El transporte urbano, los residuos y el nombramiento de personal son tres de los temas más importantes que afrontan concejales opositores, de cara a la asunción del intendente electo.
Ed Impresa 31/05/2019
Ignacio Martín
CAMINO A DICIEMBRE
Luego de un 2003 que le dejó a Luis Juez la herencia de un municipio que se caía a pedazos, el peronismo representado hoy por Hacemos Por Córdoba volverá a gobernar la segunda ciudad más importante del país de la mano de Martín Llaryora. Esta vez, luego de ocho años de Ramón Mestre, principal figura del radicalismo cordobés, al frente de una gestión con claroscuros que fue desaprobada por sus vecinos no solo en las encuestas sino también en las urnas.
Es que además de ser el intendente con mayor imagen negativa en la provincia según un relevamiento de la consultora Delfos (el 67% de los consultados criticó su gestión), sumó un duro traspié en las elecciones del pasado 12 de mayo, donde no llegó al 9% de los votos en la Ciudad que gobierna, frente al casi 50% obtenido por Juan Schiaretti, finalmente reelecto al frente de la Provincia.
“Nosotros vamos a brindarle todos los elementos al intendente para que pueda llevar adelante su trabajo. Lo vamos a ayudar con un municipio que está ordenado”, remarcó el actual jefe comunal días después de los comicios. Y a pesar de la promesa, no son pocos los dirigentes y concejales hoy opositores que dudan al respecto, principalmente sobre temas que vienen aquejando a la capital provincial desde hace décadas y que ninguna gestión supo corregir, para desgracia de los mismos vecinos que eligieron a Llaryora.
De cara a diciembre y pensando en el inicio de su gestión, tres de las principales problemáticas que ya afronta Hacemos Por Córdoba son la situación del transporte urbano de pasajeros, los convenios de la basura y el nombramiento de personal. Este último, un clásico entre gobiernos que dejan el poder en manos de rivales de distinto color político.
Luego de la suba a $23,70 de finales del año pasado, aprobada en noviembre por el Concejo Deliberante, Córdoba pasó a encabezar la lista de ciudades argentinas en lo que respecta al valor del transporte público dentro del ejido urbano. A decir verdad, la implementación del nuevo sistema de transporte, que dejaba atrás los viejos corredores con letras y números, tuvo un avance en frecuencias, recorridos y accesos a barrios de la periferia; pero sin lugar a dudas todavía deja mucho que desear entre los usuarios que lo utilizan día a día para movilizarse. Anclado en el Centro de Córdoba, casi todas las líneas recorren de norte a sur o de este a oeste superficies de hasta 21 kilómetros. Y mientras la idea de buses barriales se volvió deficitaria por la poca cantidad de pasajeros con unos pocos recorridos que sobreviven hasta hoy, el colectivo en Córdoba padece de ser el único sistema medianamente accesible para unas 300.000 personas que viajan diariamente.
A su vez, la falta de frecuencias fijas mantenidas y cumplidas en el tiempo más la saturación de pasajeros en horas pico, se suma a conflictos con la UTA y con ex choferes enfrentados al gremio, lo que mantiene dos frentes abiertos que amenazan a la “normalidad” diaria del sistema.
Es que al gremio que dirige Carla Esteban no le tembló nunca el pulso para anunciar asambleas sorpresivas en puntas de línea que paralizaron durante horas varios recorridos, justificando las medidas con advertencias previas que nunca especificaron sobre líneas y plazos a los usuarios rehenes de las medidas de fuerza. La Municipalidad dispuso multas a las empresas ajustadas a ordenanza, pero en la realidad los números apenas superan el millón y medio de pesos por no prestar un servicio considerado esencial.
El segundo frente es el de los choferes despedidos desde el paro total de colectivos de junio de 2017, cuando se llevó adelante un conflicto que duró 10 días en toda la Capital. El pasado martes, unos 40 ex trabajadores de distintas empresas tomaron la sede de UTA Córdoba, afirmando no sentirse representados por el gremio y denunciando unas 100 desvinculaciones “a cuentagotas”. En declaraciones a La Nueva Mañana, dirigentes de UTA los acusaron de formar parte de una interna político-gremial junto a Marcelo Marín, el ex delegado que fuera una de las figuras centrales de aquel paro que terminó con más de 160 despidos.
