A dos semanas de la publicación del Decreto 567/2019 por el que se quita el IVA en 14 productos de la canasta alimentaria para compensar el impacto de la devaluación post Paso, la medida terminó teniendo el efecto contrario al “alivio” que pretendía, abriendo varios frentes de conflicto.

Por un lado, la semana pasada, el Centro de Almaceneros de Córdoba envió una carta al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en la que le pide la inclusión en la aplicación de los minoristas monotributistas que conforman el 58% de los comercios del sector y que quedaron fuera del programa por no ser responsables inscriptos. Vanesa Ruiz, gerente de la entidad, confirmó en las últimas horas a La Nueva Mañana que aún no tuvieron respuestas a esa nota.

En tanto, 13 gobernadores de provincias de la oposición pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare inconstitucional el decreto presidencial que establece la reducción del IVA a productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible para la deducción del Impuesto a las Ganancias. Se trata de los mandatarios de Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Córdoba decidió no acompañar la presentación.

Por su parte, desde la Asociación Protectora de Defensa al Consumidor, Mariela Moncada explicó que existen muchas dudas respecto al cabal cumplimiento de la medida porque en una gran parte de los comercios no exhiben carteles en los que expliquen cuál era el precio con IVA, para determinar si se cumple o no con el descuento. También evaluó que era más efectivo el sistema de devolución del IVA que implementó el gobierno de Cristina Fernández en compras a través de débito automático porque el consumidor veía en su bolsillo ese dinero.

“En general, la gente tomó el plan con mucha expectativa esperando ver cómo impactaría en el precio final de los productos. Pero nosotros recibimos muchas denuncias y pudimos verificar que hay comercios donde, o no se aplicó la quita o no se informó bien. Entonces termina siendo una buena medida que en la práctica no se lleva a cabo de la debida forma”, aseveró Moncada.

Desde la asociación difundieron días atrás la modalidad con la que debería comunicarse el descuento en los 14 productos de la canasta básica alimentaria. “Si bien la resolución no lo dice, por el artículo N°4 de la Ley de Defensa del Consumidor, creemos que los comercios deberían informar el precio anterior con el IVA, el monto de la quita y lo que vale ahora el producto, es decir el precio final en la góndola o en el ticket. La información tiene que estar en la mano del consumidor. Pero en muchos de los casos, esto no ocurre”, precisó Moncada a La Nueva Mañana.

“Ante la duda, el consumidor puede presumir que el impuesto no se lo están descontando y hacer la denuncia en la oficina de Defensa al Consumidor más cercana o contactarse a través de la página de Facebook Defensa al Consumidor Córdoba”, señaló.

“En estos tiempos donde hay tanta variación por la suba del dólar. Sabemos de algunos comercios decidieron directamente sacar los precios de exhibición y esa es una infracción que amerita que Defensa del Consumidor intervenga, controle y de constatar, sancione y multe”, explicó.

“Ocurre que no estamos informados como consumidores, y ante el revuelo que hay con la remarcación constante, y la variación de precios entre un comercio y otro, la gente no tiene precios de referencia. Por eso, cada comercio le pone el precio que le parece y si lo ve rebajado dos o tres pesos, piensa que se aplicó la quita del IVA cuando en realidad no fue así”, dijo.

En ese sentido, admitió que la asociación aún no realizó un relevamiento en los comercios de Córdoba de la aplicación del decreto, como ya ocurrió en Mendoza, pero confirmó: “Está en los planes hacerlo”.

Quita versus devolución del IVA

Por otro lado, Moncada señaló que la modalidad que tendría que haber aplicado el Gobierno para que el control de precios fuese más efectivo debiera haber sido la del descuento del IVA a través de tarjeta de débito, como se había implementado durante la gestión anterior.

“Se debería haber hecho algo similar para que el consumidor viera impactada esa quita en su bolsillo. La tarjeta de débito es ideal y de fácil acceso, y la devolución hubiera sido efectiva. Porque si no es una buena medida que queda sólo en un slogan”, aseveró Moncada.

La gerente del Centro de Almaceneros, Vanesa Ruiz, coincidió con Moncada y recordó a La Nueva Mañana que en aquel programa, los comerciantes minoristas estaban incluidos.

“Trabajamos fuertemente desde la entidad para la implementación de las terminales electrónicas en los comercios del sector para poder devolver el IVA al cliente. Hubiera sido un buen método e incluso mucho más amplio si se hubiera realizado con esa modalidad en esta oportunidad. Recordemos que el beneficio para los jubilados se desactivó desde enero de 2019”, señaló Ruiz.

Según precisó, los resultados obtenidos en esos años para la implementación de terminales electrónicas fue positiva. “Teníamos una base de solo el 7% de los comercios en el rubro de alimentos y bebidas que trabajaban con tarjeta, y se pasó a un 44%. Es una herramienta que está cada vez más implementada en los consumidores para la venta por débito y por cuotas con tarjeta de crédito. Está claramente comprobado: quien tiene la terminal electrónica por supuesto que vende más”.

Asimismo, sostuvo que los comercios del sector están acostumbrados a trabajar con el sistema, incluso con la Tarjeta Social que carga 1000 pesos por mes a los beneficiarios. “Hubiera sido un buen canal incluso para potenciar a los comercios para que trabajen con terminales electrónicas. Cómo está implementado el sistema, hoy sería más beneficioso que la quita la realicen mayoristas y proveedores para que llegue el beneficio a todos. Porque claramente los comercios estamos en una tremenda desventaja, ya que se potencia al sector comercial más pudiente. Los consumidores más humildes, los que compran en su zona y no tienen un supermercado o hipermercado cerca, están excluidos del programa y el beneficio no les está llegando”, dijo la gerente del Centro de Almaceneros.

Más equitativo y más fácil de controlar

Sobre el tema, el economista Jorge Ingaramo explicó que “devolver el IVA en la tarjeta de débito, en la tarjeta de una persona que está en un plan social o a un jubilado que cobra la jubilación mínima, es más equitativo desde el punto de vista social y mucho más fácil de controlar porque simplemente se deduce automáticamente. Además se sabe a partir del registro electrónico dónde compró la persona y se puede cruzar información para saber si efectivamente el descuento se cumplió y si quien le vendió estaba en regla”.

Para Ingaramo, el decreto implementado por el gobierno de Macri tiene por defecto que no se puede controlar que todos los comerciantes, almaceneros y el sistema informal, efectivicen la quita del IVA. Además, cuestionó que un contribuyente de ganancias o autónomo tenga el beneficio y esté en la misma situación del jubilado que gana un haber previsional mínimo. “Tiene sentido que la medida se cumpla para redistribuir los ingresos en favor de los que menos tienen a fin de que accedan a una canasta alimentaria básica”, evaluó. “Pero quisieron llegar a la clase media. Por eso no me parece que sea una medida equitativa”, subrayó.

Asimismo, criticó que se tomó una canasta familiar de productos secos no perecederos que desde el punto nutricional también es cuestionable.

Según el economista, en un ambiente inflacionario y con una devaluación tras la Paso del 30%, donde se produce un traslado constante a los precios, se aplicó la desgrabación de IVA, selectiva y parcial que no trajo soluciones. Para Ingaramo, como el Frente de Todos había propuesto un proyecto similar, lanzar esta medida para el gobierno de Macri fue una forma de decir: “Querían populismo, ahí tienen”. “Francamente, yo no veo que este sistema vaya a resolver el problema”, evaluó.

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