El Gobierno volvió a reprimir a trabajadores que protestaban frente a PAMI y Capital Humano

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió este jueves la represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad -bajo las órdenes de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich- en las movilizaciones frente al PAMI y al Ministerio de Capital Humano.

Además, el Consejo Directivo Nacional del Sindicato se solidarizó con las y los trabajadores y los dirigentes gaseados y golpeados en la concentración llevada adelante frente al Ministerio de Capital Humano, cartera dirigida por la ministra Sandra Petovello.

"A pesar de la violencia perpetrada por el Gobierno del presidente Javier Milei, ATE reafirma su voluntad de seguir peleando contra las políticas de despidos masivos", indicó el gremio a través de un comunicado.

Cabe recordar que este miércoles, el gobierno de Javier Milei reprimió brutalmente a jubilados y trabajadores, que reclamaban por la crítica situación de la obra social PAMI que mantiene a más de 5 millones de beneficiarios sin cobertura.

La protesta tuvo lugar en medio de una sucesión de escándalos presidenciales que incluyen estafas multimillonarias con criptomonedas y arreglos con periodistas.

“La autoridad presidencial está resquebrajada y la imagen del Gobierno debilitada. Los estatales no le podemos dar tregua. Tenemos que aumentar la confrontación en todo el país. Esto es golpe por golpe”, disparó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

“Tenemos que evitar que sigan saqueando el presupuesto de la obra social y dejando a millones de jubilados abandonados y sin prestaciones. El PAMI es una de las obras sociales más grandes y su principio fundante fue siempre la solidaridad y ahora la están convirtiendo en una simple coordinadora de negocios con las corporaciones médicas privadas que son las únicas beneficiadas”, agregó el dirigente.

Los principales reclamos del sindicato con respecto a la obra social engloban una serie de irregularidades, como la demora excesiva en la entrega de medicamentos y la falta de los mismos; no se compraron elementos de fisiatría durante esta gestión (bastones, sillas, camas, colchones, etcétera); sobrefacturaciones y subprestaciones de médicos especialistas sin control; y el cobro ilegal de plus y aranceles diferenciados de $50.000 en promedio para jubilados; entre otros.

“Tenemos que multiplicar las protestas en todas las oficinas del país no solo para evitar su cierre sino para lograr su definitiva normalización y que se cumpla con la Constitución y la ley restituyendo al PAMI a sus verdaderos dueños que son los jubilados. La obra social debe ser gestionada por un directorio con participación de los trabajadores activos y pasivos”, señaló Rodolfo Aguiar.

Además, el sindicato alertó por el congelamiento salarial y los despidos en el organismo que ponen en riesgo el correcto funcionamiento de la obra social, recordando que varias oficinas (principalmente en las distintas provincias del país) fueron cerradas por las cesantías ilegales de trabajadores.