Cerca de las 12.15 horas, el flamante presidente que prestó su jura ante la Asamblea Legislativa minutos antes del mediodía de este domingo, dirigió sus primeras palabras a la multitud que se hizo presente frente al Congreso. "Hoy comienza una nueva era de la Argentina", anunció.
Se abrió la Asamblea Legislativa a las 11.15. El liberario se convertirá en el octavo presidente ungido por el voto popular en estas cuatro décadas ininterrumpidas de democracia. Milei llegará al Congreso acompañado de su hermana Karina. El mensaje desde la Oficina del Presidente Milei.
El flamante gobernador adelantó en su discurso que, a pesar de la crisis económica, la obra pública no se detendrá en la provincia y que lanzará un nuevo programa de reinserción laboral para personas de entre 25 y 45 años. Además, modificará la ley de Seguridad provincial para permitir la creación de "policías municipales" que podrán portar armas no letales.
Ataviados con banderas argentinas y con la insignia de La Libertad Avanza (LLA), ciudadanos procedentes de distintos puntos del país se ubicaron en las inmediaciones del Parlamento, en la Plaza de los Dos Congresos de la ciudad de Buenos Aires, en medio del gran operativo de seguridad dispuesto para la ceremonia.
La distorsión en los precios de los bienes se trasladó al “mercado de la salud” con el cobro de copagos. Concentración, ausencia de controles y el consabido “sálvese quien pueda”.
Ed Impresa 30/09/2023
Miguel Apontes
Hace pocos días Apross (Administración Provincial del Seguro de Salud), la principal obra social de la provincia, con más de 600.000 afiliados, anunció un incremento de los coseguros del 100 por ciento. Y los afiliados pusieron el grito en el cielo.
Si bien Apross no está comprendida en la regulación de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para las obras sociales en general, el coseguro completa generalmente alrededor del 10 o 20 por ciento de las prestaciones, y está legislado. En internaciones, la cobertura es del 100 por ciento.
Pero otra cosa es el “copago”, “pago ético”, o sencillamente “plus”, que profesionales médicos o instituciones privadas cobran directamente a los afiliados de las obras sociales. Los montos son arbitrarios, por una consulta van de los 1.500 a los 3.000 pesos. Es más, la Asociación de Médicos de Guardia de Córdoba, anticipó que a partir de octubre “los médicos exigirán el ‘pago ético’ de 6.000 pesos”.
Carlos Mulqui, integrante de la Asociación, en declaraciones a distintos medios advirtió que el mensaje estaba dirigido a “la población, a los dueños de clínicas y hospitales privados, prepagas, obras sociales e intendentes”.
Ante esta embestida de los prestadores y profesionales médicos, dirigentes sindicales de Córdoba se reunieron con el titular de la Superintendencia, Daniel Alejandro López. Al encuentro asistieron Ilda Bustos (Gráficos); Héctor Morcillo (Alimentacion); Claudio Salvador Gelati de (Docentes particulares); Luis Hlebowicz (Pasteleros) y Pablo Quiroga (Aguas gaseosas).
López ratificó que la ley 23.661 contempla las infracciones de los prestadores y establece sanciones. Los dirigentes aseguraron que denunciarán a quienes no cumplan con los contratos firmados y cobren el “plus”.
Como en toda la economía, la salud padece una distorsión en sus precios y, como en otros rubros, el Estado no ajusta los controles para evitar estos abusos en un tema tan sensible.
El cobro del “plus” a los pacientes aparece ya como “naturalizado”. Algo que comenzó allá por la década del 90 del siglo pasado y, después de tantos años, no se ha resuelto; ahora está nuevamente en la agenda, a partir de la crisis económica y de los alicaídos ingresos de los trabajadores.
¿Hay una actitud especulativa de los prestadores, pagando bajos honorarios? Hugo Zárate es el secretario General de AMRA Córdoba (Asociación de Médicos de la República Argentina), y sostiene que los profesionales no son los responsables de esta situación.
“A partir del deterioro salarial, de las malas condiciones de trabajo y la absoluta responsabilidad al ejecutar el acto médico, creo que tiene todo el derecho de cobrar el plus, aunque no sea una salida elegante, y afecte a los trabajadores, los pacientes”.
Zárate denuncia que el problema está en “la mala administración de todos los estamentos, “el Estado, las prepagas, las obras sociales, todo se escapó de las manos y la medicina se maneja al mejor estilo liberal, sometiendo a los médicos a honorarios de hambre y quien termina afectado, el más débil, es el paciente”.
