Así lo señalan veteranos. Se trataría al menos de tres condenados por delitos de lesa humanidad y torturas contra soldados que participaron de la Guerra del Atlántico Sur.
País 01/05/2019
Veteranos de Malvinas de La Plata y Berisso denunciaron que, al menos, tres genocidas condenados y militares denunciados por torturas contra soldados durante la Guerra de Malvinas, reciben pensiones destinadas a ex combatientes de la Guerra del Atlántico Sur.
En una nota publicada por Tiempo Argentino, los veteranos explicaron que ese beneficio se estaría otorgando de forma apócrifa a un número exagerado de personal militar y denuncian una violación al articulado da la ley, falta de controles ante la posibilidad de maniobras apócrifas que ponen en riesgo el Instituto de Previsión Social y la continuidad del beneficio.
El reclamo fue presentado en la Cámara de Diputados bonaerenses por los centros CEVECIM y CECIM, que advirtieron que los beneficiarios de la ley 12.006 “alcanza una cifra ‘astronómica’ que llega a las 7000 pensiones otorgadas por el Instituto de Previsión Social Provincial (I.P.S)”. La norma fue sancionada en 1998 y estaba originalmente destinada a ex soldados conscriptos que combatieron en la Guerra de 1982, pero a partir de las modificaciones incluyó a cuadros de las FF.AA por lo que el número de beneficiaros se multiplicó. Por eso, pidieron a la Legislatura bonaerense que solicite informes al gobierno de María Eugenia Vidal.
En un comunicado, el CECIM y Cevecim destacaron que entre esos militares se encuentran, por lo menos, tres represores condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Se trata del Capitán de Corbeta Daniel Eduardo Robelo, condenado en el juicio “Base Naval 3 y 4″ de Mar del Plata en 2016; el Mayor Fuerzas Armadas, Higinio Rafael Robles, condenado por delitos secuestros y desapariciones en San Luis en 2015; y el sargento primero del Ejército, Juan Carlos Camicha, condenado en formosa en 2013.
Pero también están alcanzados por la Pensión Honorífica militares acusados por ex combatientes en el año 2007 por las torturas en Malvinas, causa judicial en la que a fines de año pasado la justicia de Tierra del Fuego citó a declarar a los 18 primeros imputados. La ley 12.006 aclara en forma explícita que no gozarán del beneficio si se encuentran “procesados o condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o sancionados por actos de incumplimiento de sus deberes durante la guerra de Malvinas”.
El ex combatiente y secretario de Derechos Humanos del Cecim La Plata, Ernesto Alonso, explicó que el pedido de informes se pidió en el marco del rechazo al intento de incorporar a los cuadros militares al beneficio de jubilación anticipada que tienen los ex soldados conscriptos de Malvinas.
“Los militares se enganchan en todos los beneficios que conseguimos para los colimbas, que fuimos a Malvinas por una carga pública como era la ley de Servicio Militar Obligatorio”, explicó Alonso. Y apuntó: “Los militares lo hicieron como parte de su carrera militar, que la eligieron por convicción, por interés, y que cobraron un sueldo el 2 de abril de 1982, y lo siguieron cobrando luego del 14 de junio y tienen un retiro militar”.
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