La Provincia obtuvo un puntaje promedio de 50,1, ubicándose justo por encima del indicador que elabora el Gobierno provincial en conjunto con ONU Mujeres, PNUD e Idea Internacional, a través del programa “Atenea”.

La provincia de Córdoba, que cuenta desde el 2000 con leyes de paridad de género, en este marco, el Gobierno provincial firmó un convenio de cooperación con los organismos internacionales ONU Mujeres, PNUD e Idea Internacional para la aplicación del programa “Atenea”, a partir del cual Córdoba es la primera provincia del país en contar con un Índice de Paridad Política (IPP).

Los primeros resultados permiten trazar un cuadro de situación de la paridad política en la provincia, un punto de partida que indica que existen áreas significativas de progreso, aunque también hay importantes desafíos que atender para que la paridad en la toma de decisiones públicas sea una realidad efectiva en la provincia.

En general, Córdoba obtuvo un puntaje promedio de 50,1 sobre un total de 100 puntos posibles, que la ubica por encima del promedio nacional.

Al considerar las siete dimensiones del Índice, el puntaje más alto se alcanzó las referidas al “Poder Judicial” (con 66,7 puntos sobre 100), “Compromisos con la igualdad en la constitución y el marco legal” (60 puntos) y “Gobierno municipal” (59,8 puntos). Por su parte, los puntajes más bajos se registran en las dimensiones “Partidos Políticos” (26,3 puntos) y “Poder Ejecutivo y administración pública” (32,3 puntos).

Es decir, si bien en tres de las siete dimensiones de análisis la provincia obtuvo puntuaciones superiores a los 50 puntos (lo cual implica condiciones más propicias para la participación de las mujeres en lo público), en otras cuatro los avances parecen ser más lentos, sobre todo teniendo en cuenta que Córdoba ha sido, en el impulso de la paridad, una provincia pionera en el contexto nacional.

Índice de Paridad en la Provincia 

Respecto del “Poder Judicial”, el desempeño en el IPP se debe a la presencia paritaria de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y en el Tribunal Electoral Provincial, aunque este último no cuenta con una Unidad de Género (lo cual baja el puntaje).

En la dimensión “Compromisos con la Igualdad”, el alto puntaje logrado se debe a la inclusión del principio de igualdad entre hombres y mujeres en el marco constitucional, junto a la existencia de leyes integrales de acceso a una vida libre de violencia (Ley 10352 de Adhesión a la Ley Nacional 26485; Ley 10.400 modificatoria de la Ley 9283 de violencia familiar; Ley 10401 de “Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la mujer por cuestión de género, en el marco procesal, administrativo y jurisdiccional”) y contra actos discriminatorios (Ley 10.326). Como contracara, se registra la inexistencia de una Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, junto a la no inclusión del principio de paridad en la Constitución de la Provincia.

En la dimensión “Gobierno municipal" el puntaje del IPP pondera la elevada presencia de mujeres en los Concejos Deliberantes de los municipios (45% en promedio), un ámbito en el que rigen leyes de paridad y de cuotas según los casos). En contrapartida, la presencia de mujeres en el cargo de Intendenta (donde no se aplican reglas de paridad) es reducida (14,5% en promedio), aunque se encuentra por sobre el promedio nacional que ronda el 10,2%.

A continuación, en la dimensión de “Cuotas/Paridad” (con 59,8 puntos) se destaca la existencia de una ley de paridad clara en su formulación, que rige para candidaturas legislativas y a cuerpos colegiados, aunque presenta la limitación de no aplicarse a los cargos de la Legislatura que se eligen en distritos uninominales. Además, la puntuación refleja la inexistencia de reglas de paridad para puestos de la Administración Pública y el Gabinete provincial.

Pese a la ley de paridad, la dimensión que mide la presencia y las condiciones de ejercicio del cargo de las mujeres en el “Poder Legislativo” obtuvo un puntaje intermedio de 45,8 puntos. Los valores más altos se registran en los indicadores relativos a los porcentajes de candidatas a legisladoras (78,2) y de legisladoras electas (65,8), mientras los valores descienden cuando se examina dónde están situadas las mujeres en las estructuras de poder interno (mesa directiva, presidencias de comisiones).

A su vez, se destaca positivamente la existencia de una comisión especializada en el tratamiento de temas de mujeres y género, así como la ausencia de una bancada femenina que agrupe a las legisladoras de distintos partidos y de una unidad técnica para la transversalización de género.

En el extremo de las dimensiones con menores puntajes, la de “Partidos políticos” muestra el cuadro de sitación más restrictivo para la participación políticas de las mujeres. En este caso, el máximo puntaje obtenido se observa en el indicador sobre la presencia de mujeres en las máximas instancias ejecutivas provinciales, donde representan en promedio un 71,6 debido, en gran medida, a existencia de mecanismos para favorecer su participación En cambio, se registra un bajo nivel de compromiso con los principios de igualdad de género y no discriminación por sexo en las cartas orgánicas y sólo uno de los ocho partidos considerados cuenta con una unidad de la mujer (Partido Justicialista).

En la dimensión “Poder Ejecutivo y Administración Pública”, con el segundo puntaje más bajo, al momento de la medición del IPP ninguna mujer desempeñaba el cargo de ministra en la Provincia. A su vez, respecto del indicador que puntúa la existencia y el nivel jerárquico del área de la mujer o de género en el Poder Ejecutivo, Córdoba logró solo la mitad del máximo puntaje posible (50 puntos sobre 100), pues el Consejo Provincial de las Mujeres no tiene rango ministerial.