Así lo afirmó este jueves la titular del Tribunal Superior de Justicia, María Marta Cáceres de Bollati, durante la apertura del Año Judicial 2019.
Córdoba21/03/2019
Redacción La NUEVA Mañana
Este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia, se dio inicio formalmente al Año Judicial 2019. A cargo de acto de apertura, estuvo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Marta Cáceres de Bollati, quien brindó un discurso sobre los logros del Poder Judicial en 2018 y los desafíos a encarar en este año.
Además, estuvieron presentes autoridades de distintas fiscalías y cámaras, delegaciones de otras provincias y funcionarios provinciales, como el ministro de Justicia Juan Martín Farfán. Junto a ellos participaron autoridades de distintas facultades de Derecho y colegios de abogados y martilleros.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la preocupación del cuerpo “por ensayar nuevos caminos que acentúen y pongan de manifiesto la alta responsabilidad social”, que le cabe a la Justicia. Así lo aseguró, durante el discurso mediante el cual, como todos los años, dejó formalmente inaugurado el año judicial; en este caso el de 2019.
En el mismo sentido, la magistrada destacó: “La responsabilidad es uno de los rasgos de un gobierno republicano, porque eso implica la idea de un gobierno limitado y razonable, que adopta decisiones fundadas y que da cuenta de sus actos”.
También remarcó la importancia de continuar los compromisos que año tras año asume el TSJ; por ejemplo en su preocupación por facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, por mejorar la respuesta y los tiempos del servicio de justicia, y por robustecer la transparencia de todos los actos que competen al Poder Judicial.
“Aquí venimos a dar cuenta de lo que pretendemos hacer, pero más bien a subrayar lo que ya se ha hecho o lo que falta; y, con ello, poner de relevancia la continuidad que pretendemos que haya en las grandes líneas o vigas maestras que este Poder Judicial asume como verdaderas políticas de Estado y, por ende, dignas de ser mantenidas y consolidas en el tiempo”, enfatizó la presidenta del TSJ.
En esa misma dirección, Cáceres de Bollati afirmó: “Cada inauguración de un año judicial supone una suerte de diálogo institucional imaginario con el anterior y sienta las bases argumentales del que vendrá, porque esto es una desafiante pero comprometida obra colectiva que nos trasciende, en la que hay poco margen para la improvisación y para las aventuras personalistas”.
Durante su exposición, la magistrada destacó en todo momento la responsabilidad social que les incumbe a jueces y juezas, así como al resto de quienes integran el Poder Judicial. “Esta es la viga maestra que jamás debemos perder de vista y que siempre debemos sostener, incluso buscando nuevas formas para estar más cerca del justiciable en general –y de los más vulnerables en particular , para seguir aportando a esta obra colectiva en cadena, siempre en progresiva, infatigable y en interminable construcción”, remarcó.
Con tal sentido, reconoció: “Debemos hacer un ejercicio de reflexión profunda y sistemática sobre nuestras fortalezas para reforzarlas; pero, también, sobre nuestras debilidades a fin de trabajar buscando oportunidades de mejoras a nivel institucional con la mirada siempre puesta en el servicio a la sociedad”.
En definitiva y en pos del fortalecimiento de los vínculos con la sociedad, Cáceres de Bollati concluyó: “El Poder Judicial necesita del reconocimiento y de la credibilidad de la comunidad”.
Al acto asistieron, los otros integrantes del Alto Cuerpo, Domingo Sesin, Aída Tarditti, Luis Rubio, Mercedes Blanc de Arabel y Sebastián López Peña; así como autoridades de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus); ministros y vocales de cortes y superiores tribunales de otras jurisdicciones; representantes de los otros poderes del Estado nacional, provincial y municipal; además de magistrados (provinciales y federales), funcionarios y empleados judiciales.
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