En la última década, la pobreza alcanzó el nivel máximo en Latinoamérica

La pobreza extrema en Latinoamérica alcanzó en 2017 el nivel máximo de los últimos diez años al afectar a 62 millones de personas, lo que supone un 10,2 % de toda la población, según informó este martes en Santiago de Chile la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En su informe "Panorama Social de América Latina 2018", con datos de diciembre del año anterior, la Cepal dijo que a pesar de la tendencia al alza de la pobreza extrema en los últimos tres años, la proporción de pobres se mantuvo estable al afectar a un total de 184 millones, que supone un total del 30,2 % de la población latinoamericana.

Según las proyecciones de la Comisión, en 2018 la pobreza bajaría a 29,6% de la población, lo que equivale a 182 millones de personas (dos millones menos que en 2017), mientras que la tasa de pobreza extrema se mantendría en 10,2%, es decir, 63 millones de personas (un millón más que en 2017).

“Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema”, alertó Alicia Bárcena -secretaria ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas- quien, frente a los desafíos que se enfrentan, llamó a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.  

Al analizar los países con mayores reducciones de la pobreza en el período 2012-2017, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.  

“Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”, dice la Cepal.

Debido a la actualización, en 2015, de la metodología utilizada por la Cepal para medir la pobreza monetaria, y a las posteriores revisiones realizadas por el organismo, las cifras incluidas en esta edición del Panorama Social difieren de las divulgadas en el último informe publicado en diciembre de 2017 y en anteriores. 

Se redujo la desigualdad social

El informe también destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000. El promedio simple de los índices de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) de 18 países de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 2017. Sin embargo, el ritmo de reducción se enlenteció en los años recientes: entre 2002 y 2008 la disminución anual promedio del índice fue del 1,3%; entre 2008 y 2014, del 0,8%, y entre 2014 y 2017, del 0,3%. Los sistemas de protección social han tenido un rol importante en los años recientes para contener deterioros distributivos, según el organismo.

A pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto social de los gobiernos centrales es el principal componente del gasto público total (51,4% en 2016), señala la Comisión. El gasto público social del gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó como promedio simple un 11,2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el nivel más alto registrado desde 2000. En términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a 894 dólares.

Sin embargo, existe una alta heterogeneidad entre países y persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen niveles más elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social.

Para avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos, es necesario progresar simultáneamente en inclusión social e inclusión laboral de la población mediante políticas activas, recalca la Cepal.