Ernesto Barreiro está acusado de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados en prejuicio de Carlos Alberto Civili y Luis Roberto Civili (fallecido). Por sus condenas previas, los fiscales solicitaron la pena de prisión perpetua.
Córdoba23/05/2025
Redacción La Nueva Mañana
En el 16° juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Córdoba, la fiscalía solicitó 18 años de prisión efectiva para Ernesto Guillermo Barreiro, ex jefe de la Sección Primera o Política del Destacamento 141 de Inteligencia del Ejército, por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados.
La investigación de la denominada "Causa Civili" indica que Carlos Alberto Civili, quien impulsa la denuncia, y Luis Roberto Civili, fallecido, fueron secuestrados a fines de agosto de 1978 y trasladados a Campo de La Ribera, donde funcionaba un centro ilegal de detención y tortura. Ambos fueron torturados por el imputado y otras personas aún no identificadas.
Los fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Córdoba la pena de prisión pertua contra "Nabo" Barreiro, como presunto autor de delitos considerados de lesa humanidad, perpetuados durante la última dictadura militar.
Trotta y Bazo requirieron además que en caso de ser declarado culpable en este debate, se le unifique con las anteriores una pena única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Anteriormente, el represor fue condenado tres veces.
En su exposición frente al tribunal, Bazo expresó que "el señor Barreiro no ha sido el único responsable del padecimiento de las víctimas, sino que es el único que ha llegado vivo a esta instancia".
Además, el fiscal resaltó los testimonios de sobrevivientes que aportaron detalles sobre el accionar represivo de Barreiro, su participación en interrogatorios, torturas y decisiones sobre el destino de los prisioneros. Estos testigos dieron por acreditado el rol del imputado como jefe de la Sección Política y su presencia en centros clandestinos como La Perla y Campo de La Ribera.
Los jueces Facundo Zapiola, María Cristina Giordano y María Noel Costa dictarán la sentencia el lunes 2 de junio.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) en agosto de 1978, integrantes del Tercer Cuerpo de Ejército que aún no pudieron ser identificados, privaron ilegítimamente de la libertad a Carlos Alberto y Luis Roberto Civili, en cercanías del III Cuerpo de Ejército. Las víctimas habían viajado desde Tucumán -donde residían- y se encontraban allí porque habían ido a presenciar el "salto de bautismo" de su hermano Jaime Darío Civili, quien cumplía con el servicio militar obligatorio en el Regimiento 14 Aerotransportada.
Una vez capturados, los hermanos fueron llevados a instalaciones militares que no pudieron ser identificadas, y luego de unas diez horas, fueron reducidos y trasladarlos a las instalaciones del centro clandestino de detención Campo de La Ribera, en cuyas dependencias se desempeñaba el imputado Barreiro, como integrante del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino.
En ese sitio, las víctimas fueron mantenidas cautivas por diez días, cuando recuperaron su libertad. Según la imputación Barreiro, jefe de la Sección Primera o Política, junto con otros integrantes del Destacamento 141 de Inteligencia no identificados, sometieron a las víctimas a constantes torturas físicas y psíquicas.
La acusación sostiene que mientras duró su detención ilegal, las víctimas recibieron torturas, comentarios denigrantes y amenazas de parte de sus victimarios y fueron interrogadas en sesiones con diversos tratos crueles, con el objetivo de acceder a información que pudieran aportar en relación a militantes, organizaciones y agrupaciones.
La planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos materiales necesarios para la perpetración de estos hechos y para asegurar su impunidad estuvo a cargo de funcionarios jerárquicos del Ejército Argentino que fallecieron antes de que comience el juicio.
La tarea de remoción durante el feriado nacional duró más de 12 horas, en medio de las protestas y las alertas por el riesgo que corre el árbol de casi 300 años. La grúa no logró romper una profunda raíz del quebracho, que lo liga a la tierra.
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