Crecen las quejas sobre la presión impositiva de los distintos niveles del Estado. En Córdoba los sectores productivos y comerciales cuestionan duramente la incidencia de los tributos.
Política30/06/2017 Miguel Perín
El costo del funcionamiento del Estado y la forma de financiarlo es una materia pendiente para nuestro país. Y cada día que pasa se suman voces reclamando por un nuevo marco legal y político.En este contexto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reitera una y otra vez que su política se basa en “bajar el déficit y bajar impuestos”. Eso sí, el ritmo será “gradual”, muy al estilo Cambiemos.
Pese a los discursos, los hechos muestran que el gobierno nacional sigue siendo tan centralista como sus predecesores a la hora de redistribuir la riqueza que se genera en todo el país. En tanto, en Córdoba, desde las entidades gremiales empresarias hubo en las últimas semanas fuertes cuestionamientos a la presión tributaria del Estado, apuntando principalmente a la Municipalidad de Córdoba por aplicar el recurso de la sobretasa para un fin determinado y al costo de la electricidad, que enmascara a numerosos tributos ajenos al servicio.
“El valor de la energía hoy pone en riesgo la subsistencia de muchas empresas personales, industrias, y de servicios”, dijo en su momento la Federación Comercial de Córdoba. Por su parte, la Unión Industrial de Córdoba se quejó de lo que fue calificada como “insostenible” presión fiscal del municipio capitalino.
El intendente de Villa María, Martín Gill, se pronunció por no eludir el debate sobre una reforma tributaria, en el que no se omita la situación de los gobiernos locales.“La Argentina tiene una deuda pendiente que es debatir una instancia de coparticipación que es absolutamente inequitativa. Hoy el 75 por ciento de los recursos de la Argentina se los queda la Nación, y después tenemos las provincias y los municipios, por lo tanto la distribución es muy inequitativa en un proceso que, al menos en los 30 años de Democracia, ha ido en sentido inverso, con el fortalecimiento de los gobiernos locales a la hora de prestación de servicios”, comentó el mandatario.
Esa política de transferencia de responsabilidades no fue acompañada por la redistribución de los recursos. “Hay que pedir la plata para que te la envíen”, se quejó.
Sobre la cuestión, el intendente de Arroyito, Mauricio Cravero (UCR), indicó que en materia tributaria “el hilo se corta por lo más fino”, ya que los reclamos casi siempre apuntan a la supuesta voracidad fiscal de los gobiernos locales.
En la coyuntura, el jefe comunal apuntó principalmente al costo de la energía como un elemento distorsionador que genera el malestar de los contribuyentes.
“Los mismos vecinos le reclaman al municipio que es lo que tiene más cerca pero, nos olvidamos que todo el aumento viene de EPEC, del gobierno de la provincia de Córdoba”, argumentó Cravero, quien agregó que las alícuotas que se aplican sobre el servicio se mantienen desde hace años y no tienen que ver con las variaciones de costos del servicio, que es donde se debe profundizar el análisis.
Por otra parte, Cravero fijó posición sobre la necesidad de un debate para reformular la política tributaria en el país. “Estamos convencidos que los gobernadores se deben sentar con el gobierno nacional e involucrar al Congreso, que es donde se debe sancionar este cambio en la coparticipación. Tiene que haber una reforma impositiva, desde el punto de vista de la coparticipación pero, no para perjudicar a uno o beneficiar a otro. La nueva ley tiene que ser equitativa y que le sirva a todos”, afirmó el jefe de gobierno de Arroyito.
Hay algunas experiencias que permiten afirmar que se puede atenuar el impacto de las contribuciones. En este sentido, en Villa María apostaron por un cambio de criterio que aparentemente funcionó. “Nosotros nos animamos a hacer una política no ortodoxa este año. Consideramos que la situación social del país era una situación límite, que aumentar las tasas municipales y aumentar la presión tributaria iba a ser generadora de que mayor cantidad de gente no pudiera pagar aunque quisiera”, relató el intendente de la tercera ciudad de la provincia.
Fue así que se armó una fórmula polinómica en la que se contempló la capacidad de cada contribuyente, los servicios efectivos que se prestan y el valor dominial que se tenía. A ello se sumó la eliminación de impuestos sobre actividades comerciales y productivas y la creación de una tarifa social integral para pequeños contribuyentes. A raíz de estas medidas, el 88 % de los contribuyentes pagan menos que en el 2016, con una reducción máxima del 30 por ciento. El 12 por ciento restante tuvo aumentos que no superaron el 20 por ciento. La consecuencia fue ampliar la base tributaria, no se ahogó el consumo, y los datos del primer trimestre indican que se aumentó la recaudación un 47 por ciento comparando con el año pasado. Para el municipio villamariense, los ingresos propios representan casi dos tercios de sus recursos totales, lo que muestra la importancia de asegurar ese flujo de dinero hacia sus arcas. La política tributaria debe cambiar. Se trata de decisión política nada más, para romper esa costumbre de la dirigencia política argentina de, metafóricamente, “cazar en el zoológico” a la hora de cobrarle a los contribuyentes.El escenario político del 2017 puede ser la plataforma de lanzamiento del debate sobre la redistribución de los recursos, apuntando a lograr un Estado sustentable. Si se logra, sería comenzar a saldar una enorme deuda, que no solo se mide por cantidad de billetes sino que significa también la falta de desarrollo, la pobreza estructural y la miseria humana que hoy incide en el deterioro de la calidad de vida de los argentinos.
La sesión ordinaria de Diputados de este miércoles fue levantada abruptamente por el presidente de la Cámara, en medio de un clima tenso y fuertes cruces entre diputados y diputadas de Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA).
El juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini tomó esa decisión como magistrado de ejecución de la condena tras recibir una solicitud de la defensa de la ex presidenta, ante la llegada al país de Lula para la Cumbre de presidentes del Mercosur.
Los proyectos, impulsados desde el bloque de Unión por la Patria, no lograron los dos tercios de los votos necesarios para ser tratados este miércoles por el pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, se logró su emplazamiento a comisiones.
“Esto da lugar a los escrupulosos para algún tipo de abuso y los trabajadores se exponen a una precarización en sus condiciones laborales”, alertó la legisladora Doris Mansilla, respecto al proyecto de la diputada libertaria Marcela Pagano.
Legisladores de Unión por la Patria, con ayuda de una senadora del PRO, lograron el dictamen para dos proyectos de ley que plantean un aumento en las jubilaciones y la extensión de la moratoria por dos años.
La norma establece el procedimiento para que cualquier ciudadano argentino importe autos por cuenta propia, sin tramitarlas a través de concesionarias o importadores oficiales.
Majul había sido detenida el martes cuando registraba en video el centenario quebracho que la Municipalidad de Villa Allende y la empresa Caminos de las Sierras se aprestaban a retirar de la avenida Padre Luchesse, para avanzar con una obra vial.
Tras la masiva marcha por la ley de financiamiento, Adiuc resolvió profundizar el plan de acción en defensa de la universidad pública. La secretaria General del gremio, expresó que los salarios acumulan una perdida mayor al 40%.
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El ex funcionario dijo que se trató de un proceso “guionado” por “parte de la Justicia y parte del poder político”. Apuntó contra el ex Gobernador y dijo que el objetivo del juicio "fue evitar que un ministro del Gobierno provincial sea condenado".
El ministro de Economía defendió el precio del dólar tras fuertes cuestionamientos y aseguró que "Argentina no está en una situación ni parecida a tener un problema", aunque aseguró que el Gobierno sigue de cerca el déficit de cuenta corriente.
