La reglamentación de la cobertura al 100% de la medicación, según la prescripción del médico, está en riesgo. La crisis en las prestaciones se agrava, obligando a apelar a la Justicia.
Córdoba03/09/2018
Miguel Angel Perin
Tal como lo informara La Nueva Mañana a principios de este año, la creciente incertidumbre respecto al cumplimiento de la legislación que protege los derechos de las personas con diabetes tenía razones ciertas para existir.
Es que, tras una reunión entre una funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación con representantes de asociaciones de pacientes de todo el país, quedó en claro que se pretende modificar la cobertura que brindan las obras sociales y empresas de medicina prepaga.
A partir de esa confirmación, la comunidad de diabéticos se declaró en alerta y analiza la aplicación de distintas medidas de acción, como la recolección de firmas en apoyo a sus reclamos, gestiones ante parlamentarios para intervenir en el tratamiento de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que altera los términos de la legislación vigente y la eventual presentación de un amparo colectivo frente al avance del citado proyecto. Acompañando la postura de las entidades que agrupan a los diabéticos, en distintas localidades del país se está logrando la adhesión de los Concejos Deliberantes y gobiernos municipales a sus reclamos.
En la provincia de Córdoba, el jueves pasado se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante de San Francisco un proyecto de resolución que insta al gobierno de la ciudad a gestionar ante el Gobierno nacional por el cumplimiento pleno de la ley y ante el gobierno de Córdoba para que éste adhiera a la Ley 26.914.
Tras varios intentos, la Federación Argentina de Diabetes, la Asociación Diabetes Argentina y la Liga Argentina de Protección al Diabético lograron que se acordara una audiencia con autoridades de la cartera de Salud, que se concretó hace algunas semanas.
Las asociaciones de pacientes plantearon el reclamo de la urgente actualización de la Resolución 1156/14, que está pendiente desde el 2016, instando al Ministerio de Salud de la Nación a cumplir lo dispuesto por la Ley 26.914 en cuanto a la cobertura del 100% en el tratamiento, de acuerdo a la prescripción médica y la actualización del listado de medicamentos e insumos cada dos años, siguiendo el ritmo de los avances tecnológicos y farmacológicos.
Las tres entidades advirtieron sobre la preocupación de la comunidad de diabéticos ante el retroceso en la cobertura del tratamiento por parte de los distintos prestadores de salud, sumado al acceso limitado al mismo que pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
Vale apuntar que la diabetes afecta al 10% de la población argentina y que los casos de diabetes tipo 2 están aumentando en niños y jóvenes.
Analía López, jefa de Gabinete de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Salud de la Nación, justificó la demora de la actualización debido a los cambios que desde la cartera se propone implementar en el sistema de actualización del Programa Médico Obligatorio (PMO), a partir del proyecto que crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet) que el Poder Ejecutivo presentó en el Senado de la Nación a comienzos del año en curso.
Según la iniciativa promovida por el gobierno nacional, la Agnet será el organismo encargado de realizar estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos tecnológicos destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, con la finalidad de determinar su uso apropiado y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO).
López informó a las asociaciones de diabéticos que en el Área de Legales del Ministerio de Salud se estudia una propuesta de actualización en la que se incluyen aportes de la Superintendencia de Servicios de Salud y la comisión que trabaja en el proyecto de “Actualización de las Guías de Práctica Clínica de Diabetes Tipo2”. Según la jefa de Gabinete, una vez evaluado todo esto, se abordaría la redacción de la resolución pendiente.
Durante varios pasajes de la reunión la funcionaria nacional argumentó que la escasez de recursos y la asignación de prioridades en el Sistema de Salud harían que se modifique el nivel de cobertura para los diabéticos. La sensación que quedó en los representantes de las asociaciones es que la cobertura del 100% del tratamiento de la diabetes estará lejos de concretarse, agravando la situación que hoy padece el colectivo de diabéticos.
Al respecto, las asociaciones expusieron la grave desprotección y el estado de vulnerabilidad de los pacientes del sistema público, conformado por programas provinciales y obras sociales estatales como Pami, Ioma, Apross, Incluir Salud, FFAA, Dosuba, Osba.
En estos casos los pacientes no cuentan con un organismo que los defienda quedando a merced de los ajustes y abusos burocráticos ejecutados por esos organismos, muchas veces alejados de la realidad médica. El problema se extiende también a las obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga que están lejos de respetar los términos establecidos por la legislación vigente.
A modo de paliativo, López indicó que el Ministerio evalúa cambios en el sistema de compra de medicamentos que podrían extenderse a los fármacos e insumos necesarios para el tratamiento de la diabetes.
Como conclusión de la reunión las entidades que reúnen a los diabéticos de Argentina establecieron un plan de acción para defender sus derechos. Es así que están circulando en todo el país planillas para juntar firmas en apoyo a las demandas del conjunto.
Paralelamente, se inició el acercamiento con legisladores nacionales para intervenir en la discusión sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo. También está planteada la realización de medidas de acción directa como un abrazo al Ministerio de Salud o la instalación de una carpa para visibilizar la situación.
En el plano judicial, los asesores legales de las asociaciones trabajan sobre la posibilidad de solicitar un recurso de amparo ante los cambios en la legislación que podrían representar un retroceso en los derechos adquiridos por los diabéticos.
En tal sentido vale recordar que la Ley 26.914 surgió de la propia comunidad, a través de un grupo de madres que se involucraron y que tras una intensa campaña de difusión en todo el país llegó al congreso de la Nación y fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras.
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