Vivir en el interior y morir asesinadas

Lo que a simple vista pareciera ser una simple cuestión geográfica, no lo es. No es vivir fuera de las grandes ciudades lo que aumenta en las mujeres el riesgo de ser asesinadas.

Quienes están al frente de distintos observatorios de femicidios en el país hablan de abandono del Estado, de falta de asistencia a las víctimas, de fallas en la Justicia, de tierras de nadie donde las mujeres no tienen a donde recurrir para encontrar contención. En fin, de una centralización de los centros de ayuda, ubicados a decenas y cientos de kilómetros, que las vuelve doblemente vulnerables ante los agresores.

No es casual que de 10 femicidios relevados por el Colectivo Ni Una Menos en lo que va del 2019 en Córdoba, siete hayan ocurrido en distintas localidades del interior provincial, siendo que la mayor cantidad de habitantes se concentra en la Capital.

Y siguiendo el hilo llega la pregunta: ¿Qué hubiera pasado con las vidas de Aydee Alejandra Palavecino y Jesica Vanesa González, asesinadas hace menos de una semana en Anisacate y en Viamonte en vísperas de la cuarta marcha contra la violencia de género, de no haber vivido donde murieron?

Pero la foto no es exclusivamente cordobesa, el fenómeno se repite a lo largo y ancho de todo el país: mujeres cuyos nombres tienen más del doble de posibilidades de engrosar las listas leídas cada 3 de junio en las marchas.

Qué dicen las principales referentes

Para intentar arrojar un poco de luz sobre esta desigualdad, La Nueva Mañana habló con Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro -asociación civil que coordina el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano- y con Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora de Mumalá Córdoba, agrupación que también lleva adelante un observatorio.

Para Rico, esta brecha entre interior-Capital responde principalmente a que en las ciudades existen una mayor cantidad de dispositivos para que las mujeres puedan acudir a buscar ayuda, a diferencia de los pueblos o zonas rurales. “La situación es desesperante porque la falta de herramientas de contención trae consigo la naturalización de la violencia de género. La mujer naturaliza la situación y a veces ni siquiera puede replantearse de qué forma buscar ayuda. En las ciudades también articulan entre las víctimas y el Estado, las asociaciones civiles, como es el caso nuestro con La Casa del Encuentro. Algo que nosotras siempre decimos es que así como funciona la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) en Capital Federal, deberían existir oficinas similares en cada partido. Esa sería una solución porque ante una situación de riesgo, la mujer sabe que va a encontrar apoyo y que sola o con sus hijos, va a tener un refugio donde resguardarse”.

La presidenta de La Casa del Encuentro también señala a la Justicia. “Es patriarcal, no importa si está en una capital o en el interior. Sumado a ello, en los lugares más alejados y pequeños, la gente se conoce. Te podés encontrar con que el mismo fiscal o juez a cargo del caso tiene contacto directo con los actores, lo cual deriva en la revictimización de la mujer, haciendo foco en sus costumbres, cómo se vestía, etcétera. Ahí es cuando hablamos de justicia sexista, como ocurrió con los casos de Melina Romero y Lucía Pérez. Lo fundamental, aunque haga falta una norma nacional como la Ley Micaela, es que jueces y fiscales entiendan que hay una víctima y un victimario, eso es sobre lo que hay que trabajar. Esa cultura conservadora se ve más aun en el interior, es una cultura de protección al agresor y eso desestima que la mujer haga la denuncia”, explica Rico.

En ese sentido, Cabrera Fasolis de Mumalá, destaca que a través del Observatorio Nacional de Mujeres, Disidencias y Derechos, la agrupación viene registrando femicidios desde hace seis años. “Hay una tendencia continua donde el mayor número de femicidios se dan en el interior provincial de Córdoba. Esta cifra puede variar de año a año en un 70 u 80 por ciento, pero siempre la mayor cantidad son fuera de la Capital. Esto obedece a una profunda desigualdad de recursos y de información. Es una deuda pendiente en cuanto a las políticas públicas de asistencia pero también de prevención y de promoción de una vida libre de violencia. Es urgente la descentralización. Tenemos que pensar que así como en la primera marcha de Ni Una Menos el reclamo masivo de las organizaciones feministas fueron las casas refugio, después el Polo Integral de la Mujer donde se pudieran concentrar denuncias y acompañamiento con equipos interdisciplinarios, y luego la adhesión a la ley Micaela, ahora la materia pendiente es el interior”.

“En el interior el acceso a la información es deficitario, no existen prácticamente redes de contención. La última vez que se implementó una campaña masiva a nivel provincial para prevenir y sensibilizar contra la violencia de género fue hace cuatro años. Ese tipo de políticas, se necesita de forma continua. Los municipios deberían tener un rol protagónico en la lucha contra la violencia de género y acompañar con recursos acciones concretas. Y eso no se da, por eso cuesta tanto romper la lógica de inacción y silencio que suele ocurrir en las localidades más chicas”.

 

 

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