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Las 98 víctimas habían presentado el escrito ante el tribunal donde aceptan el pacto económico propuesto por el acusado en un intento de frenar el proceso en su contra, pero el tribunal dictaminó que el juicio oral seguirá adelante.
País23/10/2024Redacción La Nueva MañanaEl juicio contra Leonardo Cositorto en Goya, Corrientes, continuará pese a que los 98 damnificados aprobaron el acuerdo económico pautado por los imputados. Aunque el monto es confidencial, se estima que habrían acordado dólares e inmuebles.
La noticia fue confirmada por el Tribunal de Juicio de Goya luego de leer el escrito que el abogado de las víctimas presentó en la mañana de este miércoles, como había solicitado el presidente Ricardo Carbajal.
“Hasta el miércoles tienen plazo para presentar el acuerdo por escrito o este Tribunal no lo volverá a considerar”, expresó Carbajal el lunes pasado.
La cuestión judicial comenzó el viernes 18 de octubre cuando se dictó un cuarto intermedio por posible acuerdo económico con las partes. El lunes, después de varias revisiones, se confirmó que hubo pacto, motivo por el cual solo faltaba que los damnificados lo aprueban de manera formal.
Carbajal le había advertido a todas las partes que los medios alternativos de resolución de conflictos, como lo es un acuerdo, tienen un límite de tiempo ya que no se pueden estar tramitando las dos vías juntas, tanto el juicio como el acuerdo, “porque implica un dispendio de recursos humanos y económicos”.
Guillermo Dragotto, abogado de Cositorto, había afirmado el viernes pasado que "reparar el daño es, no reconocer un hecho de estafa, sino que acá hay damnificados. Queda zanjada la situación si esto era una estafa o una cuestión contractual".
"El principio del acuerdo tiene que ser de la equivalencia de lo que han tenido el perjuicio. En este caso como es dinero, será dineraria. No significa un reconocimiento en la participación en los hechos", explicó.
De esta manera, se esperaba que, tras el acuerdo firmado, el juicio contra Cositorto y otros imputados llegara a su fin en Corrientes, pero la Justicia no lo autorizó.
Fuente: NA
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