La diputada radical por Córdoba, Soledad Carrizo, presentó dos proyectos que buscan fortalecer el derecho a la privacidad y evitar las filtraciones de escuchas telefónicas. 

El primer proyecto fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que promueva la implementación de nuevas tecnologías para la interceptación de comunicaciones; con especial consideración sobre el reemplazo de CDs físicos por otras herramientas de almacenamiento que impidan su copiado y adulteración.

Asimismo, la legisladora cordobesa solicitó que en coordinación con la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso se diseñe un protocolo de destrucción y eliminación de los archivos con información interceptada una vez utilizada.

Por otra parte, la segunda propuesta condensa un proyecto de ley que persigue la modificación de las leyes (ley 25.520 de Inteligencia Nacional, el Código Procesal Penal de la Nación, la ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el Código Penal y el decreto PEN –DNU- 256/2015) que hoy regulan el sistema de interceptación de las comunicaciones en nuestro país. 

En este contexto, la propuesta busca lograr mayor transparencia y confianza ciudadana en el sistema, proponiendo un mayor control de todas las personas intervinientes en el proceso de interceptación de las comunicaciones; la creación de un sistema (protocolo) de custodia sobre todo el proceso de interceptación, y un control posterior de la manipulación de la información obtenida; asegurando su inviolabilidad, confidencialidad e inalterabilidad de su contenido.

Además, busca la efectiva destrucción del contenido una vez cumplida su finalidad, permitiendo el control posterior de dicha eliminación por parte del juez competente que lo requiera; y el incremento de las penas y creación de nuevas figuras penales para perseguir a todas aquellas conductas violatorias del secreto y confidencialidad.

"Los problemas generados por la utilización de tecnología anticuada, la falta de transparencia y la debilidad de los controles de todo el sistema de escuchas han derivado en la filtración de conversaciones privadas que constituyen un elemento de prueba dentro de un proceso de investigación penal que debe ser protegido tanto para los imputados como para el éxito de la propia causa", afirmó Carrizo.

Asimismo, agregó: "Estas filtraciones, han provocado una seria preocupación sobre la seguridad de la información que se obtiene de la interceptación de las comunicaciones, sobre la confianza en su manipulación y custodia, y sobre la responsabilidad de quienes llevan indebidamente la difunden”.