La pandemia, el aislamiento y un nuevo capítulo sobre los alquileres

El Gobierno nacional decidió congelar precios y suspender desalojos hasta octubre. Los propietarios denuncian que el problema agrava la situación general del sector.
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1 / 2 - Ilustración: Daniel "Pito" Campos

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En medio del aislamiento social preventivo y obligatorio extendido por el Gobierno nacional hasta el próximo 12 de abril, una de las medidas que mayor alivio trajo para los inquilinos de todo el país fue la decisión de la administración de Alberto Fernández de congelar precios y suspender los desalojos por un plazo de 180 días.

Si bien la decisión es “comprendida” a grandes rasgos en el marco de la emergencia sanitaria global, la disposición vuelve a preocupar a un sector de las cámaras inmobiliarias que entienden que “se procura contener a un grupo social desprotegiendo a otro”. “Muchos de los propietarios viven de los alquileres que cobran”, advierte en ese sentido Soledad Olivieri, de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba en diálogo con La Nueva Mañana.

En su visión, se ingresará en “una situación en la que se necesitará analizar cada caso particular”, partiendo de la buena voluntad de los inquilinos. “En muchos de los vencimientos, el inquilino puede quedarse hasta el 30 de septiembre abonando el mismo monto por el alquiler. Si el propietario tiene definido no renovar ese contrato, lo único que se está haciendo es estirar la definición”.

Desde el sector de los inquilinos entienden que la situación responde a la necesidad de avanzar con medidas paliativas durante la emergencia, aunque celebran que el Gobierno haya tomado nota de sus reclamos. “El decreto toma nota de nuestros planteos y, de alguna manera, expresa la situación en la que están viviendo inquilinos e inquilinas en todo el país. Nuestra preocupación estaba puesta en los efectos del parte económico que impedía que muchos puedan hacer frente a los pagos del alquiler. Buscábamos una suspensión de esos pagos y una solución para una serie de desalojos que se podían venir por la finalización de los contratos”, señala Maximilano Vittar de Inquilinos Córdoba.

El dinero que ganan las inmobiliarias surge de los honorarios que se cobran por las ventas, los alquileres y las renovaciones. Todo eso estará parado por lo menos por 
seis meses.

“Hay una situación real que indica que se va a generar un gran endeudamiento en octubre porque los compromisos hay que pagarlos. Pero bueno, teníamos una urgencia para solucionar en este momento, y en un futuro veremos qué instancias se habilitan para que el sobreendeudamiento no deje a los inquilinos desprotegidos o para que no se genere una espiral inflacionaria respecto a los alquileres”, advierte, en sintonía con el análisis de los inmobiliarios. 

La profundización de una situación complicada

El aislamiento pone en igualdad de condiciones a inquilinos, propietarios e inmobiliarios en su incapacidad para poder celebrar nuevos acuerdos. La cuarentena impide que se puedan mostrar nuevas unidades por lo que nadie puede salir a alquilar, ni nadie puede ofrecer nada.

Eso, complica una situación que en los últimos años ya venía presentándose compleja. “Las rentas en Argentina son las más bajas a nivel histórico. Una buena rentabilidad estaba calculada entre un 7% y un 8% a nivel anual y hoy no estamos superando el 2,8% en el mejor de los casos. No hay gente que compre inmuebles para invertir y eso da cuenta de un problema económico mucho más grave”, señala Olivieri.

Para el sector, como para (casi) todos los sectores económicos del país “esto ahonda la situación crítica que teníamos antes de la pandemia”. “El canon que se cobra por administración de los departamentos es muy pequeño y apenas sirve para mantener gastos básicos. El dinero que ganan las inmobiliarias surge de los honorarios que se cobran por las ventas, los alquileres y las renovaciones. Todo eso estará parado por lo menos por seis meses”, advierte Olivieri con un dejo de preocupación que parece proyectarse cada vez más.

“Las condiciones eran malas y ahora se van a complicar. Pero entendemos que si se te muere la mitad de la población la cosa va a estar mucho peor. Entendemos las prioridades, no podemos dejar que nos pase lo que le pasa a Italia o España”, analiza comprendiendo lo extraordinario de la situación.

La vivienda es un derecho

Entre los aspectos positivos que destacan los inquilinos, se encuentra aquel que reconoce el acceso a la vivienda como un derecho fundamental. “Hace tiempo estábamos exigiendo que el Estado argentino intervenga en el mercado inmobiliario y que se vuelva a considerar a la vivienda como un derecho fundamental y no un bien que esté sujeto a la regulación del mercado”, dice Vittar.

“Este es un punto importante para rescatar del decreto: hay una decisión política para que el Estado garantice el acceso a la vivienda como lo hace con la salud y la alimentación. También resulta necesario advertir que se trata de una medida necesaria para cumplimentar con la política sanitaria: si estamos hablando de quedarse en casa para cumplir una cuarentena debemos garantizar que la gente tenga un techo”, señala.

“Hace tiempo estábamos exigiendo que el Estado argentino intervenga en el mercado inmobiliario y que se vuelva a considerar a la vivienda como un derecho fundamental y no un bien que esté sujeto a la regulación del mercado”.

La negativa a la bancarización

Si bien los corredores inmobiliarios y los propios representantes de los propietarios asumen como obligación el punto que en el decreto establece que los dueños de inmuebles deberán comunicar a los inquilinos datos necesarios para realizar transferencias bancarias, ese parece ser el principal punto conflictivo en tiempos de cuarentena. “Hay muchos propietarios que no quieren blanquear el ingreso”, denuncian los inquilinos.

“Tenemos casos de inquilinos que quieren pagar y los propietarios o no les quieren pasar una cuenta para hacerlo o quieren trasladarle el costo que el banco cobra por dicha operación”, dice Vittar a La Nueva Mañana.

“Hoy, la discusión está en que hay inquilinos que quieren cumplir con sus obligaciones, pero les dicen que no le van a facilitar la opción para hacerlo. Los están obligando a trasladarse en momentos en que por la pandemia no se puede salir a la calle porque se pone en riesgo la propia vida”, denuncia.

 

 

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