Mestre se va, ¿pero Uber se queda?

Una nueva página se escribe por estas horas en el infinito capitulado de la relación entre Uber y la Ciudad de Córdoba. Luego de que la empresa decida desembarcar, para muchos sorpresivamente, en la capital provincial, la situación parece haber llegado a un punto de tensión extremo. Otra vez.

Con un nivel de oportunidad que trajo aparejado un sinfín de especulaciones, Uber anunció que su servicio estaría habilitado en el centro del país en el mismo momento en que Ramón Mestre inauguraba el túnel de Plaza España (quizás, su última “gran obra” al frente de la Intendencia) y que Martín Llaryora era proclamado como intendente electo.

Por razones estrictamente temporales, el “tema Uber” es un problema que concierne exclusivamente a la gestión Mestre. La quietud y los intentos truncos por encontrar una salida al conflicto que representa la llegada del sistema de intermediación para el transporte de pasajeros es un problema con el que no tuvieron que lidiar ninguno de sus antecesores y que, a la luz de los acontecimientos, sólo al radical saliente le explotó en las manos.

Hay que remontarse a diciembre del 2018 para encontrar el último intento por encontrarle una salida consensuada al tema. Allí, cuando se aprobó el marco regulatorio para taxis y remises vigente, el interbloque oficialista se rompió y el resultado fue dejar en suspenso la posibilidad de habilitar la entrada a Uber o prohibirla de modo taxativo.

Uber, entre nosotros

A pesar de que el intendente y el secretario de Servicios Públicos (Pablo Farías) afirman que se trata de un funcionamiento fuera de la ley, desde el lunes por la tarde cualquier cordobés puede descargar la app y buscar un chofer disponible para vivir eso que se vende como la “experiencia Uber”.

En la discusión de diciembre, el concejal Juan Negri fue uno de los que empujó para que la prohibición respecto a la llegada de las aplicaciones al sistema de transporte de pasajeros no quedara de manifiesto en la norma regulatoria.

En su visión, el sistema actual va quedando “vetusto” con el paso de los años. El pasado martes, mientras reconocía la “ilegalidad” del desembarco y repudiaba el “nivel de violencia” con el que reaccionaron taxistas y remiseros, advertía que resulta muy complicado “controlar la situación general del transporte de pasajeros en la ciudad”. Esa situación es reconocida por las autoridades del municipio que lograron desactivar (por un rato) la protesta de choferes con la promesa de “fortalecer los controles”.

“Hay un status quo que muchos quieren mantener a costa de no mejorar el servicio”

Obvio que no hay datos oficiales, pero se estima que la cantidad de “remises truchos” funcionando en la periferia de Córdoba equipara a los coches habilitados. Los inspectores encargados de controlar todo ese conglomerado vehículos son menos de 40.

Si bien Negri reconoce que “Uber no se presentó en Córdoba, no se inscribió como empresa en ningún lado”, advierte la necesidad de repensar y rediscutir el sistema de un modo integral. Y, en ese momento, es en donde su mirada choca con la de quienes se oponen de modo tajante a la incorporación de las aplicaciones. “Hay un status quo que muchos quieren mantener a costa de no mejorar el servicio”, señalaba en una entrevista con Radio Nacional Córdoba.

Desde el peronismo prefieren mantenerse en silencio. Entienden que la resolución del conflicto le corresponde a la actual gestión y esperan que Mestre pueda tomar las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y poner fin a situaciones violentas como las del pasado lunes.

Lo que vendrá

Más allá de que el cambio de mando en el Palacio 6 de Julio tiene fecha para el 10 de diciembre, la proclamación de las autoridades electas en mayo abre el paso a la puesta en marcha a la Comisión de Transición de la que deben participar referentes de las autoridades entrantes y de la gestión saliente. Si bien desde ambos lados advierten que no se tratará de un cogobierno, lo cierto y concreto es que Mestre ya anticipó que pedirá que Llaryora aporte su mirada sobre el conflicto con Uber.

