Redacción La Nueva Mañana
Otorgar prioridad política a la vivienda digna masiva a través de un sistema provincial de la vivienda es la propuesta del fundador y asesor de Cooperativa Horizonte, Julián Benassi. La iniciativa del contador, con más de 40 años de experiencia en vivienda social, busca proponer una alternativa a autoridades provinciales electas y a candidatos a intendente de Córdoba con un sistema donde pueda intervenir el estado, las cooperativas y el sector desarrollista privado.
Esta propuesta de un “sistema provincial (o municipal) de la vivienda” tiene como objetivo “instituir como derecho efectivo el acceso a la casa propia y servicios conexos tal como lo establece la Constitución”. Según Benassi, este debería tener carácter universal y ser continuo en el tiempo, es decir que no esté estipulado por cupos o planes. Incluso, asegura que con este plan puede “eliminarse el déficit habitacional en un plazo máximo de 8 a 10 años para quienes se dispongan a participar” ya que el sistema tiene resultados inmediatos en vivienda social.
La iniciativa ideada por el propio Benassi tiene como principal destinatario a “todo interesado, sin casa propia, dispuesto a efectuar un aporte verdaderamente a su alcance en dinero, trabajo, tierra o materiales”. De este modo, el interesado se integra a una “entidad promotora” que diseñará y llevará adelante su propio sistema de viviendas y donde “podrá ejercer todo derecho de elección y control”. Es decir, podrá elegir y controlar fondos, obras, tecnología, tipología, ubicación, sistema de aportes y cierre económico.
Las “entidades promotoras” podrán consistir en entes o empresas con fines de lucro (incluyendo al sector financiero) o sin fines de lucro, habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación del sistema provincial de vivienda.
El proyecto pensado por Benassi plantea que el estado provincial o municipal pueda entregar recursos productivos. A través de un sistema mixto, provincia o municipio aportarán de diferentes maneras un monto fijo a valores constantes por cada nueva vivienda ejecutada por la “entidad promotora”. Sobre esto, dice el fundador de Horizonte: “Es decir también que mientras más económica sea la elección de vivienda más porcentaje resultará aportado por el Estado, aunque existirá un límite máximo de categoría constructiva, costo y metrajes para las viviendas y lotes de dicho sistema”.
Los aportes del Estado podrán ser en dinero, tierras, servicios básicos conexos (como agua, luz, etc), materiales, mano de obra adscripta, eximición de impuestos, tasas y derechos. “Se establecerá un cronograma rápido de factibilizaciones y servicios estatales necesarios para poder construir y entregar a tiempo las viviendas del sistema”, establece el proyecto.
Con esta propuesta, Benassi proyecta que cada adjudicatario restituirá, aportará o pagará en total, en los plazos convenidos con su entidad promotora, el monto necesario para construir la misma vivienda que recibió. Estos desembolsos serán a valores actualizados y, por eso, podrían acarrear “dificultades para el cumplimiento ante problemas económicos particulares, o ante pérdida de capacidad adquisitiva generalizada”. En estos casos, el proyecto plantea que podrá disponerse que las cuotas o aportes mensuales no superen a los que resulten de aplicar el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) “aun cuando ello implique estirar los plazos de cancelación de la vivienda originalmente previstos”.
La propuesta busca incorporar también a sectores con mayores carencias, sin ingresos fijos o con dificultades para acceder a sus hogares propios, y “en una decisión política estatal establecer un porcentaje de subsidio explícito sobre el aporte o cuota mensual o sobre el costo de la vivienda”.
Este sistema provincial de la vivienda también analiza la incorporación de sectores con mayores carencias, sin ingresos fijos o mayores dificultades para acceder a sus hogares propios y propone que “en una decisión política estatal establecer determinado porcentaje de subsidio explícito sobre el aporte o cuota mensual o sobre el costo de la vivienda”. Además, será el estado quien deberá implementar una oficina especial destinada a informar al público respecto de la legalidad y formalidad de tierras, infraestructura, vivienda y planes de vivienda de cada entidad promotora con el objetivo de evitar fraudes.
Otro de los aspectos propositivos del proyecto es generar reservas de tierras para viviendas. De este modo, “se implementarán reglas de rezonificación para generar en cada pueblo o ciudad una reserva de tierras exclusivamente destinadas a vivienda social suficiente para cubrir el respectivo déficit habitacional existente”. La normativa de aplicación es quien asignará el destino exclusivo a determinadas tierras, “independientemente de quien resulte ser su propietario (un privado o el propio Estado)”.
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