Ernesto Barreiro está acusado de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados en prejuicio de Carlos Alberto Civili y Luis Roberto Civili (fallecido). Por sus condenas previas, los fiscales solicitaron la pena de prisión perpetua.
Córdoba23/05/2025
Redacción La Nueva Mañana
En el 16° juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Córdoba, la fiscalía solicitó 18 años de prisión efectiva para Ernesto Guillermo Barreiro, ex jefe de la Sección Primero o Política del Destacamento 141 de Inteligencia del Ejército, por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados.
La investigación de la denominada "Causa Civili" indica que Carlos Alberto Civili, quien impulsa la denuncia, y Luis Roberto Civili, fallecido, fueron secuestrados a fines de agosto de 1978 y trasladados a Campo La Ribera, donde funcionaba un centro ilegal de detención y tortura. Ambos fueron torturados por el imputado y otras personas aún no identificadas.
Los fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Córdoba la pena de prisión pertua contra "Nabo" Barreiro, como presunto autor de delitos considerados de lesa humanidad, perpetuados durante la última dictadura militar.
Trotta y Bazo requirieron además que en caso de ser declarado culpable en este debate, se le unifique con las anteriores una pena única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Anteriormente, el represor fue condenado tres veces.
En su exposición frente al tribunal, Bazo expresó que "el señor Barreiro no ha sido el único responsable del padecimiento de las víctimas, sino que es el único que ha llegado vivo a esta instancia".
Además, el fiscal resaltó los testimonios de sobrevivientes que aportaron detalles sobre el accionar represivo de Barreiro, su participación en interrogatorios, torturas y decisiones sobre el destino de los prisioneros. Estos testigos dieron por acreditado el rol del imputado como jefe de la Sección Política y su presencia en centros clandestinos como La Perla y Campo La Ribera.
Los jueces Facundo Zapiola, María Cristina Giordano y María Noel Costa dictarán la sentencia el lunes 2 de junio.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) en agosto de 1978, integrantes del Tercer Cuerpo de Ejército que aún no pudieron ser identificados, privaron ilegítimamente de la libertad a Carlos Alberto y Luis Roberto Civili, en cercanías del III Cuerpo de Ejército. Las víctimas habían viajado desde Tucumán -donde residían- y se encontraban allí porque habían ido a presenciar el "salto de bautismo" de su hermano Jaime Darío Civili, quien cumplía con el servicio militar obligatorio en el Regimiento 14 Aerotransportada.
Una vez capturados, los hermanos fueron llevados a instalaciones militares que no pudieron ser identificadas, y luego de unas diez horas, fueron reducidos y trasladarlos a las instalaciones del centro clandestino de detención Campo La Ribera, en cuyas dependencias se desempeñaba el imputado Barreiro, como integrante del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino.
En ese sitio, las víctimas fueron mantenidas cautivas por diez días, cuando recuperaron su libertad. Según la imputación Barreiro, jefe de la Sección Primero o Política, junto con otros integrantes del Destacamento 141 de Inteligencia no identificados, sometieron a las víctimas a constantes torturas físicas y psíquicas.
La acusación sostiene que mientras duró su detención ilegal, las víctimas recibieron torturas, comentarios denigrantes y amenazas de parte de sus victimarios y fueron interrogadas en sesiones con diversos tratos crueles, con el objetivo de acceder a información que pudieran aportar en relación a militantes, organizaciones y agrupaciones.
La planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos materiales necesarios para la perpetración de estos hechos y para asegurar su impunidad estuvo a cargo de funcionarios jerárquicos del Ejército Argentino que fallecieron antes de que comience el juicio.
El dictamen suspende el decreto de Javier Milei que eliminó el programa de financiamiento de infraestructura en barrios populares. El Gobierno debe presentar un plan de urbanización o pagar una multa de $200.000 por cada día de demora.
El sindicato finalizó el paro con la notificación de la apertura de la mesa de diálogo. Este lunes será la primera reunión en donde las y los trabajadores exigirán una equiparación salarial del 90% con sus pares de la Justicia Federal.
Ernesto Barreiro está acusado de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados en prejuicio de Carlos Alberto Civili y Luis Roberto Civili (fallecido). Por sus condenas previas, los fiscales solicitaron la pena de prisión perpetua.
El Gobierno formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que generó un fuerte impacto en el ámbito internacional y podría acarrear riesgos en el acceso a vacunas y cooperación sanitaria.
El sindicato finalizó el paro con la notificación de la apertura de la mesa de diálogo. Este lunes será la primera reunión en donde las y los trabajadores exigirán una equiparación salarial del 90% con sus pares de la Justicia Federal.
El techo y las paredes del taller ubicado en la avenida Emilio Caraffa comenzaron a hundirse mientras realizaban un arreglo en las cloacas. Las autoridades municipales informaron que no se registraron heridos.
La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones, en referencia a la causa que tiene imputado al ex legislador por crecimiento patrimonial no justificado y lavado de dinero; a partir de una denuncia de Luciana Echevarría.
El episodio violento ocurrió en barrio Campo de La Ribera. La víctima, de 29 años, fue trasladada este viernes a la madrugada al Hospital de Urgencias. Quien lo habría atacado, un joven de 16 años, fue detenido en barrio Miralta.
El Concejo Deliberante aprobó este jueves los cambios a la Ordenanza N° 13.440. De esta manera, la administración de la ciudad quedó con una planta política de 382 funcionarios, más 17 empleados municipales jerarquizados al rango de directores.
El Juzgado Federal Número 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, hizo lugar al pedido que se había presentado en abril y que intenta dar con los cuerpos de personas detenidas desaparecidas por el terrorismo de Estado.
El Juzgado Federal número 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quirós, hizo lugar a una medida cautelar que había sido solicitada mediante un amparo colectivo, por personas y organizaciones de diversas provincias; entre ellas, Córdoba.
El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas reveló en un informe que el endeudamiento "ha dejado de ser una herramienta transitoria para convertirse en un fenómeno estructural".
La medida afectó el servicio de todas las empresas de interurbanos hasta las ocho de la mañana. El sindicato señaló que finalizó el período de conciliación voluntaria y advirtió que si no avanza la negociación profundizarán el reclamo el próximo lunes.
El gremio recibió la notificación durante un nuevo paro y previo a una movilización en demanda de la equiparación salarial con los empleados federales del Poder Judicial. Agepj adelantó que llevará los reclamos a la negociación "en unidad" con otras vertientes.
La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones, en referencia a la causa que tiene imputado al ex legislador por crecimiento patrimonial no justificado y lavado de dinero; a partir de una denuncia de Luciana Echevarría.
