Redacción La NUEVA Mañana
La Justicia sobreseyó a dos empleadas del Sanatorio Aconcagua que estaban acusadas por no auxiliar a Valentino Blas Correas después de ser baleado por policías. Las imputadas debieron pagar una multa, tal como prevé el Código Penal para el delito que afrontaban.
La familia de Blas expresó su malestar ante la falta de un gesto de humanidad por parte de María Laura Moya y Paola Andrea Mezzacapo. Señalaron que esperaban al menos una explicación de por qué el 6 de agosto de 2020 omitieron auxiliar al adolescente cuando agonizaba en el auto baleado por la policía.
"Ojalá en sus conciencias estas dos personas se pregunten el resto de su vida qué hubiese pasado si ellas simplemente llamaban al médico", expresó Soledad Laciar, la mamá de Blas.
Las empleadas pagaron una multa de 12.500 pesos, el máximo previsto para el delito de omisión de auxilio. Con participación del fiscal de Cámara, Fernando López Villagra, la Cámara Octava del Crimen instó a las imputadas a ofrecer algún tipo de resarcimiento.
En respuesta a ese requerimiento, Moya y Mezzacapo ofrecieron mediante el abogado Carlos Nayi un total de 300 mil pesos a modo de "reparación de los daños causados".
El tercer empleado del sanatorio acusado es Fernando Gabriel Casalino, a quien imputan de abandono de persona y está a la espera del juicio.
Casalino estaba en la puerta del centro médico cuando llegó el auto en el que trasladaban a Blas gravemente herido. Para el delito que le adjudican, el Código Penal prevé una pena que va de 2 a 6 años de prisión.
La Cámara de Casación de Córdoba confirmó en mayo pasado la elevación a juicio del caso.
Luego de las condenas a los policías que asesinaron a Blas y contra los efectivos que actuaron para encubrir el caso, la Cámara solicitó nuevas investigaciones que quedaron en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
Este miércoles la familia del adolescente fue admitida como querellante en ese proceso, confirmó a ElDoce.tv el abogado Alejandro Pérez Moreno.
De ese modo, los familiares de Blas podrán aportar y controlar las pruebas para determinar si hubo otras responsabilidades. Parte de la causa investiga el accionar policial en la jefatura y en la esquina de Corrientes y Chacabuco donde murió la víctima.
