Lo que comenzó como una intención oficial de difícil implementación se convirtió en una posibilidad firme que cayó como una bomba en el mundo judicial.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció que el gobierno nacional impulsará una reforma para suprimir la feria judicial, el receso de actividades que actualmente se extiende por 45 días.

"Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover, generando un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días", admitió el funcionario en declaraciones al diario La Nación.

Esto no debería sorprender si se repara en que el mismo funcionario Garavano -durante su gestión en la Ciudad- suprimió la feria judicial para los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

En ese entonces, los fiscales y coordinadores debían apelar a un calendario coordinado para tomarse los días libres entre diciembre y abril y aún así asegurar que siempre hubiera un tercio de los trabajadores en pleno ejercicio de sus funciones.

Un dato importante es que el Poder Ejecutivo no puede avanzar con una decisión de este tenor: el asunto queda en manos de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal.

En el Gobierno lo tienen claro y por eso, antes de darle mayor impulso al tema, quieren lograr consenso con los gremios judiciales.