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Con el decreto 695, el Gobierno reglamentó la primera parte de la Ley Bases con los primeros cambios en la reforma del Estado. La reglamentación avanza en cuatro aspectos: reorganización administrativa, privatizaciones, silencio administrativo y reglamentación; y ajustes.
Política05/08/2024El Gobierno reglamentó el primer tramo de la Ley Bases para avanzar el la reorganización de la administración centralizada y descentralizada. Lo hizo a través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial de este lunes.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo y de Desregulación Federico Sturzenegger.
La reglamentación avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada y en las privatizaciones como así también en el empleo público.
Los aspectos centrales del decreto tienen que ver con cuatro aspectos: reorganización administrativa, privatizaciones, Silencio administrativo y reglamentación y ajustes.
El cuanto a la reorganización administrativa: se establece que el Poder Ejecutivo puede reorganizar, transformar, liquidar fondos fiduciarios públicos siguiendo la Ley N° 27.742.
Sobre las privatizaciones fija que se deben seguir procedimientos específicos para privatizar empresas estatales, que incluyen la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas.
Según se indicó en el Boletín Oficial, la jefatura de Gabinete de ministros dentro del plazo de 15 días contados a partir de la entrada en vigencia del documento, debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 27.742.
El silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, comenzará a regir de acuerdo con las fechas previstas en el precitado cronograma y para los procedimientos que se inicien con posterioridad a las mismas.
En tanto, las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deberán identificar y mantener actualizado el detalle de los procedimientos administrativos alcanzados por lo establecido en el párrafo anterior, en el ámbito de sus competencias.
Los procedimientos administrativos regulados en normas especiales que contemplen la aplicación del silencio con efecto positivo continuarán rigiéndose por sus respectivas normas y mantendrán plena operatividad.
Además, la jefatura de Gabinete de ministros debe elevar al Poder Ejecutivo Nacional, previo informe fundado de las áreas competentes, los supuestos específicos en los que no será de aplicación el silencio con efecto positivo contemplado en el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, previo a su efectiva implementación.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la citada jefatura debe adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales, conforme lo expuesto en el artículo 3°.
Fuente: NA
El siniestro sucedió entre Manfredi y Oncativo. Las víctimas tenían 27 y 36 años.
Este sábado, en horas de la mañana, en calle 4 S/n° de Bº Santa Isabel, una mujer de 73 años perdió la vida tras el derrumbe de varias partes del techo, presuntamente provocado por la explosión de una garrafa y un anafe.
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Tras la feroz represión que la ministra ordenó el miércoles en la marcha de jubilados en el Congreso, el fiscal Picardi requirió al Ministerio de Seguridad que aporte diferentes elementos de prueba con los que contaría luego de la denuncia por "sedición".
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La legisladora por el Frente de Izquierda señaló que durante la marcha de jubilados le impidieron superar un cordón policial para ingresar al recinto. Reclama que no le permitieron "ejercer su rol" en la polémica sesión que se levantó tras la pelea de los libertarios Oscar Zago y Lisandro Almirón.
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La funcionaria evade su responsabilidad en la represión del Congreso y a través del ministerio de Seguridad presentó en la Justicia Federal una denuncia por presunta "sedición y asociación ilícita", en referencia a la marcha de jubilados donde hubo decenas de heridos.
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La distinción reconoce a quienes reivindican la memoria y la lucha por los derechos de las mayorías y las minorías en Córdoba y que ocupan un rol fundamental en las batallas actuales.
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