Este jueves a las 12.30 en Entre Ríos 680 las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer realizarán una olla popular en defensa de sus derechos y en reclamo de condiciones de trabajo que no pongan en riesgo su vida, así se lo señalaron a La Nueva Mañana.
"La semana pasada dos compañeras fueron amenazadas de muerte durante una visita domiciliaria a las personas involucradas en una denuncia por violencia familiar. No es el primer episodio de estas características y consideramos que el desfinanciamiento y la negligencia de las autoridades, quienes no garantizan las condiciones de seguridad y resguardo, son el principal factor de riesgo", indicó María José Igarzabal, delegada de ATE y trabajadora del área de Constatación, de Violencia Familiar.
El hecho grave ocurrió en Río Ceballos, cuando dos psicólogas del área de Constatación de la Dirección de Violencia Familiar, realizaban un procedimiento en una vivienda desde la cual habían recibido una denuncia por violencia de género. Acompañadas por un chofer y un policía, tocaron el timbre de la casa y al salir un hombre -el supuesto agresor- le consultaron si se encontraba la mujer. Fue allí que, tras ver que el auto tenía un cartel del Ministerio de Justicia, el hombre comenzó a insultarlas y a amenazarlas, y luego, cuando las trabajadoras se encerraron adentro del vehículo, comenzó a patear las puertas y los vidrios, sacando un arma de fuego.
Tras el hecho, las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer, la entidad provincial que debe dar respuesta a la violencia hacia las mujeres y la trata, declararon el estado de asamblea permanente y denunciaron la situación del área de Constatación a través de un comunicado.
El área es por ley la responsable de responder oficios judiciales, que por medio de entrevistas domiciliarias interdisciplinarias a las personas involucradas, realizan una valoración de riesgo, que le otorga a los juzgados intervinientes herramientas para determinar las estrategias de resguardo a implementarse. Asimismo, en la actualidad, cuenta con 10 profesionales entre trabajadoras sociales y psicólogas, que por la modalidad de trabajo interdisciplinario, se traduce en dos equipos por turno para abarcar Córdoba Capital y Gran Córdoba, siendo que la ley exigía ya en el 2006, es decir hace más de diez años, 16 profesionales.
En ese sentido, Igarzábal explicó a La Nueva Mañana que "el objetivo de la medida de fuerza es visibilizar la falta de personal y de recursos, y de mostrar los riesgos a los que estamos expuestas día a día en nuestras tarea de luchar contra la violencia de género en la provincia de Córdoba. Por eso exigimos que nuestro trabajo sea considerado de una vez por todas insalubre y riesgoso, hasta que las medidas de resguardo solicitadas sean garantizadas".
Los peligros a los que hace referencia Igarzábal están dados por la naturaleza misma de la labor que desarrollan psicólogas y asistentes sociales al asistir a los domicilios de mujeres que denuncian situaciones de violencia. Son mujeres defendiendo mujeres y en muchos casos, al no contar con una estructura desde la institución, que brinde presupuesto y recursos, quedan expuestas al agresor, como pasó dos días atrás.
"En nuestro país, cada 18 horas se comete un femicidio y en respuesta, el gobierno de Schiaretti, rechaza la Ley de Emergencia, reclamo principal del Ni Una Menos", se quejan las trabajadoras.
Asimismo, dijeron que "se usan las reivindicaciones de la lucha de los movimientos de mujeres con fines de propaganda política, porque asistimos al desmantelamiento de nuestro lugar de trabajo".
Polo Integral de la Mujer
En este lugar funciona la Secretaría de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y Trata de personas, así como dos subsecretarías. Hay un área de Servicio Telefónico, para formular denuncias; otra de Asistencia, otra área de Constatación -que trabaja con oficios judiciales- y otra área de Botón Antipánico, que tiene dos equipos. También funciona un refugio para mujeres en situación de violencia .
