Dos de los cuatro amigos que estaban junto a Blas Correas cuando fue asesinado de un balazo policial durante un control vehicular realizado en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, declararán como testigos este martes en la séptima audiencia del juicio que se les sigue a 13 efectivos acusados el homicidio y porterior encubrimiento, informaron este lunes fuentes judiciales.

La semana pasada testimoniaron Mateo Natali de 19 años y Cristóbal Bocco Cámara de 19, en tanto este martes lo harán Camila Tosi, de 19 años y Juan Cruz Camerano Echavarría de 21, éste último conductor del automóvil donde viajaban los cinco.

El tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y el jurado popular darán inicio a la audiencia a las 9.

Esta semana habrá tres jornadas de debate, entre el martes y jueves, y se espera que también declaren Juan Correas de 21 años, hermano de Blas, y los abuelos maternos de la víctima.

La instrucción de la causa elevada a juicio determinó que en la madrugada del 6 de agosto del 2020 Camerano Echevarría conducía un Fiat Argo, junto a cuatro amigos compañeros de colegio, entre ellos Blas, quienes habían acordado encontrarse para ir a un bar.

Cuando circulaban por la avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas, en el sur capitalino, los jóvenes siguieron de largo en un control policial de prevención.

En ese marco, el cabo 1° Lucas Damián Gómez de 37 años efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil “con intención de matarlos”, según el requerminto de elevación a juicio.

Por su parte el cabo 1° Javier Catriel Alarcón de 33 años, que también se encontraba en el puesto de control, “en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo”, también efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha “a sabiendas que no había justificación legal para ello”.

El conductor, Camerano Echavarría, en su testimonio, declaró en la causa que cuando estaba por frenar el automóvil en el control vio que uno de los efectivos “levantó el arma" y le "apuntó", por lo que se asustó y aceleró.

La acusación sostiene que Gómez y Alarcón desplegaron conductas "en contra de la normativa que regula el debido uso de las armas reglamentarias por parte de las fuerzas de seguridad”.

Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Blas, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por traumatismo de tórax causada por el proyectil.

Los demás ocupantes no sufrieron heridas, no obstante uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de Bocco, a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías "plantaron" un arma en las cercanías donde luego fue interceptado el automóvil con los chicos, en la intersección de Chacabuco y Corrientes, donde Valentín ya había muerto, añade la acusación.

Ante de llegar a ese lugar, los amigos llevaron al adolescente hasta el sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo, y, por esa desatención, se tramita otra causa que fue elevada a juicio.

Tres empleados de ese sanatorio (Sergio Casalino Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo) están imputados por "abandono de persona" y "omisión de auxilio".

Los suboficiales Gómez y Alarcón llegan al juicio como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de ‘falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público’.

Fuente: Télam

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