Desde este jueves rigen las restricciones operativas en el aeropuerto de El Palomar tras ser ratificadas por la jueza federal Martina Forns, luego de rechazar un nuevo estudio de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre el ruido de aviones.
De esta manera, sigue vigente el fallo que obliga a las aerolíneas low cost Flybondi y JetSmart a modificar sus servicios y a cancelar algunos de ellos.
JetSmart calcula que entre el 26 y el 29 de septiembre 12.000 los pasajeros sufrirán reprogramaciones y cancelaciones. Indicaron además que deberán reducir frecuencias y cancelar temporalmente 4 de sus 18 rutas nacionales (Córdoba > Tucumán > Córdoba; Córdoba > Neuquén > Córdoba; Mendoza > Neuquén > Mendoza y Mendoza > Tucumán > Mendoza).
En el caso de la aerolínea Flybondi, ya lleva más de 2.500 vuelos reprogramados (con demoras desde 2 horas en adelante) y más de 500 cancelados. "La aerolínea debió suspender la ruta Mendoza-Iguazú que dejará de operar a partir del 01 de octubre de 2019", dijo la empresa en un comunicado.
El Gobierno y las dos empresas aéreas dijeron que apelaron el fallo, y se espera una definición sobre este tema por parte de la Cámara de Apelaciones de San Martín.
De acuerdo a lo indicado por fuentes judiciales a la agencia NA, la jueza desestimó con varios argumentos el informe presentado por la ANAC dónde se destaca que el 73% de las mediciones nocturnas no superan los límites aptos para "el buen descanso" de los vecinos, y el 27% restante corresponde a actividades ajenas al aeropuerto.
Señala el estudio que de acuerdo al requerimiento de medir por separado el ruido aeroportuario de noche y de día, se realizaron mediciones de sonido, utilizando el parámetro más recomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en el rango horario de 22 a 7 horas, tomando como referencia el límite de 55 decibeles.
En ese informe, se determinó que el 73% de los ruidos detectados están dentro de los parámetros permitidos y el 27% son ajenos a la actividad del aeropuerto. “De los 26 primeros registros sólo muestra que 7 de ellos superan levemente los 55 decibeles, debido a razones ajenas a la actividad aerocomercial”, señala el informe. Sin embargo, la jueza rechazó el estudio por lo que desde el Gobierno decidieron apelar la medida.
