Posponen para febrero el juicio por el asesinato de Rodrigo Sánchez

Rodrigo Sánchez tenía 17 años, cuando el 19 de septiembre de 2015 fue asesinado en esta ciudad por el policía Lucas Gastón Carranza, quien le disparó desde muy corta distancia y en momentos que no estaba de servicio y vestía de civil.

El juicio iba a comenzar este martes 3 de octubre, pero en una resolución del pasado jueves, firmada por el vocal de Cámara Gustavo Rodríguez Fernández, se dispuso su postergación, fijando como nueva fecha “a los fines de llevar a cabo el debate en la presente causa, los días 21, 22, 23, 29 de febrero y 1 de marzo del año 2024”. 

La mamá del adolescente muerto por el accionar policial, Gabriela Sanso, se mostró indignada. A La Nueva Mañana dijo: “¿Qué expectativas me pueden quedar? Esperábamos que el juicio empezara el martes, y ahora me notifican que no comienza”.  

Por su parte, el abogado de la familia, Adolfo Allende Posse, explicó a LNM que “el imputado cambió la defensa, nombró nueva asesora letrada, quien pidió la suspensión de la audiencia por la proximidad del juicio, porque supuestamente tenía en su agenda otras cuestiones”. 

Hace un año, la mamá de Rodrigo se encadenó frente a Tribunales II reclamando celeridad de la Justicia. A más de ocho años del hecho, el imputado Lucas Gastón Carranza permanece en libertad.

Un caso emblemático de “gatillo fácil”

Si se buscara ejemplificar qué hecho puede estar comprendido en lo que se denomina “violencia institucional”, sin duda el asesinato de Rodrigo Sánchez reúne todas las aristas.

“Pido justicia por mi hijo, que me lo mató un policía el sábado, a la una y media de la tarde, en Colon y Sagrada Familia. Me lo mató como un perro, me lo fusiló… no justifico lo que el chico hizo, no estoy de acuerdo, pero lo que hizo el policía está peor, me lo mató, me lo mató por la espalda”, dijo inmediatamente después del crimen Gabriela Sanso. 

El joven participó del intento de robo de una cartera a una persona que iba en un automóvil. “Nunca negué lo que sucedió ahí, pero digo que un muerto ya no puede ser juzgado”, sostuvo la mamá de Rodrigo ante Canal 10. 

En declaraciones a LNM, agregó sobre el imputado Carranza. “Tiempo después el policía fue descubierto robando en la tienda Falabella y seguramente tuvo su juicio, su condena, pero nadie lo mató por eso”. 

El abogado Allende Posse recordó que la primera fiscal de la causa, Jorgelina Gutiez, del Distrito 4, dispuso el sobreseimiento de Carranza. “Entendió que el policía actuó en legítima defensa y en cumplimiento de su deber, aunque ya estaba incorporado en la instrucción el informe toxicológico, examen de sangre y orina, donde se le detectaron al imputado tres drogas distintas”, dijo el letrado. 

Sin registros de cámaras y un jefe policial en la escena

“Mi hijo recibió tres disparos, uno le ingresó por la nuca. Después le colocaron pólvora en sus manos, pero él estaba desarmado, el arma nunca apareció”, dijo Gabriela. 

Y completó: “Desaparecieron las cámaras de monitoreo, qué casualidad, no habían registrado nada”. 

Pero si le faltaba un ingrediente a este caso, apareció en la escena el ex comisario Gonzalo Cumplido, como testigo del hecho.

“Siempre voy a sostener que Cumplido no estuvo en ese semáforo mirando lo que estaba pasando, él se colocó en ese semáforo porque era una pieza fundamental para cubrir el caso, tenía un alto cargo, qué casualidad que apareciera justo ahí”.  

El ex jefe policial, que fue subdirector General de Seguridad de Capital Sur, tuvo un alto perfil cuando declaró en el juicio por el crimen de Blas Correas. Otro hecho de “gatillo fácil” que, a diferencia del caso Rodrigo Sánchez, contó con fuerte repercusión mediática en Córdoba. 

Gabriela Sanso dijo a LNM que este martes, el día en que iba a comenzar el juicio, se movilizará hasta Tribunales II. “Voy a ir a la puerta del tribunal, sé que no va a haber un juicio, pero voy a hacer un altar con la foto de mi hijo y la voy a dejar ahí, voy a seguir movilizándome, recurriré a la Fiscalía General también”. 

“Amicus curiae” y observador en el juicio

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó a la Cámara 9na.del Crimen que sea tenida como “Amicus Curiae”, a los fines de presenciar el debate oral “y aportar fundamentos de derecho constitucional y de derecho internacional referidos a los derechos humanos, de relevancia a la hora de dictarse sentencia”.

La presentación la hizo Mariano Przybylski, en su carácter de director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, patrocinado por el abogado Gerardo Battistón.

En los fundamentos del pedido, se indica que “la celebración de juicios justos es fundamental, no solo para la protección de los derechos del procesado y de la víctima del delito, sino también para una correcta administración de justicia, elemento esencial del estado de derecho”. 

El escrito agrega: “Esta Secretaría de Derechos Humanos tiene un especial interés en participar como observador en el debate oral y público, por tratarse de un grave caso de violencia institucional, cuya impunidad podría implicar una responsabilidad internacional para el Estado argentino”. 

La “seguridad” en el debate electoral

En tiempos de campaña electoral, con la seguridad en la agenda y posturas radicalizadas de algunas fuerzas de derecha, que van desde proponer la libre portación de armas, a la férrea defensa de los agentes de seguridad que “matan” a delincuentes, es preciso no minimizar estos hechos y alentar a un debate serio y responsable, para que el atender a la demanda social no lleve a desconocer el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Es imperioso poner en la discusión la necesidad de una “seguridad democrática”. Un contrato entre las fuerzas políticas para erradicar definitivamente los abusos de agentes y funcionarios del Estado. 

La violencia institucional, a 40 años de democracia en la Argentina, no se tolera. Y, si bien queda un largo camino por sortear, deben rechazarse algunas salidas “simplistas” en el combate de la inseguridad urbana.

No pueden banalizarse los hechos de brutalidad policial, detenciones arbitrarias o directamente ejecuciones ilegales. 

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