El proyecto pone límites de espacio por marca e insta a los establecimientos comerciales a garantizar un 25% de las góndolas para productos de pequeñas empresas.
Ed Impresa 28/02/2020 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
Este viernes, el Senado de la Nación discute el proyecto de Ley de Góndolas considerado por el gobierno de suma importancia para llevar a cabo el Plan Argentina Contra el Hambre. Con esta normativa, que ya cuenta con media sanción por la aprobación en la Cámara de Diputados, desde el Ejecutivo asumen que tendrá efectos en los precios al garantizar la competencia de marcas dentro de los supermercados. Básicamente, la medida busca contrarrestar la presencia de marcas que concentran el mercado, favoreciendo a la presencia en los exhibidores de las diferentes superficies de comercialización de productos elaborados por pequeñas y medianas empresas, producción de la agricultura familiar y de la economía popular.
Se espera que la ley tenga como efecto indirecto la baja de los precios de los alimentos de la canasta básica, puesto que se reduciría la preponderancia de las firmas alimenticias sobre la cadena de comercialización. El proyecto que se discute incide sobre la disposición física de las marcas en los exhibidores, pone límites de espacio por marca e insta a los establecimientos a garantizar un 25% de las góndolas para productos de pequeñas empresas. Mientras que las producciones de la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular, también contarán con un espacio del 5%. En el mismo sentido, también buscan una ubicación expectante para los productos con precio más bajo.
Desde las diversas entidades que nuclean a supermercadistas y productores de alimentos sostienen posiciones disímiles. Funes De Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), calificó al proyecto como “antisupermercados”, ya que los porcentajes aplicados y distribuidos generarán “restricción en el manejo de los espacios que va a afectar el tema repositores y el tema de stock”, aclaró el dirigente empresario en declaraciones radiales. Por otro lado, el presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa), Víctor Palpacelli, consideró que “el espíritu de esta ley es bueno”, sin embargo, deberían de reverse algunos puntos y redefinirse conforme “el consenso, en una mesa abierta” con la participación de “los comerciantes, los industriales, proveedores en general, también el consumidor y el gobierno”.
En diálogo con La Nueva Mañana, Palpacelli reconoció como positivo el objetivo del proyecto, sin embargo evidenció que la falta de consulta al sector hace que la aplicación de algunos artículos dificulten la viabilidad de la propuesta. El titular de la red Almacor aclaró que “la cantidad de productos exigibles por categoría y la ubicación de los productos en la góndola debe hacerse consultándole al comerciante minorista que es quien sufre cuando se detiene la rotación de un producto”.
Si analizamos la concentración teniendo en cuenta el origen del capital, debemos tener en cuenta que de las seis más importante, cuatro son extranjeras (Carrefour, Cencosud, Walmart y Groupe Casino/Libertad).
Mientras que el empresario Víctor Fera, titular de la cadena mayorista Maxiconsumo, mostró distancia de las críticas y advierte que el proyecto en discusión no se trata de “una ley antisupermercados”, en todo caso es “una ley anti abuso de posición dominante”. Quien también produce los alimentos de la marca Molto y Marolio aclaró en medios radiales que la ley favorece la sostenibilidad de muchos proveedores, contribuyendo a su proliferación luego de cuatro años en los que muchos productores de alimentos dejaron de existir por no tener un lugar en las góndolas. “La ley no tiene nada en contra de nadie, solamente divide los espacios de manera racional, de una forma lógica. Actualmente una misma compañía ocupa el 70% de la góndola. Con la ley tendrá a su lado otros productos con otros precios”, afirmó Fera.
En caso de que el proyecto se transforme en ley, uno de los principales problemas que surge es el estado de desmantelamiento en que se encuentran los equipos territoriales de la Secretaría de Comercio, que son quienes deberían supervisar que los supermercados cumplan la normativa. La poca dotación de los equipos quedó en evidencia cuando fueron los funcionarios del gobierno quienes acudieron a los supermercados a constatar que los comercios respetaran los acuerdos de precios acordados.
No obstante, esta normativa en discusión no aborda algunas características del sector con gran incidencia en la economía cotidiana del país; la concentración y extranjerización del comercio minorista. Según cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), las góndolas de apenas seis grandes cadenas de distribución explican casi el 90% de las ventas de alimentos en la Argentina. Y si analizamos la concentración teniendo en cuenta el origen del capital, debemos tener en cuenta que de las seis más importante, cuatro son extranjeras (Carrefour, Cencosud, Walmart y Groupe Casino/Libertad). En consecuencia, Argentina tiene uno de los sistemas de distribución de alimentos más concentrado y extranjerizado a nivel mundial.
Como es de suponer, estas características tienen consecuencias en la economía del país. La extranjerización del comercio minorista, que comienza a fines de la década del sesenta, se consolida a principio de los ochenta y se profundiza durante los noventa, significa que las empresas foráneas que venden alimentos en el mercado interno argentino giran utilidades y dividendos a sus casas matrices (ubicadas en Estados Unidos, Francia o Chile), amparadas por una permisiva ley de Inversiones Extranjeras. En efecto, la extranjerización de un sector elemental como es el sistema de distribución de alimentos incide en la falta de dólares y, en consecuencia, en el desequilibrio de la balanza comercial.
Por otro lado, la concentración del sector posibilita una fuerte remarcación de parte de las compañías más importantes. Por caso, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) publica en reiteradas investigaciones las brechas entre lo que percibe un productor de alimentos y lo que paga en el supermercado el consumidor por ese producto. Durante enero, el precio de la pera y la naranja en góndola fue trece veces mayor del valor de la fruta en el campo. “En promedio, los consumidores pagaron 5,05 veces más de lo que cobró el productor por los productos en la tranquera de sus campos”, difunde la organización que elabora datos propios. En parte, se debe a la inflación inercial, seguramente. No obstante, es indiscutible que las grandes cadenas aprovechan su posición dominante para remarcar y aumentar injustificadamente los precios.
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