El fiscal Carlos Matheu imputó a tres directivos de la firma BusPack de Córdoba, encargada de la limplieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancia de Córdoba, por el delito de contaminación ambiental dolosa por dolo eventual en forma continuada. Esto en el marco del artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos.
Según publicó el diario Comercio y Justicia en su edición de hoy, “están acusados el presidente de la firma, Gabriel Martínez; el gerente Ricardo Giménez y los directivos Guillermo Derudder y su hermano Raúl Dereudder. Todos fueron indagados por el fiscal de instrucción Carlos Matheu, quien formuló la acusación”.
El fiscal que entiende en la causa explicó además que “hasta el momento se han detectado nueve casos de cáncer de vecinos que viven cerca de la empresa”.
La actividad allí desarrollada es de alto riesgo ambiental, si se considera que tiene a su cargo la limpieza de los baños químicos de 100 unidades de transporte por día.
A los acusados se les reprocha haber permitido que los empleados de mantenimiento y limpieza arrojaran desde el año 2009 hasta la fecha los desechos de los colectivos a dos desagües pluviales del predio que desembocan por las calles Junín y Corrientes del barrio Ampliación Empalme, donde está emplazada la planta de la empresa.
Además de los desechos cloacales, se detectó que los trabajadores también arrojaron restos de hidrocarburos como gasoil y aceites en desuso, entre otros elementos, como líquidos de frenos y desengrasantes.
Más residuos que los permitidos
Según la pericia realizada por el Centro de Investigaciones de Química Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba (UNC), los niveles de residuos encontrados en los sectores aledaños a la planta superan los permitidos en la normativa en el decreto 415 /99 de la Secretaría de Ambiente y Recursos Hídricos de Córdoba, que fija los máximos autorizados de arrojo de residuos peligrosos.
Casos de cáncer
“Hasta el momento hemos detectado nueve casos de cáncer de vecinos próximos a la empresa”, explicó el fiscal, quien remarcó que una de las personas enfermas vive en una casa contigua y es una mujer de 37 años a quien se le diagnosticó esta enfermedad.
Lo que la fiscalía deberá determinar ahora es si existe una relación causal entre las los vecinos enfermos y la actividad que realiza la empresa.
Consultado por Comercio y Justicia, Matheu no descartó nuevas imputaciones que alcancen a los empleados de la firma que hayan trabajado desde 2009 a esta parte y que son aproximadamente unos 40 personas.