Es posible que, puertas adentro, el intendente electo pueda dar una impresión sobre los acontecimientos, pero no saldrá a sentar posición pública. El razonamiento es simple y por demás lógico: si se manifiesta a favor de la aplicación, se pondrá en contra a choferes de taxis y remises (con todo lo que eso significa); si se pronuncia en contra, se ganará la antipatía de los cordobeses que entienden que Uber viene a representar un elemento necesario para mejorar el servicio del transporte de pasajeros en la ciudad.

Más allá de los controles y las vías administrativas en la Justicia, que pueden llegar a dar la razón al municipio (un reciente caso en Mar del Plata sirve como antecedente inmediato) y ordenar “la baja” de la app en territorio capitalino, la única solución a la vista está en la modificación del marco regulatorio. Uber, sus choferes y sus usuarios, ya han demostrado no amedrentarse con las amenazas de sus principales oponentes.

Quinteros: “Será una buena oportunidad para discutir todo el sistema de transporte”

“Yo no puedo estar a favor de este tipo de trabajo precarizado, aunque eso no significa que yo esté en contra de la tecnología en pos de la mejora del servicio. Si la situación se extiende hasta el próximo Concejo, será una buena oportunidad para discutir absolutamente todo el sistema del transporte de pasajeros en Córdoba”, dice Juan Pablo Quinteros.

“Yo quiero saber quiénes son los dueños de las chapas, crear un registro para saber el nombre de los titulares de taxis y establecer un criterio nuevo para distribuirlas. Acá han creado grandes empresarios a partir de la entrega de habilitaciones y yo no estoy de acuerdo con que eso exista, las chapas tienen que estar a nombre de los que laburan”, señala en concejal electo por Encuentro Vecinal Córdoba.

Vilches: “Rechazamos este tipo de plataformas”

“Nosotros rechazamos este tipo de plataformas porque atentan contra la condición de trabajadores de los choferes. Este capitalismo de plataforma sólo aporta inseguridad para los pasajeros y degradación de los vínculos laborales de quienes ya tienen derechos reconocidos, como son taxistas y remiseros”, dice Laura Vilches.

Para la concejala electa del Frente de Izquierda, “el problema no es de regulación, sino de rediscutir las características del transporte público. Hay que fortalecer el funcionamiento de los colectivos para que cada vez haya más pasajeros que se movilicen en él y se pueda despejar el centro de autos, que es uno de los principales problemas del caos de tránsito que tenemos en la ciudad”, señala.

“Hay que garantizar los derechos laborales, trabajar para mejorar el servicio y apostar por la eliminación del lucro privado en los servicios que debe ser responsabilidad de los Estados”, afirma, a la vez que señala que “si hay miles de personas dispuestas a poner sus autos a disposición de Uber sin que eso les garantice ningún derecho, es porque no hay laburo. Y si hay un montón de usuarios que ven ahí una ventaja porque es más barato y más cómodo es porque el bolsillo está cada vez más flaco y el sistema no ofrece la calidad que tiene que ofrecer”.

El antecedente de Mendoza

El ejemplo a favor de la empresa está en la provincia de Mendoza. Allí, la Legislatura (a cargo de regular los servicios públicos de todo el territorio) modificó la Ley de Movillidad y le puso condiciones a Uber para empezar a funcionar. Tuvo que inscribirse como un emprendimiento privado, designar personas a cargo y regularizar su situación tributaria. Eso no eliminó los conflictos, pero al menos intentó regularlos.

Con las divisiones internas ya puestas de manifiesto entre los ediles oficialistas, también resulta difícil (casi imposible) que el Concejo Deliberante pueda modificar el marco regulatorio antes del 10 de diciembre, por lo que lo más probable es que el “tema Uber” termine formando parte de la “herencia mestrista” que deberá recoger la gestión de Hacemos por Córdoba.

  

 

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