La defensa del fotoperiodista que fue herido en la represión del 12 de marzo cuestionó el resultado del expediente. El informe, que debía investigar el accionar de los gendarmes, indicó que el culpable del disparo fue la propia víctima "por ubicarse en la línea de tiro".
País01/07/2025
Redacción La Nueva Mañana
La defensa de Pablo Grillo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó el expediente de Gendarmería Nacional que debía investigar investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo, solicitado por la jueza María Servini. Denuncian que el sumario fue cerrado "en tiempo récord" y sin aportar pruebas que esclarezcan la situacuión. En las conclusiones, el informe administrativo indica que el disparo que puso en riesgo la vida del fotográfo es un "hecho fortuito", producto de la mala visibilidad y de la imprudencia de la víctima por ubicarse "en la línea de tiro".
El 19 de junio la jueza Servini ordenó allanar el edificio de Gendarmería y secuestró "información administrativa" que la fuerza abrió para corroborar o desvirtuar responsabilidades disciplinarias del personal del Destacamento Móvil 6, durante el operativo represivo del 12 de marzo, donde Grillo recibió el impacto de un proyectil de gas lacrímogeno. Dos semanas después, el expediente se cerró y concluyó que "no existía reproche disciplinario alguno". "El cabo Héctor Jesús Guerrero -acusado de efectuar el disparo- continúa en funciones", señaló la querella.
La familia del periodista cuestiona la objetividad de la investigación y criticó que el cabo Guerrero no haya sido apartado de su cargo. En las primeras declaraciones incorporadas a la causa, Guerrero dijo que actuó según el protocolo, que disparó al suelo y no vio a nadie herido, aunque diversos videos analizados por organismos de Derechos Humanos muestran que el gendarme disparó apuntando a la cabeza de Pablo.
Las abogadas recordaron que el cabo primero solo declaró en el marco del expediente administrativo tramitado por la propia Gendarmería "en un entorno completamente controlado, ante un superior de su propia fuerza, sin repreguntas y sin contraposición o control de la veracidad de sus dichos con otras pruebas". En este sentido, solicitaron que la Justicia avance en la investigación y lo cite indagatoria.
También indicaron que el objetivo de dicho informe “no fue investigar seriamente si hubo abusos o identificar responsabilidades”, sino “construir un relato cerrado, endogámico y corporativo” pensado para garantizar la impunidad.
“Desde el 21 de marzo, que fue la primera vez que nos presentamos como abogadas de la familia, junto a Agustina Lloret del CELS, pedimos que se cite a prestar declaración indagatoria a Guerrero porque, a esa fecha, ya entendíamos que había elementos para indagarlo. En ese momento, consideramos que se trataba de un homicidio agravado en grado de tentativa que, por suerte, no se consumó”, sostuvo la abogada Claudia Cesaroni.
El joven estuvo casi tres meses en terapia intensiva con una grave herida en la cabeza y actualmente se encuentra realizando su rehabilitación.
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