Miriam Campos
"La fuerza colectiva recoge los pedazos rotos por el fuego para sacudir el estancamiento de los tiempos judiciales, para visibilizar la complicidad entre poderes que solo da impunidad y para desnaturalizar la política del descarte".
La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil vuelve a las calles, en su versión número 12, los reclamos contra la violencia estatal siguen siendo los mismos: justicia para las víctimas, sus familias y sobre todo: basta de muertes a manos de las fuerzas de Seguridad. Quieren ser escuchados, vistos.
La movilización en Córdoba, es este jueves a las 17 frente a Tribunales I, un lugar elegido por las familias como símbolo de las causas que, según denuncian, permanecen demoradas. La convocatoria nacional también tendrá réplicas en distintas ciudades del país.
Muchas de las causas "están cajoneadas", dice a La Nueva Mañana Lorena Acuña, mamá de Ezequiel Castro, el chico de 21 años muerto el 14 de junio de 2022 tras ser detenido por la Policía de Córdoba. Después de ese día, además del dolor, la familia de Ezequiel se encontró con una lucha contra un sistema que a veces se hacía "el ciego o el sordo". Y les tocó golpear todas las puertas para hallar respuestas. A cuatro años del crimen, siguen esperando justicia.
"Ya hace 12 años que ocupamos las calles contra la violencia del Estado, la desaparición de personas y los ataques en contexto de encierro y este jueves también vamos a hacer una merienda solidaria para la gente que participa. Todo es a pulmón", dice Lorena, porque el reclamo tiene una parte de trajín, de persistencia, de desilución y tedio: esperar frente a un mostrador, en el juzgado, en las dependencias estatales, que alguien escuche. Y eso necesita de energía, de poner el cuerpo, pero también de plata para tomarse un colectivo, por ejemplo. Por eso también este año desde la organización de la Marcha activaron un bono solidario para sostener los trámites de las familias.
"Este año se sumaron otros familiares nuevos, como la familia de Tomás Oriuela y de Claudio Batista, un interno en Cruz de Eje", dice Lorena y agrega que sobre la causa judicial por la muerte de su hijo actualmente se están realizando las últimas pericias antes de una eventual elevación de la causa a juicio. “Seguimos esperando, pero no perdemos la fe de que esto va a salir a la luz y se va a hacer justicia”, agrega.
La marcha de este jueves también estará atravesada por nuevos casos que volvieron a poner bajo la lupa la violencia institucional en Córdoba. Entre ellos, el de Tomás Orihuela, el chico de 19 años que murió el 26 de abril después de haber estado detenido en la Comisaría Sexta de la ciudad de Córdoba, en barrio General Paz. La Justicia imputó a seis policías en el marco de la investigación y una agente quedó detenida.
La causa busca determinar las circunstancias de su muerte y también revisar las condiciones de su detención. Tomás falleció luego de ser encontrado en una celda de la dependencia policial y permanecer internado en grave estado. La investigación tuvo distintas etapas y versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. La familia denunció violencia policial y reclamó que se investigara la actuación de los efectivos. El caso provocó además una fuerte protesta en barrio Bajo Pueyrredón, que terminó en más represión.
A ese caso, este año también se suma el de Claudio Batista, un interno fallecido en Cruz del Eje cuya familia denuncia que recibió una medicación inadecuada. “Estamos hablando de que no solo te matan con una bala, sino que en contexto de encierro también se está sufriendo mucho la represión”, planteó Lorena Acuña.
El reclamo cordobés se inscribe en un escenario nacional que, según el informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), muestra un fuerte crecimiento de las muertes vinculadas al aparato represivo estatal. El organismo registró 10.181 muertes entre el 10 de diciembre de 1983 y el 20 de enero de 2026, de las cuales 1.056 ocurrieron durante los primeros 25 meses del gobierno de Javier Milei, más del 10% del total registrado en más de cuatro décadas de democracia.
Correpi presentó su Archivo 2025 en marzo de este año y calificó al actual período como el de mayor cantidad de muertes por intervención del aparato represivo estatal desde el retorno de la democracia.
Uno de los datos centrales del informe es que las muertes bajo custodia constituyen la modalidad de mayor incidencia. Advierte que dentro de esa categoría se incluyen fallecimientos ocurridos en cárceles, comisarías y otros lugares de detención, y señala que muchas muertes aparecen registradas oficialmente como suicidios, enfermedades o hechos accidentales, mientras que las organizaciones cuestionan la atención médica, las condiciones de encierro y la actuación de los agentes estatales.
Durante la gestión de Milei, el 60,15% de las muertes registradas corresponde a servicios penitenciarios provinciales y federal, mientras que el 31,24% corresponde a policías provinciales.
El informe también puso el foco sobre la juventud: entre las muertes bajo custodia durante la actual gestión, la franja de 15 a 25 años representa el 40% de los casos cuando se excluyen aquellos sin dato de edad. En paralelo, Correpi advierte sobre el crecimiento de la población encarcelada: de unas 34.000 personas privadas de su libertad en 2001 se pasó a una cifra que actualmente ronda las 135.000, según sus estimaciones.
En Córdoba, el listado de víctimas relevado por organizaciones que siguen la violencia policial incluye, entre otros, a Blas Correas, Jonatan Romo, Franco Amaya, Joaquín Paredes, Yamil Malizia, Facundo Rivera Alegre, Mariano Savioli, Rodrigo Sebastián Arce, Lucas Rudzicz, Damián Pérez, Abel Cortés, Isaías Luna, Rodrigo Sánchez y Gustavo Calderón. Son nombres que forman parte de una memoria colectiva que las familias vuelven a llevar a las calles cada año.
Para Lorena Acuña, esa memoria es también una forma de sostener la lucha mientras las causas avanzan lentamente. “Hay muchísimas víctimas y muchísimas familias esperando justicia. Vamos a seguir en las calles, porque es lo que nos dejaron nuestros hijos y para que no pasen nunca más”, cerró.
Este jueves, frente a Tribunales I, las familias vuelven a encontrarse para transformar el duelo individual en un reclamo colectivo: justicia por las víctimas de la violencia estatal y el fin de la impunidad.
Desde la organización de la Marcha contra el Gatillo Fácil, habilitaron un alias para recibir colaboraciones para las familias de las víctimas: 12marcha.gatillo
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