La campaña internacional “Acompañe, no castigue” vuelve a advertir sobre el daño de las políticas represivas contra las personas con consumos problemáticos.
Ed Impresa30/06/2023
Miriam Campos
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS:
Durante junio se realizó una nueva edición de la campaña internacional “Acompañe, no castigue” que busca concientizar sobre la mirada represiva contra las personas con consumos problemáticos de sustancias y el daño que generan las políticas punitivas. Una iniciativa nacida como contracara de las consecuencias que la “guerra contra las drogas” ha generado en las comunidades.
Cada 26 de junio se realiza el Día de Acción Global, que coincide con el “Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”, y la campaña “Acompañe no castigue” busca darle un giro a esa jornada, realizando manifestaciones en todo el mundo a favor de la reducción de daños y de terminar con la criminalización de las personas por usar drogas.
Es por ello que decenas de organizaciones en el país vuelven a plantear una mirada más realista de los consumos de sustancias y, al igual que en 2022, el foco sigue estando en la necesidad de cambiar la ley 23.737 –conocida como la ley de estupefacientes- que castiga a las personas que usan sustancias psicoactivas y perpetúa el paradigma punitivo en relación a una problemática de salud mental, algo que debiera ser abordado desde dispositivos de salud y no desde las fuerzas policiales o la Justicia.
“El planteo es que la ley 23.737 se contradice con la ley de salud mental en muchos de los puntos y, por otro lado, es una legislación que termina criminalizando a usuarios de las sustancias y eso genera estigmas y barreras de acceso a servicios de salud”, dice a La Nueva Mañana Eugenia Decca, trabajadora social y parte del equipo del Programa del Sol, el centro de prevención y tratamiento para el consumo de sustancias que brinda en la provincia asistencia a las personas que necesitan ayudan y acompañamiento terapéutico ante el consumo problemático de sustancias.
Para Decca, una de las cuestiones es pensar que la orientación de la ley 23.737 configura un determinante en la trayectoria de las personas dentro del sistema de salud ya que los usuarios de sustancias -al estar vinculados con un hecho que es ilegal-, quedan ubicados en un lugar de vulnerabilidad, que genera estigma y que dentro del sistema de salud también promueve discriminación.
La lectura es que mientras siga habiendo una mirada penalizadora hacia los usuarios de sustancias, el acceso a derechos básicos como salud, educación, trabajo va a seguir siendo una deuda: “Lo que se pide no es la legalización de todas las sustancias sin control del Estado y un consumo liberado, tampoco se promueve el consumo, sino lo que se plantea es que, si entendemos el consumo de sustancias como un problema de salud para aquellas personas que generan un consumo problemático, entonces es importante generar políticas de salud y no políticas punitivas o represivas. Ahí, la necesidad de modificar la llamada ley de estupefacientes”, puntualiza la trabajadora social.
Acompañar, como dice la campaña, es un movimiento que hay que hacer con la persona, de brindar información y de brindar otras perspectivas: “Muchas veces los usuarios que llegan a tratamientos vienen sintiéndose muy mal, además de la problemática, llegan muy culposos en relación a sentirse en el rol de malos, porque durante toda la vida han estado escuchando este discurso de castigo y están imposibilitados de pensar el consumo problemático como una situación de problemática de salud mental porque no es la persona sino también el contexto”, aporta la psicóloga Virginia Fdeil que integra también el equipo de trabajo que brinda asistencia desde el Programa del Sol y agrega: “Sigue vigente esta idea de que la salud mental es algo individual, donde cada persona tiene que atravesar su problemática, pero no, la salud mental es colectiva y se incluye por las redes, desde lo micro a lo macro”.
Contrario a castigar, se puede pensar la situación como una problemática en el vínculo que una persona estableció con una sustancia y una necesidad de que debe haber un tratamiento abordado por profesionales de la salud mental, lo cual es un derecho que tienen las personas. Y no ser encerradas por la ley, ser castigadas o internadas involuntariamente: “La persona tiene que ser acompañada, primero desde una red de contención familiar, por un dispositivo de tratamiento que lo pueda alojar, que lo pueda escuchar porque es una persona sujeta de derechos. Debe tener acceso a poder sostener, realizar e intentar un tratamiento en libertad para tener contacto con las redes de afecto que lo sostienen y ese progreso pueda ser acompañado”, añade Fdeil.
Sobre la despenalización muchas veces se cree que es la promoción del consumo y en realidad no tiene que ver con eso: “Despenalizar implicaría la disminución de la pena de un acto que es considerado ilegal. Es decir, que las personas que usan sustancias no sean penalizadas por ese consumo, que no ingresen al sistema penal por ese motivo. Y ahí sí hay una diferenciación con la legalización, que la mayoría de la gente cree que es la despenalización”, retoma Decca y agrega que la legalización, por su parte, es transformar en legal la actividad de venta, circulación, transporte, producción de cualquier tipo de sustancia, como pasa con el consumo de la marihuana en Uruguay.
“Al ser algo que se comercia legalmente, el Estado tiene la potestad de regular esa producción, distribución y consumo. La despenalización es otra cosa, no tiene nada que ver con legalizar”, explica la trabajadora social y puntualiza: “La despenalización del consumo de estupefacientes no supone legitimar su uso, ni desconocer que existan consumos problemáticos o problematizables, sino que busca ponerlos al mismo nivel que el uso de sustancias legales para favorecer el acceso a dispositivos de salud, sin que intervenga el sistema penal. En ese caso, tanto los tratamientos como las políticas de prevención, desde el paradigma de reducción de riesgos y daños, deben ser un derecho”.
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