Luego de que se viralizara una requisa de personal de Gendarmería a pasajeros de un colectivo urbano de pasajeros, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH) expresaron su total repudio.
Con la firma de sus dos co-presidentes, Rubén Arroyo y Liliana Montero, la APDH sostuvo que “el desembarco de 300 gendarmes en las calles de la ciudad de Córdoba, enviados por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, en acuerdo con el gobernador Juan Schiaretti, no se enmarca en la lucha contra el crimen organizado ni contra el narcotráfico, sino que es la militarización de las calles”.
El organismo aseguró que “lejos de participar de operativos contra la delincuencia, los gendarmes que patrullan los barrios cordobeses se encargan de vigilar a la sociedad civil”, mencionando a los retenes ubicados en avenidas y calles internas, “en los cuáles participan agentes munidos de armas largas”.
En otro párrafo, la APDH cuestionó que los operativos en el transporte urbano “incluyen el pedido de documentos a los pasajeros y la requisa de bolsos y carteras”, y remarcó “la inexistencia de una orden judicial, lo que viola la ley, la Constitución y los derechos constitucionales de los ciudadanos”.
El documento, apela a las autoridades de la Provincia “para que se ponga fin a estos procedimientos”, a la vez que solicitó que el ministro de Gobierno, Carlos Massei “brinde ante la Legislatura las explicaciones de este plan que se lleva adelante en el marco del Comando Unificado Córdoba (CUC)”.
“Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostenemos que la presencia de gendarmes en Córdoba no es para combatir la inseguridad, sino una forma de amedrentar a la sociedad civil para que permanezca pasiva ante el ajuste que se viene dando en los últimos años y que se profundiza con el plan económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional”, finalizaron.
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