"Quien consuma sustancias ilegales no puede desempeñar la función pública"

Este jueves, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó con amplio acompañamiento, dos abstenciones y un voto en contra la implementación del "narcotest" en los funcionarios públicos de la capital provincial. El viceintendente Daniel Passerini, entrevistado por La Nueva Mañana, defendió la norma como un instrumento para "cortar cualquier vínculo de la política con el narcotráfico".

El Poder Legislativo local aprobó la modificación del Código de Ética Pública para establecer la obligación a funcionarios, de presentar certificado negativo de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.

"Quien consuma sustancias ilegales no puede desempeñar la función pública en Córdoba", indicó Passerini, quien precisó que la norma alcanza a los cargos electivos, como el intendente y el vice, los concejales y tribunos de Cuenta; y también los designados por el Poder Ejecutivo, como secretarios, directores, subdirectores, subsecretarios y asesores de igual rango.

Según la flamante norma, todas estas personas designadas para la función pública deberán someterse periódicamente a este test, que detectará si han consumido sustancias ilegales. Se presume que el control podría ser anual. Como autoridad de aplicación, apuntó Passerini, estarán la Secretaría de Salud y la Secretaría General.

-¿A qué sustancias alcanza particularmente esta medida?

-Todas las que sean de venta ilegal, como la cocaína, marihuana, éxtasis, LSD, metanfetaminas, las drogas de diseño. Todo lo que sea de uso recreativo ilegal está claramente prohibido para quienes tengan esta responsabilidad pública. Entendemos que así como se le exige a un piloto de un avión que esté libre de sustancias para poder conducir responsablemente y no poder en riesgo la vida de la gente, quien conduce un Estado y toma decisiones por cientos de miles de personas, tiene que tener el mismo parámetro de conducta.

Aclaró Passerini que "en caso de detectar una positividad, no vamos a estigmatizar a la persona, sino proveerle los medios para que se pueda tratar esa adicción".

"Estamos hablando de un usuario que es funcionario público. Quiero marcar claramente el límite de la ordenanza, que no plantea cuestiones bioéticas o de los ciudadanos comunes. Estamos hablando de las personas electas y que designan luego a personas con responsabilidad pública, que obviamente tienen que tener parámetros de conducta y que no deben comprar cosas ilegales para consumos personales que pueden dañar su conducta y entorpecer sus decisiones", completó.

- ¿Qué dispone la medida para los funcionarios públicos que den positivo en los narcotests?

- Se aplica el procedimiento que corresponde en el área en el que se encuentre, que será una suspensión o una remoción. La obligatoriedad del Estado es también garantizar el acceso a un tratamiento. Abordamos la problemática del consumo desde una perspectiva de salud y Derechos Humanos, pero en este caso entendemos que el Código de Ética Pública de la ciudad debe plantear un límite para quienes son funcionarios.

-¿Cómo se implementará?

-Se determinará cuál es el universo de personas que van a tener que hacerlo y la Secretaría de Salud indicará las fechas de los tests. El decreto reglamentario dispondrá la periodicidad de los análisis y está garantizada la confidencialidad de los resultados para no vulnerar los derechos de las personas. 

-¿Qué otras ciudades han visto con medidas de este tipo?

-Seríamos la primera ciudad del volumen y la dimensión que tiene Córdoba en aplicarla; entiendo que otras localidades lo han hecho a través de resoluciones y decretos. Esta ordenanza tiene un valor muy fuerte porque nació con mucha discusión y terminó siendo aprobada con un enorme consenso, ya que hubo un solo voto negativo.

Ante el advenimiento de las elecciones municipales en julio y el cambio de autoridades en diciembre, expresó el viceintendente: "Una vez que esté promulgada y reglamentada la Ordenanza, tendrá vigencia y estaría bueno que quienes hoy estamos con la carga pública nos sometamos a estos análisis; y que a partir del 10 de diciembre, quienes tengan la responsabilidad en la ciudad cumplan esta obligación".

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