En los singulares momentos que atraviesa el país -y el sistema educativo en particular- es de conocimiento público que las entidades educativas privadas tienen previsto un aumento de los aranceles a partir del inicio del ciclo lectivo. En atención a esto y al momento que atraviesa el sector, LNM conversó con el presidente de la Cámara Cordobesa de Entidades Educativas Privadas, Javier Basanta Chao.
- ¿Puede decir si tiene la Cámara previsto de cuánto va a ser el aumento con el que los padres se van encontrar el 26 de febrero?
Estamos trabajando sobre un estimado de entre un 30% a 50% respecto a la última cuota 2023. Estamos a la espera del cierre de la paritaria docente, dado que este salario llega en algunas instituciones a ocupar entre un 85% y 90% de la estructura de costos.
- ¿Han articulado respecto de los nuevos valores de los aranceles y la colaboración mutua con la actual administración provincial? ¿Qué expectativas tienen desde la Cámara?
Con el Ministerio provincial de Educación hemos mantenido reuniones respecto a la celeridad que necesitamos -respecto a los plazos existentes- entre cuando una institución educativa privada debe presentar su Declaración Jurada de Aranceles, esto es abril 2024- retroactiva a marzo 2024-, para que la misma pueda ser resuelta de manera rápida. Esto no es caprichoso, sino que responde a la finalidad de aplicar el incremento de manera inmediata, y no que por demoras en su resolución se termine teniendo que aplicar los acumulados desde marzo a mayo en el mes de junio 2024. Digo esto porque este impacto ya se produjo en año pasado y ocasionó mucho malestar en las familias.
“Estamos a la espera del cierre de la paritaria docente, dado que este salario llega en algunas instituciones a ocupar entre un 85% y 90% de la estructura de costos”.
- ¿Cómo asumen desde la Cámara la libertad total, proveniente desde el Ejecutivo nacional, para que los aumentos no tengan ningún tipo de restricción? ¿Los incrementos arancelarios van a quedar a completa voluntad de cada institución, o la Cámara va a fijar un aumento testigo el cual tomar como parámetro?
En nuestra jurisdicción se aplica un sistema diferenciado que establece que las instituciones educativas privadas que no reciben aportes puedan fijar la cuota de acuerdo a sus requerimientos y regulado por la oferta y la demanda. En cambio, aquellas que reciben aporte deben presentar su Declaración Jurada de Aranceles en el mes de abril de cada año –como expliqué anteriormente- y a posterior y de acuerdo a los incrementos salariales e inflacionarios, presentar las rectificativas correspondientes.
- ¿Cuáles son los principales cambios dentro de las instituciones educativas que usted prefigura que ocurrirán a partir del arribo de una nueva administración nacional?
En realidad, es muy poco tiempo para avizorar lo que pueda llegar a suceder; hoy por hoy estamos tratando de que se renueve la prórroga del art. 24 de la ley 27541, el cual establece un régimen diferenciado para instituciones educativas respecto a los aportes y contribuciones de su personal. El mismo debería haberse prorrogado entre diciembre y enero como venía sucediendo año a año y aún no tenemos novedades; y AFIP nos toma como contribuyentes convencionales, lo que sin lugar a dudas va a repercutir en el incremento de las cuotas.
- ¿Cómo evalúa la posibilidad –que se supone deja abierta a través de ley ómnibus- de que los alumnos que entran al Ciclo Orientado puedan realizar el mismo a distancia?
Para abordar la respuesta resulta imprescindible señalar que la educación a distancia ha avanzado de manera extraordinaria durante la pandemia Covid-19. En el nivel superior ha permitido que muchas personas puedan formarse a pesar de su lejanía con los grandes centros urbanos. Entonces pienso que en el caso del nivel secundario se debería trabajar sobre los criterios y procedimientos para su instrumentación.
¿Hay algún señalamiento que quisiera hacer a la sociedad respecto a las particularidades de las entidades educativas privadas en virtud de que una parte de esta sociedad aludida pudiera tener una visión distorsionada de las mismas en algunos aspectos relevantes?
Bueno, sí quisiera decir que muchas veces se expresa –en diferentes lugares públicos y/o medios- que hay instituciones educativas privadas que reciben el 100% de aportes y eso hace suponer que cubren toda su masa salarial con los importes transferidos, y esto no es así. La Provincia transfiere aportes -tomando como base la planta funcional de una escuela estatal- sin tener en cuenta que la institución privada, como mínimo, posee un 50% más de personal debido a la implementación de su proyecto educativo y los servicios que brinda a su comunidad educativa. Si tomamos la totalidad de los porcentajes de aporte que reciben las instituciones privadas y los dividimos por la cantidad de las mismas, nos daría como promedio que reciben un 50%. Dado que los aportes se ubican aproximadamente entre un 20% y un 100%.
“La Provincia transfiere aportes -tomando como base la planta funcional de una escuela estatal- sin tener en cuenta que la institución privada, como mínimo, posee un 50% más de personal”.