El dirigente graficó la situación: “Vos haces una cirugía ahora, con bajísimos aranceles, y te la pagan a los 60 días, o te terminan pagando a los 6 meses, es una cosa descomunalmente injusta”.
Como representante sindical, reconoce la falta de consciencia de los médicos y el rechazo a sindicalizarse, lo que podría contribuir a negociar mejores honorarios y salarios. “El médico carece de una concepción sindical, si acá hubiese un sindicato fuerte sería diferente a la hora de negociar”.
Y advirtió sobre una realidad en la profesión, el “multiempleo”. El titular de AMRA lo define como una distorsión: “Se da la situación de profesionales jóvenes, que tienen varios trabajos, que le llevan hasta 12 horas diarias en algunos casos, de lunes a sábado”.
“La salud es un gran negocio y no hay ningún elemento colectivo de esta parte, de los médicos, que pueda disputar eso. Por ejemplo: los empresarios de transporte son poderosos, pero hay una contraparte, el sindicato de camioneros, y la cosa más o menos se balancea. En el caso de los médicos, mientras no estemos organizados, la salida va a ser siempre individual”, dijo Zárate a La Nueva Mañana.
“Nos preocupa que los prestadores hayan cambiado unilateralmente las condiciones de acceso a las prestaciones, fijando estos copagos, estos bonos de referencia, que no son nada más que el plus que siempre hemos combatido”.
La definición corresponde a Héctor Morcillo, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación. En declaraciones a Radio Nacional, dijo que el copago varía según las distintas asociaciones de profesionales, bioquímicos, odontólogos… aunque mencionó otro fenómeno: “Se van desmembrando de los efectores de salud, aparecen los autoconvocados de pediatría, de traumatología, y fijan valores que son imposibles de absorber y que no son los que se han pactado originalmente”.
Las obras sociales sindicales denuncian que los prestadores les piden incrementos que van del 25 a más del 100 por ciento, “con reclamo de cobro a 30 días”. Morcillo insistió que la situación se torna insostenible para las obras sociales, “en tanto nuestros ingresos están atados proporcionalmente a la discusión de la paritaria, así que esos valores que se están planteando hoy son imposibles de absorber”.
“Tras las PASO, y a partir de la devaluación del 22 por ciento, no hay valores reales, y buena parte de los sanatorios y las clínicas, están pidiendo honorarios o aranceles médico asistenciales muy por encima de lo que las obras sociales sindicales podemos pagar”, explicó a La Nueva Mañana Rosana Calneggia, vicepresidenta de la Obra Social de Prensa (OSEPC).
Los ingresos no son otros que los que provienen de los trabajadores y trabajadoras registrados y el aporte de monotributistas, “que no han tenido aumentos, ni cerca, para contrarrestar el pedido de algunas clínicas y sanatorios”, agregó.
Calneggia se pregunta: “Cómo hacemos las obras sociales sindicales para pagar prestaciones superiores a los ingresos que tenemos, que son solamente los aportes de los trabajadores?”
Y continuó: “No somos medicina prepaga, no podemos trasladar ese costo a ninguna parte. Por otro lado, creo que hay una necesidad de mayor regulación del Estado, que tiene un rol en el mercado de la salud, para eso existen las leyes 23.660 y 23.661, que estipulan qué es lo que tenemos que cubrir, nuestras obligaciones y también las obligaciones para los intermediarios del sistema”.
Sobre la decisión de algunos prestadores de cobrar un plus a los afiliados, Calneggia insistió con que se trata de una infracción. “Hay que denunciarlo a la Superintendencia de Servicios de Salud, porque en la mayoría de los casos no está documentado por factura o recibo, es un pago en negro que hasta se puede denunciar a la Afip, ya que debe considerarse evasión fiscal”, sostuvo.
“Nuestra obra social no va a convalidar ni un valor que no podamos pagar, porque tenemos que mantener un equilibrio para que las prestaciones no se caigan”, enfatizó.
A partir de las propuestas en esta campaña electoral, particularmente de espacios ligados a la derecha que plantean una mayor liberación del “mercado”, Rosana Calneggia reflexionó: “Debe haber más Estado, su rol debe ser más preponderante en temas como el de la salud. Por estos días quedó demostrado qué puede hacer el libre mercado cuando no tiene regulación”.
Y sentenció: “La concentración lleva a la ‘cartelización’, algo que incluso se contradice con el concepto de libre mercado, poniendo el precio que quiera. El ejemplo es la manera cómo fijan los valores unilateralmente los prestadores médicos. Quedó demostrado en estos días lo que puede hacer el ‘libre mercado’ cuando no tiene regulación”.
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