En estos tiempos, el acceso a servicios básicos como agua potable y cloacas es un indicador de la situación de una comunidad. En la provincia de Córdoba, la disponibilidad de recursos para cubrir las demandas elementales de sus habitantes está condicionada por el factor natural y por el manejo racional de esos recursos.
En ese punto, le toca a los municipios la dura tarea de organizar y gestionar la provisión de esos servicios que son fundamentales para una buena calidad de vida.
Con diferentes modelos de administración, con necesidades diversas, pero con la profunda obligación de garantizar el acceso a estas prestaciones elementales, la provincia muestra un panorama diverso. La disponibilidad de fuentes de provisión de agua de calidad plantea una situación singular. En ese contexto, casi toda la llanura cordobesa, abarcando desde el extremo sudeste hasta el noreste, toma el valioso líquido de la cuenca cercana a la ciudad de Villa María, obligando a contar con una extensa red de acueductos para llegar a todas las localidades. En el resto del territorio, la situación se resuelve con perforaciones locales y la distribución desde los diques que dispone la provincia.
La disposición final de los efluentes cloacales es otro serio problema, por la falta de redes domiciliarias e instalaciones para el tratamiento de las aguas negras, lo que se transforma en un problema ambiental relevante al volcarse líquidos crudos a ríos o canales a cielo abierto.
Pero lo que también impactó en el desarrollo de los servicios fue la disputa política que hubo entre el gobierno de Córdoba y el Poder Ejecutivo que gobernó el país hasta diciembre del 2015. Eso hizo que se frenaran numerosos proyectos y trámites para obtener financiamiento, ya que la disponibilidad de recursos para obras para proveer servicios básicos estaba fuera del alcance de muchas pequeñas y medianas localidades cordobesas
En las principales ciudades cordobesas hay formas de administración que van desde entes municipales hasta servicios concesionados a prestadores privados. En Río Cuarto funciona el Ente Municipal de Obras Sanitarias (Emos), un organismo que depende del Departamento Ejecutivo y cuenta con un directorio integrado por representantes del gobierno de la ciudad, la oposición en el Concejo Deliberante y los trabajadores del ente.
En San Francisco existe la Administración Municipal de Obras Sanitarias (Amos), que si bien tiene un formato autónomo, es virtualmente una dependencia más de la Secretaría de Infraestructura. En Villa María, el servicio está concesionado a la Cooperativa “15 de mayo”, pero el contrato que la liga al municipio caducará en pocos meses. Por tal motivo se espera que el Ejecutivo decida si se mantiene este sistema o se estatiza el servicio. En el marco del Concejo Deliberante, la oposición sostiene que el mejor modelo sería una cooperativa de usuarios como gestora de los servicios. En gran parte del resto de las localidades cordobesas existen las cooperativas dedicadas a los servicios públicos, que se ocupan de operar sobre las redes locales. Un dato relevante a tener en cuenta es que en la mayoría de las poblaciones los servicios de agua y cloacas cobraron impulso recién en los últimos 50 años, a través de iniciativas propias o transferencias de esas responsabilidades desde el Estado. Aunque aún existen lugares que recién ahora están accediendo al agua potable e instalaciones de saneamiento.
Las necesidades de cada localidad son diferentes y dentro de su estructura social las posibilidades también son diversas. El desafío para los administradores de los servicios es lograr la eficiencia para satisfacer la demanda del consumidor llegando a todos ellos.
“Tenemos que buscar la igualdad en la sociedad. Hay un sector que puede llevar a cabo muchísimas obras y hay otros sectores que por las distintas situaciones que les toca vivir no pueden llevar las obras que tendría que tener cada barrio. En ese sentido hay que buscar el equilibrio, compensar y poder acompañar, porque si se logra tener una sociedad homogénea, esto hace que la ciudad siga creciendo”, reflexionó sobre ese asunto el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca.
A cada paso surgen problemas de distinto orden que requieren soluciones particulares. El efecto de las inundaciones sobre la napa freática, el deterioro de las instalaciones, los mecanismos de facturación, las falencias en los marcos regulatorios y el costo de los servicios son los más frecuentes. Además no debe descartarse la tirantez que puede surgir entre un gobierno municipal y otro factor de poder local como puede ser una fuerte cooperativa.
A modo de ejemplo vale apuntar que en las últimas semanas surgió en San Francisco un planteo de vecinos que fue llevado al Concejo Deliberante por la concejala de Cambiemos, Paola Colombano. Se trata de notables diferencias en la facturación del servicio de agua comparando facturas consecutivas, lo que sembró dudas sobre si se realiza la medición domiciliaria y dejando en evidencia un vacío legal relacionado con el mantenimiento de los caudalímetros, que se usan para controlar el consumo.
Desde el municipio se emitió un comunicado que establece que es responsabilidad del frentista “mantener intacto el medidor y en condiciones idóneas para la toma de lecturas”. Ante este punto, Colombano advirtió que en otros servicios medidos como gas y electricidad, el usuario no puede tocar el aparato que sirve para controlar el consumo, dejando latente una situación polémica.
Los requerimientos son continuos. La necesidad es imperiosa. Y esto obliga a realizar nuevas obras e incorporación de infraestructura y tecnología.
En un somero repaso podemos decir que la tarea es continua, tanto por parte del Gobierno provincial como de los propios gobiernos locales y operadores de los servicios.
A fines del año pasado, el Ente Municipal de Obras Sanitarias (Emos) de Río Cuarto adquirió 11 nuevas bombas para ser utilizadas en las perforaciones ya existentes en la capital alterna de la provincia. Esa inversión permite mantener a distribución domiciliaria pese a que se produzcan roturas de caños.
En esa misma ciudad se está construyendo la nueva planta de tratamiento de efluentes, con un costo de alrededor de 330 millones de pesos. Una obra de gran magnitud que se iniciará en los próximos meses es la nueva cloaca máxima y la ampliación de la planta de efluentes para San Francisco, que demandará una inversión de 450 millones de pesos.
En Villa del Totoral y Cruz del Eje se realizarán sendos proyectos de remodelación y ampliación de las plantas de tratamiento de agua potable, con instalaciones complementarias como nuevas tomas, acueductos y cisternas de almacenamiento.
Otros proyectos relevantes son la extensión de la red domiciliaria de cloacas en Villa Carlos Paz y la licitación para la construcción de las plantas de tratamiento en las cuencas norte y oeste del lago San Roque, que se harán a través de fondos provenientes del Gobierno nacional avalados por la Provincia.
También están en marcha nuevas redes de agua y proyectos de redes cloacales en localidades del centro, sur y sudeste del territorio cordobés.
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