El comentario entre los cronistas y los asistentes a la marcha ya era repetido: “Le sacaron las telarañas al camión hidrante. Hay que ver si funciona el chorro”. El vehículo policial había desfilado frente al Palacio 6 de Julio durante las masivas movilizaciones del Suoem, pero el gremio de municipales nunca llegó en masa a protestarle en la puerta a Martín Llaryora por los recortes y las desvinculaciones. La seccional Córdoba de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sí lo hizo el pasado lunes, algo que fue repelido por una represión policial en el Centro de la ciudad que no se veía desde hace mucho.

Y aunque, aún, los cronistas no pudimos comprobar si funciona o no el propulsor de agua del camión, sí vislumbramos un mensaje implícito que caló hondo en las dirigencias gremiales cordobesas. El avance de los cuerpos especiales, los detenidos, las balas de goma y el gas pimienta no tenía registro reciente en las movilizaciones céntricas y mucho menos desde que se implementó el aislamiento social y obligatorio.

Paralelamente, los gremios y las organizaciones incrementaron sus marchas a pie, la mayoría de las veces sin distanciamiento, a pesar de imputaciones iniciales que quedaron en el olvido. Ese crecimiento progresivo, sumado a las pocas instancias de diálogo, se transformó en una olla a presión que saltaría ante la primera piedra lanzada contra un efectivo de Infantería. Esto tal vez lo intuyó el Suoem, que intentó a toda costa que las bases no llegaran al Palacio a medida que la presencia policial aumentaba exponencialmente. Quienes sí arribaron fueron los choferes de UTA y su interna. La olla explotó.

Tal vez nunca lo reconozcan a micrófono abierto, pero los dirigentes policiales, judiciales y políticos ya han definido una línea concreta a llevar adelante en cada operativo. Ese aviso no va solamente para los secretarios gremiales, sino también para las primeras y segundas líneas que en el caso de los empleados del transporte urbano, por ejemplo, mantienen una profunda interna con sus pares.

El inicio de la represión policial del lunes 13 de julio, cuando se cumplían 13 días de paro de colectivos, se dio luego de la quema de dos contenedores y del lanzamiento de piedras desde el otro lado de la Cañada. Nada legal, pero tampoco nada extraño en una marcha donde la bronca acumulada es mayúscula y donde estaba presente un grupo de alrededor de 30 autoconvocados con una pancarta que rezaba “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. Una muestra cabal y necesaria para entender que el conflicto va mucho más allá de un reclamo salarial y un servicio esencial parado.

A partir de allí, los cuerpos especiales de la Policía avanzaron reprimiendo y con la idea de “detener a dos personas” ya que los verdaderos autores de la quema se escabulleron entre la multitud. Al final fueron ocho los imputados por algo más que violar la cuarentena: “daño calificado, agresión y entorpecimiento de medios de transporte”. Algunos de esos detenidos, de hecho, buscaban que sus propios compañeros terminaran con las agresiones a los efectivos. En ese momento la situación ya era irreversible: las piedras se convirtieron en cascotes y los que intentaban negociar con la Policía eran rociados con gas pimienta. Incluso el comisario Gonzalo Cumplido fue herido en su pierna al intentar esquivar un piedrazo, mientras que el secretario adjunto de UTA, Pablo Farías, fue rociado con gas en el rostro cuando se acercó a negociar por los aprehendidos.

La marcha se dispersó y terminó de vuelta frente a la sede gremial, pero el mensaje oficial ya estaba claro: la policía tiene luz verde, aunque sea con la cuarentena como excusa, para reprimir protestas. Habrá que ver cómo se contiene esa bronca acumulada ante un escenario donde la orden desde arriba vuelva a ser “que la cosa no se desmadre más”.

Cómo sigue el conflicto

Este viernes se vota en sesión el proyecto de emergencia en el transporte urbano enviado por el Ejecutivo municipal. La iniciativa generó el rechazo de toda la oposición e inclusive despertó el alerta entre taxistas, ante la posibilidad de reglamentar a los “remises truchos” que operan desde hace décadas en los barrios periféricos.

El proyecto de “Emergencia del Sistema del Transporte Público Urbano de Pasajeros y Movilidad Urbana de la Ciudad de Córdoba” facultaría al Ejecutivo, por al menos un año desde su reglamentación, a “adoptar las medidas extraordinarias y urgentes necesarias” respecto a los colectivos.

Mientras tanto, la cúpula de la UTA ya rechazó ofrecimientos que implicaban reducciones de entre 10 mil y 12 mil pesos por chofer. “Con gente detenida, con todo lo que pasó el lunes, todavía tenemos retenidos los subsidios provinciales. Yo no me voy a sentar en ninguna mesa de diálogo y mucho menos a hablar de una rebaja salarial que implica llevar a mis compañeros a ser pobres”, remarcó Carla Esteban, secretaria general del gremio.  

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