El Centro de Estudios Legales y Sociales denunció que "la Policía cometió delitos graves" y todo el operativo debe ser investigado. Ya cursó comunicaciones ante la ONU y la Comisión Interamericana de DD.HH. y está previsto que en las próximas horas se haga la presentación formal.
País13/03/2025
Redacción La NUEVA Mañana
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que este miércoles durante la represión en el Congreso a la marcha de jubilados, "la Policía cometió delitos graves": uso descontrolado de armas, ataques a personas mayores y detenciones sin pruebas y advirtió que todo el operativo debe ser investigado para identificar a los autores materiales de los delitos y establecer las responsabilidades de las autoridades.
En ese marco, el Centro de Estudios ya cursó comunicaciones ante la Organización de Nacionales Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtiéndoles a los dos organismos de la magnitud del operativo represivo y está previsto que en las próximas horas se haga la presentación formal, según adelantó Página/12.
Las arbitrariedades en las detenciones ya habían sido señaladas por la jueza de la Ciudad que ordenó las liberaciones durante la madrugada y hasta el momento, 94 personas fueron liberadas. Sin embargo, el Gobierno redobla la apuesta: la ministra Patricia Bullrich defendió la represión e indicó que las fuerzas de Seguridad "estuvieron a la altura. Por su parte, el ministro de Gabinete, Guillermo Francos, comparó la protesta de jubilados apoyado por los hinchas y distintas organizaciones sociales, con "un intento de golpe contra el Gobierno".
"Ayer -por este miércoles en la marcha de jubilados y jubiladas, apoyada por hinchas y buena parte de la sociedad, las fuerzas de seguridad detuvieron personas al voleo. Hoy 114 fueron liberadas", indicó la organización y agregó que la jueza Karina Andrada dijo que la información sobre las detenciones tenía "deficiencias graves", que se vulneraban derechos constitucionales y que se trató de detenciones arbitrarias.
"Nadie está acusado de atentar contra la vida democrática, que sí se afecta al impedir las protestas", indicó el CELS.
En ese marco, puntualizó que el Gobierno resucita la narrativa del “golpe de Estado” para justificar una represión feroz y una escalada de violencia que empezó con las amenazas de la ministra Bullrich de reprimir a los participantes luego que hinchas de distintos clubes de fútbol se convocaran en solidaridad con los adultos mayores que cada miércoles reclaman en el Congreso por mejoras en la jubilaciones cuya mínima está por debajo de la indigencia.
"Las decenas de personas heridas y detenidas son trabajadores de prensa, jubilados, integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales. No hay golpe, hay represión", indicó el CELS a través de un comunicado y aclaró: "La protesta es un derecho. La actuación de esta Policía es ilegal".
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