El gobernador Martín Llaryora promulgó la nueva normativa. Un análisis de los puntos centrales de la ley en una entrevista de LNM con Sergio Job, uno de los expertos consultados en la Legislatura antes de la aprobación.
Córdoba29/12/2023
Lucia Ceresole
Sancionada por la Legislatura, la provincia de Córdoba estrena la Ley 10.954 de “seguridad pública y seguridad ciudadana”. La principal novedad es el cambio que introduce al régimen de seguridad provincial con la inclusión de diversos organismos que se suman a este ecosistema. El eje está puesto es un “diseño participativo” y en una “gestión asociada” de las políticas públicas que incluye guardias locales y prestadoras privadas de servicios de seguridad. El objetivo sigue siendo la prevención y lucha contra “las violencias, las contravenciones y el delito y políticas de promoción de la paz y la tranquilidad social”.
En su normativa, la ley crea el “Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba” conformado por los tres poderes, el Ministerio Público Fiscal, las Fuerzas Provinciales de Seguridad, la Policía de la Provincia de Córdoba, el Servicio Penitenciario de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, municipios y comunas, el Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, las Guardias Locales de Prevención y Convivencia Ciudadana, los Consejos Departamentales, Municipales y Barriales de Prevención y Convivencia, el Observatorio de Seguridad y Convivencia y las empresas prestadoras privadas de seguridad. Y es el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, quien define la planificación, programación y gestión en la materia.
“Hay un cambio fundamental en términos de cosmovisión o epistemológicos respecto de cómo se entiende la seguridad. No es más responsabilidad exclusiva del Estado, sino que el Estado pasa a ser el principal garante, pero en un ecosistema más amplio”, analiza Sergio Job en diálogo con La Nueva Mañana, uno de los especialistas consultados en la Legislatura antes de la aprobación de la ley. Es abogado, doctor en Ciencia Política, diplomado en Seguridad Ciudadana, docente de la UNC y formó parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En este sentido, opina que la nueva ley de seguridad “cambia el paradigma dentro del cual se piensa, pero ese cambio de paradigma no sirve a los fines que se busca atacar” y aclara: “Para mí el gran problema, si yo tengo que hacer un diagnóstico y lo dije frente a la comisión legislativa, es que está mal hecho el diagnóstico. Entonces se intenta construir una solución para un problema que no tenemos y para los problemas que sí tenemos no hay ningún tipo de respuesta. Lo que va a suceder es que los problemas que existen van a continuar y seguro se van a profundizar y van a emerger un montón de problemas nuevos”.
Se intenta construir una solución para un problema que no tenemos y para los problemas que sí tenemos no hay ningún tipo de respuesta
En su capítulo tercero la ley menciona la creación del Programa Provincial “Guardias Locales de Prevención y Convivencia” donde se invita a los municipios o comunas a adherir a la ley para crear sus respectivas guardias que, entre sus funciones, podrán auxiliar a la Policía local en la prevención de violencias, contravenciones y delitos, mantener el orden público, disuadir ante la comisión de faltas, labrar actas de infracción, realizar clausuras, secuestros y decomisos. Córdoba Capital, Villa María y San Francisco son las primeras ciudades en adherir a esta ley.
Un punto relevante es que estas guardias estarán integradas por “Agentes Locales de Prevención y Convivencia” que dependerán de esos municipios y podrán usar armas menos letales. Para Job, es este aspecto el que va a dificultar el control del accionar policial: “Si en la estructura actual era sumamente difícil hacer un control, y la provincia ha hecho esfuerzos institucionales para tratar de hacer ese seguimiento, imaginate ahora con esta diversificación y ampliación del ecosistema de seguridad”. Es decir que, si en Córdoba hay 421 municipios y comunas, plantea el abogado, podría haber 421 entidades, más allá del estado provincial, que ahora tienen capacidad de tener sus propias guardias urbanas con armas menos letales.
“Entonces hay que protocolizar y controlar el uso de esas armas menos letales en esa intimidad de nuevos integrantes del esquema de seguridad. Yo lo que creo es que muy factible que esto le termine explotando en muchísimos problemas y conflictos que hoy no existen de situaciones de abuso de poder sistemático”, afirma.
