Será a través del diputado nacional por el Partido Obrero, Pablo López. Los supuestos abusos a niños de tres, cuatro y cinco años, salieron a la luz en el 2015. Familiares de las víctimas denuncian “mal desempeño de la fiscal Alicia Chirino".
Córdoba 21/02/2017
Consuelo Cabral
Todo comenzó en abril del 2015 cuando la madre de una alumna de cuatro años que asistía a una escuela privada con orientación musical, ubicada en el Centro de la ciudad de Córdoba, denunció que su hija había sido abusada por el profesor de música, Alejandro Reartes.
A partir de ese momento, sólo fue cuestión de tiempo para que las historias de abuso se sucedieran una tras otra, dejando al descubierto una supuesta serie de atrocidades perpetradas contra niños de tres, cuatro y cinco años por Reartes.
La niña de la primera denuncia explicó también que otra persona miraba, sacaba fotos y filmaba cuando Reartes los tocaba. También mencionó al coordinador musical del colegio y a una "mujer de delantal" que los limpiaba.
La descripción de los hechos abre la hipótesis de una red de pornografía infantil y pedofilia que se servía de la escuela como medio.
Sin embargo, y a pesar de la gravedad de la situación, el sospechoso permanece en libertad, nunca fue citado a declarar y las 16 denuncias van camino a ser archivadas.
“Nuestra causa, como la mayoría de las otras, fue a proceso de archivo por decisión de la fiscal Alicia Chirino. Gracias a que somos querellantes, nuestro abogado interpuso una oposición y nuestro pedido de imputación pasó a un Juzgado de Control”, señaló a La Nueva Mañana una de las mamás querellantes.
Lo paradójico del caso es que los mismos denunciantes, es decir, los padres de las supuestas víctimas, fueron acusados desde la esfera judicial y cuestionados por su afán de llegar a la verdad: “No alcanza que nuestra hija haya declarado en pericias y Cámara Gesell que su profesor de música la tocaba, para la fiscal nosotros inventamos todo”.
La fiscal Chirino basó sus decisiones en los informes de los peritos psicólogos oficiales, que fueron rechazadas por los peritos de parte; mantiene el secreto de sumario y nunca imputó a los denunciados, a los cuales sólo sometió a pericias oficiales.
Por su parte, el ministerio de Educación decidió enviar a Reartes a tareas pasivas. Cabe aclarar que la escuela donde ocurrieron los supuestos abusos es una institución privada que posee aportes del Estado.
Malos tiempos de la Justicia
Por otro lado, los padres destacaron que los tiempos fueron demasiado lentos. “Recién al año después de realizar la denuncia, y con procedimientos inadecuados para su edad, escucharon el testimonio de mi hija”, señaló otra de las madres quien tildó a la Fiscalía a cargo de “inoperante e incompetente”.
Asimismo, un punto llamativo fueron, según los padres, las demoras en las pericias oculares al colegio y la falta del accionar del ministerio de Educación para que se respeten los procedimientos judiciales.
“La escuela removió las alfombras y realizó reformas edilicias. Esto no puede haber sido más que intencional. Nuestros hijos llegaron al lugar y no podían reconocer con exactitud dónde sucedieron los hechos”, denunciaron.
Estas demoras e improlijidades provocaron la revictimización de los niños y niñas, la negativa de algunos a declarar y la declaración sesgada por el paso del tiempo.
Para los padres “la complicidad de todas las instituciones en este caso es sorprendente. Tanto el Ministerio de Educación, el colegio y el Poder Judicial, son cómplices de la impunidad de este profesor y de la de otros abusadores que están libres y sin imputación”.
De Córdoba al Congreso
Pablo López, diputado nacional por el Partido Obrero, se reunirá este martes con los padres de las víctimas en el despacho del legislador Eduardo Salas.
López es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación y viene con el propósito de que el Congreso intervenga: "la fiscal decidió desestimar las 16 denuncias presentadas sin cumplimentar las investigaciones y procedimientos que hubieran permitido arribar a la imputación a los denunciados".
En ese sentido, señaló que Chirino “no permitió que los querellantes pudieran ejercer todos sus derechos y terminó acusando a los padres y revictimizando a los niños abusados y a sus familiares”.
Cabe destacar que la legislatura provincial emitió una declaración, que fue aprobada por unanimidad, para avalar el pedido de justicia y el esclarecimiento del caso.
“El reclamo principal es que se vuelvan a entregar los alimentos a los comedores populares porque luego de dos meses, se generaron dos millones y medio de nuevos pobres”, expresó el titular el dirigente de la organización, Emanuel Berardo.
El secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial e integrante de la conducción tripartita de la CGT Córdoba, Federico Cortelletti, dialogó con La Nueva Mañana y dijo que debe darse una nueva movilización masiva “para que el Gobierno dé marcha atrás con sus políticas”.
Según el sindicato que nuclea a obreros y empleados municipales, el proyecto impulsado por el intendente "pone en riesgo a las y los trabajadores municipales, aumenta el gasto público y significa un grave retroceso institucional para la ciudad".
La reunión se produjo tras una intensa agenda desplegada por la ministra Seguridad de la Nación en esta capital, Jesús María y Colonia Caroya. La funcionaria anunció la conformación del Grupo Operativo Conjunto (GOC), que actuará en la provincia.
La mamá del chico contó que se había ido a dormir a las 21, pero cuando buscó al niño en el cuarto, no estaba. Cerca de la una de la madrugada lo halló desvanecido adentro del freezer de la casa. Tras la conmoción del hecho, la bisabuela del nene se descompensó y murió. Investigan la causa de la tragedia.
La Nueva Mañana dialogó con Javier Basanta Chao, presidente de la Cámara Cordobesa de Entidades Educativas Privadas, quien aseguró respecto del incremento de los aranceles: “Estamos trabajando sobre un estimado de entre un 30% a 50% respecto a la última cuota 2023”.
El histórico predio ubicado en Alta Gracia será puesto en valor luego de gestiones conjuntas entre la Municipalidad de la Ciudad del Tajamar y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Cuando finalizan la tarea, los muchachos dicen que el costo es de 12.500 y no de 2.500 pesos, como habían asegurado. “Escuchó mal, usted. No nos vamos de acá hasta que nos pague”, amenazan.
A través de la Resolución 01/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte de la Nación estableció los nuevos esquemas tarifarios que regirán desde mayo. Para el recorrido completo del Tren de las Sierras, sugirió una tarifa de $1.300.
Participaron más de 70 mil personas entre autoridades de universidades locales, estudiantes, docentes, no docentes, gremios, organizaciones sociales, y referentes de todo el arco político, incluidos del Gobierno provincial y municipal.
Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.