Y aunque una de las principales promesas de Llaryora y Schiaretti en campaña haya sido reflotar la construcción de un “Ferrourbano Metropolitano”, la arista del transporte en Córdoba se avizora como un problema que no solucionarán los trenes por sí solos, sin además gestionar alternativas a corto, mediano y largo plazo.
Apenas dos días sin recolección bastan para que el Centro de Córdoba y sus barrios aledaños amanezcan tapados en residuos. Eso ocurrió el pasado 2 de mayo, cuando luego del feriado por el Día del Trabajador y el paro del martes 30 de abril, la basura quedara apilada en las veredas.
Con los contenedores desbordados, algunos vecinos y comerciantes colocaron las bolsas a los costados o sobre la misma calle, dejando a la Capital convertida “en un chiquero”, como supo afirmar el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad a La Nueva Mañana. Es que la recolección y el barrido fueron siempre un problema para la gestión Mestre. No solo por sus conflictos con el SURRBaC de Mauricio Saillén, el gremio que más poder adquirió en los últimos años, sino también por problemas tras la salida de la empresa Cotreco y la desatención total que muchos vecinos y comerciantes tienen hacia el espacio público.
Pero mientras es indudable la falta de cultura de reciclaje y la poca conciencia sobre el tema que tienen muchos de los que critican la suciedad de las calles, hoy la Municipalidad enfrenta los coletazos de la llegada de Crese. Aunque mantienen sus puestos de trabajo, la Dirección de Contaduría deberá transferir 41,35 millones de pesos a la empresa para pagar la deuda en concepto de indemnizaciones que Cotreco mantenía con el personal desvinculado a partir del 30 de noviembre de 2018: unos 235 empleados.
“Nosotros tenemos, también, un proyecto que regula la actividad de los camiones atmosféricos que no es algo menor pensando en la actividad de la planta de Bajo Grande. Temas hay y tiempo también, espero que se puedan tratar este año y, si no, quedarán pendientes para la próxima gestión”, afirmó la concejal Victoria Flores a este diario en su edición número 91, antes de ser reelecta para encabezar el bloque de ediles de Hacemos Por Córdoba a partir de diciembre.
En el 2016, el oficialismo impulsó y aprobó la Ordenanza 12.523 que prevé la creación de una Comisión de Transición y que en su artículo 10 determina que entre la fecha de la elección y la fecha de asunción de las nuevas autoridades no se puede generar ingresos a la planta de empleados. A partir de esto, toda la oposición del Concejo Deliberante comenzó a solicitar informes oficiales sobre la designación de nuevo personal en el municipio, además de buscar conocer el número oficial de trabajadores, algo que el bloque Juntos Por Córdoba aún no aprueba.
Eduardo Dómina, titular del bloque UPC, recalcó días atrás a este medio que se busca “develar un misterio” ya que “no se brinda la información pública y fehaciente para conocer un aspecto sensible”.
“Recordemos que el gasto de personal en sueldos se lleva el 60% de los ingresos municipales. No es una cuestión menor conocer cómo está distribuido ese gasto. No logramos que esa voluntad de no facilitar esa información cambie (por parte del oficialismo). Pensamos que después de las elecciones ya es obvio que necesitamos conocer esto, pero siguen abroquelados”, dijo el concejal.
Mientras tanto, desde ese mismo espacio solicitaron formalmente 14 pedidos de informes sobre convocatorias a concursos que el Municipio realizó el 20 y 21 de mayo, en áreas vinculadas a la Secretaría de Cultura, al CPC Centro América, la Dirección de Cooperación y Desarrollo, la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura y la Subsecretaría de Ambiente, entre otras.
El pedido fue formalizado por los ediles Pablo Ovejeros y Santiago Gómez, quienes anteriormente habían solicitado que el sorteo de 2.100 chapas de remis y taxis quede sin efecto hasta tanto se conforme la Comisión de Transición.
A 193 días para el traspaso de mando, las cartas están sobre la mesa. Solo resta esperar para ver cómo se resolverán, continuarán o intensificarán estas y otras problemáticas, que en medio de las idas y vueltas políticas, son temas que verdaderamente afectan al vecino.
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