Desde diciembre, 42 profesionales del programa de Coordinadores Institucionales de Políticas Estudiantiles (CIPEs) tienen caídos sus contratos, frente al recorte realizado por el Gobierno Nacional, y esperan ser convocados por el provincial para analizar la situación y poder seguir desarrollando sus tareas en los profesorados provinciales.

"Provincia no nos absorbe pese a que hace mas de diez años que trabajamos para ella, pedimos audiencia en diciembre y nada", indicó uno de los profesionales a La Nueva Mañana.

El 19 de diciembre, los 42 profesionales suscribieron una nota que acercaron al ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, y al director General de Educación Superior de Córdoba, Ariel Zechini. En ella se requería una "audiencia a la mayor brevedad que sea posible", habida cuenta de las circunstancias que estaban atravesando como integrantes del equipo del área de Políticas Estudiantiles de la Dirección General de Educación Superior (DGES).

En la nota, daban cuenta de sus labores como parte de políticas públicas de "acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, promoviendo la participación y ampliando los horizontes culturales de los/as estudiantes de Nivel Superior en los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) de la provincia".

Asimismo, citaban que el rol desempeñado por este equipo "viene siendo destacado por el Ministerio de Educación Provincial y la DGES"; y también por equipos directivos y otros actores interinstitucionales. Y subrayaban las trayectorias de cada uno, como docentes y profesionales de la educación.

La preocupación de estos 42 profesionales está dada por la incertidumbre por la continuidad laboral que genera  la caída de los contratos; agravado por "la degradación del Ministerio de Educación Nacional a Secretaría"; en un contexto de anuncios de medidas de ajustes y recortes presupuestarios.

Consultados por La Nueva Mañana, profesionales de este programa precisaron que "desde hace unos 15 años existe la línea educativa de Políticas Estudiantiles, un área de la Dirección General de Educación Superior del ministerio provincial que se financia mayormente con fondos nacionales".

Los Coordinadores Institucionales de Políticas Educativas (CIPES), 42 en nuestra provincia y unos 500 en todo el país, son trabajadores de la educación que tienen como tarea en los profesorados, promover la participación estudiantil, ampliar las experiencias formativas, facilitar el acceso a becas y apuntalar las trayectorias formativas de los futuros docentes.

Hasta diciembre, se sostenía esta labor con fondos nacionales, que la gestión de Javier Milei decidió discontinuar o recortar. En este marco, lo que demandan las trabajadoras y trabajadores es que la Provincia avance más allá de los reclamos pertinentes a Nación, para garantizar la continuidad laboral y del programa en cuestión.

"Algunos llevamos hasta 13 años en el rol docente, que ha sido renovado año tras año, siempre destacando el ministerio nacional y provincial la importancia de nuestra tarea. Importancia que no tiene un correlato en cuanto a las condiciones laborales: cada mes cobrábamos $62.490, contra factura, sin aguinaldo, vacaciones ni pago en enero, y desde 2018 sin contrato firmado, sólo presentación de la factura del monotributo", explican los profesionales.

A continuación, detallan que "entre los CIPEs hay profesionales de distintas ramas, comunicadores, abogados, trabajadoras sociales, etc, todos con vasta trayectoria y formación docente y con una mayoría de mujeres, algunas sostén de familia".

Y alertan que "el honorario mensual tiene carácter meramente alimentario y ese magro ingreso tenía por contraprestación 15 horas reloj de trabajo semanal, con instancias virtuales, asistencia a encuentros y actividades, aporte profesional no pago a disertaciones y capacitaciones y todas las obligaciones que devienen de la tarea docente, como planificaciones, proyectos, informes, etc". 

Finalmente, advierten que "lo que se pierde al no sostener esta línea de política educativa provincial financiada con fondos nacionales tiene que ver con menor acceso a los bienes culturales por parte de los futuros docentes, menor o nula promoción de la participación estudiantil, menos democratización de los ISFD (institutos superiores de formación docente), escasa información para el acceso a becas y el asesoramiento a quienes ya son becarios y la anulación de una figura que en los institutos articulaba con los coordinadores académicos, equipo directivo y docente para diseñar dispositivos institucionales que favorezcan las trayectorias académicas, en un nivel no obligatorio que tiene altos porcentajes de desgranamiento y abandono".

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