Transporte urbano: un sistema fallido donde sólo cumple el usuario

Política / Economía 29/11/2019 Por
Ni las empresas cumplen con los pliegos, ni el municipio ejerce el poder de contralor. Además, los despidos por goteo continúan, mientras se paga uno de los boletos más caros por un servicio malo.
Ed 130 © Pito Campos
Ilustración: Daniel "Pito" Campos

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Especial para La Nueva Mañana

Un colectivo varado en plena calle junto a los pasajeros que esperan resignados el próximo viaje que los lleve a destino se ha transformado en una postal de Córdoba; tan característica de la ciudad como lo son la Cañada, La Mona Jiménez o el Fernet con coca. Los usuarios que mascullan bronca ya acostumbrados a esta recurrente escena, con el último aumento del boleto, pagan una de las tarifas de transporte urbano más altas del país. Mientras que, por otro lado, incrementan los colectivos fuera de servicio por problemas técnicos y la frecuencia de los ómnibus en las paradas. Los usuarios advierten que no hay una correlación entre el valor del pasaje y la calidad del servicio.


Desde 2011, el boleto aumentó 1.176%


Pese a que las actualizaciones del valor de los viajes aumentaron siempre por encima de la inflación, las empresas del sector sostienen que el precio del boleto se encuentra atrasado, por la suba de los costos y que los aumentos son “insuficientes”. Cuando Ramón Javier Mestre accedió a la intendencia de la ciudad el boleto costaba $2,5 y cuando deje el Palacio 6 de Julio costará 31,9 pesos, siempre y cuando no haya nuevas subas. Cabe aclarar que la inflación desde el 2011 (año en que los radicales vuelven a la gestión municipal) hasta septiembre del corriente año, mes que registra el último aumento del boleto, fue de ochocientos puntos porcentuales, de acuerdo a informes privados, mientras que en ese período la tarifa del transporte urbano aumentó 1.176%.


Las empresas prestatarias del sistema de transporte urbano de pasajeros claman por un pasaje a $37, cifra que el municipio no juzga inapropiada. De hecho, en el comunicado oficial en donde dieron a conocer el último aumento, reafirman el compromiso de la municipalidad “a seguir subsidiando la diferencia entre la tarifa que corresponde” y la que pagan los usuarios. Los subsidios otorgados para que el traslado al bolsillo de los usuarios no sea mayor llegan a 60 millones de pesos, informan desde la Municipalidad. En el mismo sentido, en mayo de este año, otorgaron un “subsidio no reintegrable” a las empresas ERSA Urbano SA, Autobuses Córdoba SRL y Coniferal SA para que puedan hacer frente a los aumentos salariales de los choferes. En aquella oportunidad, la Municipalidad de Córdoba compensó a las empresas con un aporte entorno a 15 millones de pesos.

Boleto Colectivo by LNM


Sin cumplimiento de los pliegos

Por su parte, desde el Ministerio nacional que gestiona Guillermo Dietrich publican que Córdoba recibió hasta octubre del corriente año más de mil millones de pesos en concepto de compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano. También, las empresas del sector perciben el beneficio de gozar de un precio diferencial del gasoil. Como vemos, pese a las diferentes compensaciones que perciben las empresas, no respetan diversos pliegos del acuerdo, como las frecuencias que las prestatarias aseguraron cumplir, y violentan artículos del Marco Regulatorio Para el Servicio de Transporte de Pasajeros (Ordenanza N°12076).

Por caso, el artículo 32 de la Ordenanza señala que las empresas concesionarias deberían tener el 70% de sus unidades acondicionadas para discapacitados al comenzar a brindar el servicio, fijando el plazo de dos años para que la totalidad de los colectivos pueda trasladar a personas con movilidad reducida, de modo tal que para el 2016 el cien por cien de los colectivos debería cumplir con estas características. Actualmente, solo un porcentaje ínfimo cumple con este ítem. 


Ersa, deudora de 18 entidades financieras, con más del 70% de las líneas

Con la privatización de las diferentes líneas y corredores de la estatal Tamse, Ersa fue la empresa que se quedó con la mayor cantidad de recorridos. Actualmente tiene más del 70% de las líneas y junto a Coniferal, Tamse y su subsidiaria Aucor, explican la totalidad del transporte público de la ciudad. La Empresa Romero S.A (Ersa) figura en el registro de deudores del Banco Central como deudora de 18 entidades  financieras y bancos diferentes; en todos los casos acumula calificaciones negativas.

