Redacción La Nueva Mañana
El Gobierno nacional avanzó con un proyecto de ley de desregulación que propone una profunda modificación del régimen de corretaje inmobiliario en la Argentina. El objetivo pasa por eliminar restricciones para el ejercicio de la actividad, habilita la participación de personas jurídicas y promueve la competencia en el sector.
La iniciativa, que forma parte de un extenso paquete de reformas, establece que para ejercer el corretaje solo será necesario ser mayor de edad y contar con título secundario expedido o revalidado en el país. Se deja atrás los requisitos vinculados con matrículas y exigencias profesionales establecidos por normativas provinciales y colegiaturas.
Además, el texto incorpora la posibilidad de que la actividad sea desarrollada tanto por personas humanas como jurídicas, y habilita expresamente la utilización de plataformas digitales y entornos virtuales para la prestación de servicios inmobiliarios. Sturzenegger recibió la visión de profesionales del área como Jorge Amoreo Casotti, CEO de Proptech Pint, una start up que se asentó en el mapa inmobiliario.
El texto también redefine las facultades de los corredores, que podrán realizar tasaciones, solicitar informes registrales y catastrales, otorgar garantías en operaciones y representar a una de las partes en la ejecución del negocio, entre otras atribuciones.
En otro de los puntos centrales, la propuesta determina que cualquier regulación sobre el corretaje deberá ajustarse a principios de libre competencia, igualdad de acceso y transparencia. En ese sentido, considera incompatibles con esos principios las exigencias de residencia en una jurisdicción determinada, así como la fijación de aranceles mínimos, valores sugeridos o topes máximos para honorarios y comisiones.
Asimismo, el proyecto prevé la derogación de artículos de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial vinculados al régimen vigente de los corredores, en línea con la política de desregulación promovida por la administración de Javier Milei.
De convertirse en ley, la iniciativa implicaría un cambio estructural en el funcionamiento del mercado inmobiliario argentino, al flexibilizar el acceso a la actividad y reducir la intervención regulatoria sobre uno de los sectores históricamente más regulados del ámbito comercial.
Fuente: NA
