Comunidad campesina busca solución institucional para evitar el desalojo

Unas 30 familias que desde hace 20 años viven y producen en el Lote La Nueva Esperanza del Campo La Libertad, en cercanías de Quilino, buscan una ayuda institucional al verse amenazadas por un remate que se produciría en 60 días y que llevaría al desalojo de esos terrenos.

Según informó el abogado que los representa Joaquín González a La Nueva Mañana, buscan acceder a un crédito, para poder participar en el remate y mantener sus tierras para la producción caprina y vacuna, y la producción de apicultura y de leña.

El viernes pasado, el juez de paz y el martillero a cargo del remate recorrieron los terrenos para constatar que el inmueble se encuentra ocupado por estas familias.

“Se trata de una segunda constatación porque se hizo una primera en la que se decía que no había ocupantes y nosotros presentamos recursos jurídicos para demostrar lo contrario. Finalmente se ordenó una nueva constatación que se concretó el viernes 9, cerca de las 14,30, y donde se comprobó el estado de ocupación de estas 30 familias, información que ingresará a la causa judicial que pretende sacar a remate el campo”, explicó González.

“Mis clientes son poseedores y el campo se quiere rematar porque hay un titular registral de nombre Brasca que tenía una deuda, la cual se quiere ejecutar. La garantía era el inmueble, pero ahora hay terceros poseedores que llevan 20 años ocupando el campo”, precisó el abogado quien detalló que las familias de productores campesinos que han logrado un nivel de sustentabilidad y arraigo muy importante en esos terrenos.

Son alrededor de 30 familias que se benefician de esa producción, en un campo de 2.800 hectáreas en el norte de la provincia, entre Cruz del Eje y Quilino. Su lucha es respaldada por el Movimiento Campesino de Córdoba.

González agregó: “Las familias quieren ver si encuentran alguna salida institucional para frenar el remate y adquirir las tierras. Si esa ayuda no llega se va a rematar los campos y posteriormente se los desalojará”, advirtió.

“En lo jurídico, las familias han logrado defender y hacer respetar su derecho y reconocimiento que estaban poseyendo las tierras y que quedó plasmado en el acta que se hizo el viernes. Lo que ahora están demandando es una solución como el acceso a un crédito para en definitiva poder pagar la plata del remate y evitarlo”.