La máxima autoridad monetaria del país califica con “riesgo medio” a dos de las deudas de la compañía, quince de los casos presentan “alto riesgo de insolvencia”, mientras que la deuda contraída con el Banco de la Provincia de Córdoba es calificada como “irrecuperable”. La situación fiscal de la empresa que presta servicio al 80% de los pasajeros de Córdoba es catalogada por Rentas de la Provincia como “irregular”, tampoco tiene sus números al día con el erario de Río Negro, Corrientes, ni con la Provincia de Buenos Aires.


La empresa que tiene a Juan Carlos Romero como uno de sus dueños es la más controversial, no solo por ser la más grande de la provincia, sino porque también es la que presenta mayores irregularidades. La primera sospecha se generó cuando el Estado municipal le concede corredores viales a Ersa y a Autobuses Santa Fe, siendo de hecho una misma compañía, inclusive en el primer acuerdo firmado entre las partes, ambas empresas estuvieron representadas por el mismo socio. Vale aclarar que el grupo dejó de prestar servicio en Santiago del Estero y también mantiene un pasivo impositivo cercano a los cien millones de pesos con Afip, según consignaron fuentes nacionales a un medio cordobés.

choferes

 

Aumentan los despidos y se resiente el servicio

Un trabajador de la empresa Ersa, cuya identidad preservaremos a pedido de la fuente, confesó a este semanario que “hace mucho tiempo que no ingresan nuevos colectivos a la flota. La empresa no invierte ni un peso, los despidos por goteo son recurrentes desde hace varios años ya y los coches en condiciones de brindar servicio son cada vez menos ya que ni siquiera les hacen el mantenimiento mínimo”.

La misma fuente advirtió que desde el año pasado la empresa dejó de hacer aportes patronales, pese a que los sigue descontando del sueldo, y tampoco están depositando en tribunales la cuota alimentaria en los casos así requeridos. El ex delegado de la UTA Marcelo Marín confirmo la situación antes descripta y aclaró que esto ocurre con la anuencia del sindicato. “En los últimos dos años han despedido a más de cien trabajadores, entre administrativos, choferes y en mantenimiento. Acá la municipalidad no controla lo que debe controlar, tampoco el Ministerio de Trabajo, ni el de Transporte, le dan a las empresas grandes sumas de dinero y no le exigen nada a cambio. Tampoco el sindicato actúa en resguardo de los trabajadores, entonces los resultados son un mal servicio para los usuarios y pésimas condiciones para los choferes”, denunció el ex chofer de Aucor, quien advirtió que están todas las condiciones dadas para que se dé en Córdoba “una tragedia como la del accidente ferroviario de Once. No tenemos que lamentar una catástrofe de pura casualidad”.


Marín, actual dirigente de UCRA Córdoba, desmiente a los empresarios que afirman que sin subsidios no es rentable el negocio del transporte y sostiene que la actual conducción de UTA Córdoba es ilegítima, al resultar de un procedimiento irregular, “responde a la Empresa ERSA y defiende los intereses de la compañía frente a los trabajadores”. La complicidad queda “en evidencia en el caso del compañero David Gonzalo Moreno al que despidieron luego de que grabara un video mostrando el desamparo en el cual se encuentran los trabajadores”, aclaró. En los últimos años se profundizó el deterioro de la representatividad sindical frente a la desregulación del Ministerio de Trabajo que permite irregularidades que afectaron los intereses y la organización de los trabajadores, explicó Marín. Quien señaló que en los últimos años perdieron siempre frente a la inflación, “deteriorándose el poder adquisitivo de los choferes en un 50%”.


Una herencia pesada para la próxima gestión

Al poco tiempo de arribar al Palacio 6 de Julio, Mestre privatiza la empresa de transporte municipal aduciendo que el deterioro de su flota imposibilitaba proveer de un servicio efectivo “en lo que refiere a la regularidad, eficacia y frecuencia del servicio”. La evidencia empírica muestra que a poco más de seis años de aquella privatización, los colectivos se encuentran deteriorados producto de la prácticamente nula reinversión, el servicio dista de ser aprobado por los usuarios y es brindado por empresas que incumplen aspectos centrales del pliego licitatorio y del marco regulatorio. El próximo gobierno deberá afrontar un panorama complejo en materia de transporte. 

 

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