Ejecutivos” y que los vecinos “puedan saber los temas que se discuten”. El proyecto no prosperó y casi ocho años después, la idea de "escribanía" continúa vigente.
Ese concepto, cuya matriz es la mencionada “cláusula”, apenas tiene contrapuntos por parte de pocos actores o queda en la nada luego de decenas de discusiones en comisión con juristas de todo tipo. Quizás Olga Riutort sea la figura que más impulsó la idea de una reforma que también incluya, por ejemplo, el voto de los jóvenes de entre 16 y 18 años en elecciones a intendente sin inscripción previa o unas PASO municipales. Una reforma que debe discutir el propio Concejo.
Tomando a los cuerpos legislativos de cinco de las principales ciudades del país (CABA, Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Córdoba), solo la Capital cordobesa cuenta con el sistema de mayoría automática aunque se gane la elección por un voto de diferencia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Legislatura (60 bancas) cuenta con 26 integrantes del oficialista “Vamos Juntos” y el resto se divide entre radicales, Frente de Todos, la izquierda y otros partidos. Esto obliga constantemente al PRO a buscar acuerdos para conseguir los votos necesarios.
Lo mismo ocurre en Rosario, donde el socialismo no contó nunca con mayoría propia desde 1989 hasta 2019, cuando Pablo Javkin rompió la hegemonía, pero sin que hoy exista alguna bancada con quórum propio. En Mendoza, el Concejo está compuesto por 12 ediles y se renueva por mitades cada dos años. En San Miguel de Tucumán, el actual intendente Germán Alfaro cuenta con seis concejales, mientras que los otros 12 que componen el recinto legislativo de esa ciudad se dividen entre hombres y mujeres de Manzur, Alperovich y Bussi, según detalla el portal El Tucumano.
Si la pandemia por coronavirus y su posterior aislamiento obligatorio cambiaron muchas reglas de juego, si la normalidad tal como la conocíamos dejó de existir: ¿De qué sirve el supuesto debate entre ediles si los proyectos llegan casi siempre aprobados a las sesiones? ¿Qué gana la oposición, ya sea de izquierda, radical, macrista o vecinalista, con mostrar números, enumerar denuncias o incluso retirarse de las sesiones si los proyectos se votan y aprueban igual? ¿Qué gana un concejal con mostrar ese acting ante 50 personas que siguen la sesión por YouTube? ¿Existe realmente una representación por seccionales? ¿Sabe el vecino de Ituzaingó Anexo, de Santa Isabel, de Las Palmas o de Ayacucho quién es el edil que lo representa? ¿El Concejo Deliberante debe ser una herramienta del oficialismo de turno o un espacio de construcción serio y propio? ¿Se lo puede democratizar y visibilizar más allá de su siempre fiel apego al statu quo de normativas, quizá, antiguas? Hay que debatirlo.
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