A esta estructura se suma otro integrante: el personal de prestadoras de servicios de seguridad privada que podrán usar armas menos letales previa certificación del Ministerio de Seguridad que se renovará de forma anual. El especialista se pregunta: “¿Qué va a pasar con los barrios privados cuando ahora la seguridad privatizada pueda además portar armas menos letales? ¿Cuál es la capacidad que va a tener el Estado para gestionar ese territorio?”. Y avanza: “En los espacios donde el narcotráfico se disputa el territorio, que es el gran problema de los estupefacientes, qué va a pasar cuando esas grandes maquinarias de generar violencia y recursos económicos tengan la posibilidad de contratar empresas privadas para su propia seguridad”.
¿Qué va a pasar con los barrios privados cuando ahora la seguridad privatizada pueda además portar armas menos letales? ¿Cuál es la capacidad que va a tener el Estado para gestionar ese territorio?
La nueva ley de seguridad provincial llega en un contexto con alta conflictividad social y con una sociedad atravesada por discursos de odio. Estos marcos son, para Job, determinantes en la generación de “un caldo de cultivo que podría ser contrario a los objetivos de la ley”.
“Si encima damos más armas a la Policía y más libertad para funcionar y diluyendo la responsabilidad en muchas comunas y municipios, que vaya a saber qué capacidad de control de eso tengan, y en un montón de empresas privadas, que encima no van a ser responsables, la verdad que estas generando un caldo de cultivo para que se repita sistemáticamente situaciones de violencia estructurales que hoy no existen de esa manera”, opina.
La capacitación es otro punto relevante y la normativa establece algunas precisiones como la creación de un Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia que depende del Consejo para la Planificación Estratégica (CoPEC). Este organismo tendrá que proponer programas de capacitación para las Fuerzas Provinciales de Seguridad, las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada.
El abogado destaca que es “complejo” controlar el nivel de capacitación de las personas que conforman las guardias locales, principalmente en comunas pequeñas, y que “se enmarca en un discurso de demagogia punitiva fuertísimo en donde, cualquier propuesta por más que no sirva para generar seguridad, sirve para generar votos. Entonces todas las comunas y municipios van a querer tener su guardia y su patrullero”.
El análisis que hace Job sobre las principales problemáticas en seguridad que afectan a Córdoba coincide con los principales ejes que destacan algunos funcionarios: narcotráfico, robo de automotores y de partes y homicidios. Sin embargo, no considera que la nueva ley aborde estos problemas.
En el caso del narcotráfico, remarca: “Esta ley no viene acompañada de lo que sí habría que hacer, que es mecanismos de persecución e investigación de las rutas del dinero. Quienes nos dedicamos a la seguridad sabemos que no es persiguiendo la sustancia como se persigue al narcotráfico, porque podemos secuestrar kilos de droga y va a seguir fluyendo, tenés que seguir la ruta del dinero. Y no hay nada establecido en ese sentido, ni siquiera en términos de exigencia al gobierno nacional. No hay propuesta para que se persiga a la ruta del dinero en el narcotráfico y eso tiene impacto en los cordobeses y cordobesas”. Lo mismo menciona en torno al robo sistemático de automotores y autopartes, donde falta la investigación de los desarmaderos de autos.
Por otro lado, Job explica que Córdoba tiene una tasa de homicidios muy baja respecto del resto del país, pero que el 80% son cometidos con armas de fuego y, en muchos casos, por conocidos y familiares. Entonces es necesaria una política “fuerte” en términos de desarme de la población. La nueva ley sólo menciona la modificación del artículo 5º de la Ley Nº 9400 de Adhesión a la Ley Nacional Nº 26216 y establece que “toda persona que realice la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, se hará acreedora del incentivo que establezca la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria, además del previsto en la Ley Nacional Nº 26.216”.
“En lugar de buscar una política que ataque la portación de armas y, por otro, las formas vinculares, lo que se hace es dar más libertad a la portación de armas, lo cual incrementa la violencia y es muy factible que eso tenga un impacto negativo en la tasa de homicidios existentes en la provincia”, afirma.
Esta ley no viene acompañada de lo que sí habría que hacer, que es mecanismos de persecución e investigación de las rutas del dinero
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