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El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante. El objetivo es desalentar la remarcación de precios fijados por el Gobierno nacional para insumos básicos.
Ed Impresa24/04/2020
EN CÓRDOBA CAPITAL
Frente a la gran cantidad de denuncias de vecinos de toda la ciudad por el desmedido aumento de precios en algunos insumos, el pasado viernes el Concejo Deliberante aprobó la creación del Registro de Inspecciones y Denuncias a la Ley Nacional de Abastecimiento.
La votación del proyecto se dio durante la primera sesión virtual de la historia, que tuvo a la obligatoriedad del uso de barbijo en la vía pública como tema central, dejando relegado a un segundo plano la iniciativa que busca fiscalizar y contener la subida de precios en Córdoba capital.
La iniciativa fue impulsada por el jefe de bloque de Hacemos Por Córdoba, Juan Viola, y por su par oficialista Marcos Vázquez con el apoyo de la oposición. De esta manera quedó reflejada en la ordenanza 13.032 un trabajo que casi todo el Concejo Deliberante viene realizando desde el inicio de la cuarentena: el control de precios en locales cordobeses.
Fundamentalmente, la ordenanza establece un registro a cargo del área de Defensa al Consumidor de la Municipalidad donde todo comercio que haya aumentado sus precios quede plasmado de manera pública.
De esta manera, los vecinos podrán informarse de aquellos establecimientos que suben sus productos de manera ilegal durante la pandemia y a la vez denunciar a aquellos que no cumplan con la Resolución 100/2020 lanzada por el presidente Alberto Fernández.
La norma prevé que la lista incluya la Razón Social y/o CUIT del comercio junto al causal de la infracción, datos del procedimiento municipal y estado del proceso (descargo del comerciante y dictamen de Comercio Interior).
“Son herramientas en beneficio de los vecinos, porque están sufriendo un aumento desmesurado de los precios de todos los insumos básicos en esta situación de pandemia que genera un vacío en los bolsillos que es terrible”, comentó el edil Vázquez en diálogo con este semanario.
Frente a la idea de reflejar qué comerciantes incumplen con la normativa, buscando desalentar ese accionar, la pregunta que surge es si todo aquel negocio que sea señalado aparecerá en una “lista negra”. Vázquez negó que fuera así, ya que están dispuestos mecanismos de relevamiento para evitar que aparezcan almacenes denunciados injustamente: “La intención es que la población pueda contribuir y siempre vamos a cuidar que las denuncias sean pertinentes. Tenemos el listado y si alguien nos da un aviso, lo chequeamos. Porque nos pasó de vecinos que nos agradecían por controlar y nos decían ‘fíjense en ese local que tiene la yerba por las nubes’. Nosotros íbamos y veíamos que el precio estaba correcto. Las cosas están caras pero hay una sensación de que todo aumenta”.
La ordenanza prevé además que cualquier vecino con el ticket de compra o fotografiando el precio en la góndola pueda comunicarse vía mail o vía telefónica con la Municipalidad para que se proceda al control.
El concejal inclusive comentó que se pondrán a disposición las casillas de e-mail de los propios ediles para que la comunicación sea directa. De todas maneras, quien finalmente determine la sanción a cada comercio será Comercio Interior ya que se trata de una normativa a nivel nacional. El Municipio solamente puede iniciar esos trámites de denuncia y elevarlos.
También se dispone en la iniciativa la obligatoriedad de exhibir cartelería acerca de la fiscalización de precios en todos los comercios, exponiendo allí las vías de contacto que implementará la Municipalidad para las denuncias.
A principios de este mes, ediles de todos los colores políticos salieron a la calle a controlar que se cumplan los máximos de referencia impuestos por el Gobierno nacional. Allí, los propios integrantes del Concejo acompañados por empleados municipales pudieron comprobar que la mayoría de esas denuncias eran reales y muchos comercios de toda índole remarcaban los precios. No solo de aquellos productos que más escaseaban, como el alcohol en gel o los barbijos, sino también de otros básicos como la leche, la yerba, el azúcar o la lavandina y el jabón.
“Cuando salimos nos encontramos que había comercios que a las tarjetas sociales les imprimían un 20% de recargo u obligaban a los beneficiarios a gastar todo el monto en ese mismo lugar. Vimos conductas abusivas con quienes menos tienen y salimos a decirles que los estamos controlando, lo que tuvo buen resultado”, relató Vázquez.
Según datos brindados por el bloque Hacemos Por Córdoba a La Nueva Mañana, el 58,5% de los locales relevados pertenece a cadenas locales o comercios de barrio, el 23,2% a cadenas internacionales o grandes superficies y el 18,3% restante a supermercados orientales.
De ese total, el 36,6% fue denunciado a los organismos competentes, el 29,3% intimado a corregir precios (algo que en varias ocasiones ocurrió al momento de ser controlados) y un 34,1% no presentó infracciones. En palabras de Vázquez, las grandes superficies y los comercios orientales son los que más aumentan los precios. Estos últimos, en particular, con constantes aumentos de pocos centavos por encima del máximo establecido.
Tras la reglamentación de la norma por parte del Ejecutivo a cargo de Martín Llaryora, los concejales volverán a las calles para controlar no solo aquellos comercios que no fueron verificados, sino también aquellos que bajaron los precios apenas eran advertidos por algún edil.
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